Es incierto aún el resultado del nuevo mecanismo centralizado del Gobierno Federal para la negociación anual de incrementos salariales y otras prestaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), como se sabe el mayoritario en el país y que por su peso, numérico y político, jala o iguala en condiciones al resto del magisterio.
Como se sabe, esta vez ya no hubo la llamada doble negociación, Como se acostumbró por décadas; por la cual, primero llegaban a acuerdos la Secretaría de educación Pública (SEP) con la dirigencia nacional del sindicato y después los gobiernos estatales otorgaban concesiones adicionales a los líderes de las secciones locales. En apariencia se eliminó la segunda instancia, pero es sabido que, junto a la mesa principal de negociaciones generales, se instalaron otras que precisamente se iban a ocupar de las demandas estatales, aunque sin las participaciones directa de los representantes de las entidades.
La ceremonia de celebración del acuerdo central se escenificó con la presencia de Emilio Chuayffet, titular de la SEP, y Juan Díaz por la SNTE; los gobernadores estuvieron ahí, incluido Javier Duarte, pero firmaron sólo en calidad de adherentes. Aunque no se informó directamente, se sabe que lo principal que se pactó fue un aumento al salario de 3.5% (menor que el año previo y más bajo que otros precedentes), así como 1.9% en prestaciones y 0.75% para fortalecimiento al salario. Y al parecer que habría un bono único por 2 mil pesos a los educación básica y de 50 pesos al mes a los de media superior y homologados, ¿quién sabe?
Nada se dijo de la negociación de las prestaciones que concedían los estados a las secciones sindicales. En versiones se comenta que” se respetarían las conquistas sindicales”, aunque otra surgirían que abrían moderación en lo que se acordaba Como excedentes en las entidades federativas. Ante la falta de información también se rumoró que había quedado pendiente (¿para cuándo?, si el día del maestro en mañana) la asignación y distribución de un Fondo Único con el que se atenderán las peticiones de las secciones sindicales en rubros como Seguridad Social, vivienda, premios y estímulos, vacaciones Y aguinaldo o bolsa de apoyo a la operación de la sección del SNTE en los estados.
Ayer, los firmantes del convenio y adherentes estaban muy ufanos, para la foto; ahora que se conozca cómo les irá las secciones sindicales Y como reaccionarán ante el comparativo, se verá si perdura la armonía, más bien los gobiernos de los estados fueron excluidos de la mesa. Celebra la Federación el centralismo, pero el paquete de mantener el apoyo de los maestros es de los gobernadores. Aumento al retiro del pago de nómina y su liquidación desde la tesorería de la Federación, debilita controles políticos locales de consecuencias considerables.
LA DURA LEX DEL IVAI Y LA PROCURADURÍA
Controvertida resultó la detención del ex director de la Unidad de Acceso a la Información y del ex contralor del pequeño municipio de Teocelo. La causa, una denuncia penal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información ante la Procuraduría por no haber entregado, como se le ordenó, una información pública solicitada por un particular y constituye el presunto delito de incumplimiento del deber legal.
Establecida la causa probable y la presunta responsabilidad, estrictamente no se puede reprobar a la autoridad que aplica sanciones por violaciones a la ley; pero sí se le debe exigir que no lo hagan de modo selectivo –a unos sí y a otros no.
Obviamente Teocelo no es caso único de funcionarios locales que incumplen con las obligaciones derivadas de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información. Se sabe, por ejemplo, del municipio de Boca del Río, en el previo periodo gobernado por el panista hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, se negó sistemáticamente a entregar información que debía hacer pública y permaneció impune. Se arrugaron.
Por otro lado, el mismo IVAI, en octubre del año pasado, presidido entonces por el hoy procurador Luis Ángel Bravo acudió el Congreso local a entregar un informe en el que admitía un incumplimiento generalizado de obligaciones de transparencia de los ayuntamientos del estado. Con excepción de tres de ellos, calificados por el mayor puntaje de cumplimiento, el resto colocaba información pública inexacta o insuficiente, los menos, mientras que el grueso o ponía información que no correspondía, no disponible, y el 64%, 136 ayuntamientos, ni siquiera contaban con mesa de información pública, con los actuales ediles no ha mejorado gran cosa, a fines de marzo el IVAI –de la era Bueno Bello- registraba que vencido el plazo de ley 38 ayuntamientos no habían informado sobre la integración de sus unidades de acceso a la información. Por otro lado, las calificaciones otorgadas al Poder Ejecutivo y a los demás poderes, aunque la mayoría de ellos tienen páginas de transparencia, la alta calificación de cumplimiento otorgada poe el IVAI está lejos de ser confiable.
No se le resta importancia al derecho ciudadano de acceso a la información, consagrado en las constituciones como derecho fundamental, ni a la correlativa obligación del servidor público de proporcionar la información solicitada, ue es un bien público que no le pertenece patrimonialmente.
No se trata del derecho a la información, sino de que la sanción sea general –a todos los infractores de la ley- y se evite que la auditoria –IVAI- procuraduría- condiciones su actuación a criterio extra legales, como debilidad económica o política de las personas, ausencia de protección y buscar un caso fácil para el lucimiento en la ejemplaridad del implacable castigo.
Sólo con las aplicación general de la ley, sin condicionamientos, preferencia y oportunismo, garantizado el derecho ciudadano de acceso a la información, el IVAI podrá construir su respeto institucional. No con acciones efectivas que no convencen. Pobre maquiavelismo que quiere ser más temido que amado, como el chico temido del barrio.
Una golondrina de Teocelo no hace el verano de la trasparencia.
