#AsuntosPúblicos: RENDICIÓN DE CUENTAS, SIN DIENTES

Vuelve a ser exhibida la falta de efectividad del sistema institucional de rendición de cuentas públicas para el combate de la corrupción en la esfera gubernamental. La debilidad en la actuación -de órganos federales y estatales de fiscalización-, útil en cierto modo para alertar sobre presuntas irregularidades y desvíos en que incurren los servidores públicos, pero incapaz de aplicar sanciones, que se diluyen en el camino, así como las prácticas de encubrimiento y simulación en las contralorías –federales y estatales- se coloca otra vez en la desconfianza ciudadana y la exigencia de rediseñar el sistema y sus procedimientos para garantizar el uso eficiente Y honesto de los recursos públicos.

El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados sobre el estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas –Corte al 31 de marzo de 2014- es un claro ejemplo del encubrimiento y la impunidad. Como acaba de ser mostrado por un diario nacional (Reforma) “Solapan estados a corruptos”, tema replicado por los diputados federales. Una de las mayores incongruencias del sistema, causa de impunidad tanto en los entes federales como en estados y municipios, es la ausencia de facultades de sanción y seguimiento para la Auditoría Superior y su dependencia de los órganos internos de control –contralorías-,donde las complicidades terminan por exonerar a los funcionarios públicos encontrados presuntos responsables (por excepción son sancionados). La estadística indica que de 10 casos turnados por la ASF a los órganos internos de control para que éstos procedan A promover responsabilidades administrativas sancionadoras, sólo uno de ellos es sancionado.

EL CASO DE VERACRUZ

En el informe de la ASF del Gobierno del Estado que corresponde a varios periodos, unos pocos de 2006, vario del 2008 a 2010 y los que están en curso por 2012, se destacan sólo dos denuncias de hechos ilícitos, múltiples promociones de sanción administrativa bateadas por la Contraloría del Estado y un pequeño grupo por un monto económico significativo, de solicitudes de aclaración de la cuenta de 2012 pendientes de desahogar.

La debilidad sancionadora de la ASF y el encubrimiento de la Contraloría General del Estado se ilustra bien con el caso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos . Muchas de las irregularidades por las que ahora el Gobierno del Estado ha denunciado la comisión de ilícitos de servidores públicos y la empresa concesionaria –incumplimiento de plazos, pagos no justificados, etc., similares a los detectados por el ORFIS en 2012-, fueron señalados por la ASF desde la auditoría a la cuenta de 2009. Entonces se recuerda se señaló un presunto daño patrimonial por cerca de 400 millones de pesos y además se pidió a la Contraloría del Estado procediera aplicar el procedimiento de responsabilidad administrativa sancionadora. Entre las observaciones turnadas a la contraloría del estado para sancionar estaba la adjudicación directa sin justificación legal de tres contratos por un monto de 87.4 millones de pesos, falta de gestión de permisos, ausencia de verificar calidad de materiales del túnel, la cuestión de la prórroga concedida, así como la autorización de pago por estimaciones de obra sin soporte documental Y de suministros que no se hallaron en la obra. El paquete enviado por la ASF a la Contraloría estatal no prosperó y lo desecharon. Contra lo que pudiera pensarse de que el entonces gobernador Fidel Herrera, al que le hicieron las observaciones, habría promovido su exoneración, por medio de su Contraloría, a cargo de Clara Luz Prieto, no fue así. El procedimiento disciplinario número 026/2011 se inició en el actual gobierno y le toca resolverlo a Iván López Fernández Como contralor del estado de funciones con fecha 23 de noviembre de 2012. Las siete promociones en el mismo golpe, con la misma leyenda:” decrétese el sobreseimiento del procedimiento disciplinario administrativo. ..al no haberse acreditado probable responsabilidad administrativa en el resultado”. Por cierto, hasta un año después, la contraloría del estado –ya a cargo de Mauricio Audirac-, informó a la ASF del desechamiento de responsabilidades. ¿Llamarán a Iván López por esa burda y descarada exoneración, y al mismo Audirac que en el Orfis nunca vio el daño patrimonial que hoy se presume se ha cometido con la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos?

LAS DENUNCIAS

No obstante la recurrencia en las observaciones gruesas como por ejemplo, de los fondos de educación, la ASF únicamente ha presentado directamente dos denuncias al Ministerio Público Federal por presuntos hechos ilícitos, ambas del gobierno de Fidel Herrera. La primera y más antigua por fondos del sistema de salud de 2006, debido a los pagos en exceso por casi 8 millones de pesos a empresas de lavado de ropa en hospitales, denuncia presentada en noviembre de 2007, Y la segunda, de 2010, aquella celebre obra de construcción del puente Palo Amarillo Amayales sobre el río Atoyac en el municipio de carrillo Puerto, por un monto fraudulento de más de 15 millones de pesos. Se comprobó que el puente se había construido en 2009, sin embargo, con posterioridad, en 2010, se adjudicó el contrato, simulando su construcción y pagándose con fondos federales, y lo peor, en septiembre de ese año el puente colapsó por el desbordamiento del río Atoyac; el gobierno del Estado reintegró los 15 millones 548 mil pesos más un millón y fracción por concepto de intereses. En junio de 2012 la ASF presentó la denuncia ante el ministerio público Federal. El estado actual de ambas denuncias se reporta” En integración”, además, por el puente, se turno a la Contraloría del Estado para procedimiento de sanción y está pendiente de resolverte informar a la ASF. ¿Sobreseimiento también?

Los pendientes de aclarar por la cuenta de 2012 los dejamos para otra ocasión.