#AsuntosPúblicos: HACIENDO NEGOCIOS EN VERACRUZ

No se trata esta vez del tema de los negocios amarrados por influencias o moches en el sector público ni los de cuello blanco u otros con facilidades ajenas al entorno y las condiciones de las transacciones de comercio legales. Se trata del más reciente informe de un grupo de Banco Mundial (WB) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), publicado hace unos días, acerca de las regulaciones legales y administrativas en México desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas un reporte conocido como ”Doing Business Subnational”.

Este estudio, que viene realizándose en México desde hace algunos años, proporcionan indicadores comparativos entre estados de la República, en los que pueden observarse los esfuerzos de los gobiernos estatales y municipales para facilitar la apertura y el desarrollo de empresas. Son mediciones externas e independientes centradas en 4 áreas de regulación –apertura de empresas, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos-, que están basadas en cuentas propias de las entidades mencionadas y por ello tienen la ventaja de proporcionar una mirada alterna a la propaganda generada por los servidores públicos de las áreas de promoción económica.

Tras la publicación de los últimos resultados hubo hasta un gobernador –Eruviel Ávila Villegas, del Estado de México –que se aventó escribir un artículo publicado en un diario nacional para destacar que su entidad, aunque quedó en el noveno lugar del ranking avanzó 10 lugares comparando con el previo estudio realizado en 2012. En cambio, en Veracruz no se le mencionó en las esferas gubernamentales. Quizá porque la entidad retrocedió un sitio, cayó del 12 al 13, que con todo no es un mal lugar en el conjunto nacional, aunque si un indicador de que deben de aplicarse en algunos aspectos de la regulación.

El desglose de la medición de Veracruz lo ubica regular en dos de los renglones, en apertura de negocios (lugar 17) y permisos de construcción (lugar 14), muy bien en registro de la propiedad (lugar 3) y malo en cumplimiento de contratos, donde se coloca en el lugar número 25 de la tabla. Para la apertura de negocios se computan en Veracruz 7 trámites con un promedio de 10.5 días y un costo de 8.2 del ingreso per capital; para la obtención de un permiso de construcción 9 trámites, un período de 61 días y un costo de 105% del ingreso per capital. El mejor puntaje se alcanza en el registro de una propiedad, con seis trámites en 17 días, aún costo del 1.8% del valor de la propiedad. El peor es el medio judicial. En la facilidad para el cumplimiento de contratos mercantiles, no obstante reconocerse que se han implementado los juicios orales en esa materia, cae al lugar 25 de la tabla, con un total de 38 procedimientos que se desarrollan en un periodo de 435 días y que tiene un costo del 24.5% del valor de la demanda para resolver una disputa mercantil.

No le hicieron fiesta al estudio en Veracruz, con todo y que aquí se presume de las simplificaciones de trámites, de las facilidades a inversionistas y que se da timbrazo para anunciar el número en que van de nuevas empresas constituidas. Sirven los datos del Banco Mundial -que además se divulgan a escala internacional-, para llamar la atención sobre los puntos que obstaculizan hacer negocios, en especial el espacio judicial, que no mejora.

“EL ASESINATO INVOLUNTARIO”

No se le pediría precisión en los tecnicismos del lenguaje legal al responsable de la Seguridad Pública en Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, pero mal se ve al referirse al homicidio de la mujer policía, la comadre Metállica, a manos de uno de sus compañeros de labores, como asesinato, palabra que lleva la denotación de la intencionalidad, y adjetivarlo de ”involuntario”, lo cual es un contrasentido. Más delicado es que pretende justificar ese homicidio en sus filas, entre policías acreditados, que deben saber, como preparación elemental, manejar un arma, descartando anticipadamente cualquier otro móvil –incluido que no fue pasional, debido a que los involucrados, víctima y homicidas tenían sus respectivas parejas matrimoniales-, puesto que esa no es función del secretario de Seguridad Pública, sino del Ministerio Público, que debe hacer la averiguación correspondiente.

EL DELEGADO MOSCA

Si cada uno de los delegados federales en Veracruz tiene establecida sus atribuciones en su ley de la materia y su coordinación al interior de la jerarquía organizacional a la que pertenece, fuera de lugar queda se pretendas erigir aquí al delegado de la Secretaría de Gobernación, Alberto Amador Leal, en su jefe o coordinador.

Es frecuente que pretende ser el vocero federal y hablar de todo, del secuestro y la seguridad, las autodefensas, el desarrollo del campo, los migrantes, las elecciones, la reforma educativa, los problemas de salud, el combate a la pobreza. O de lo que sea. Y hacerse el aparecido en las exposiciones de los delegados que tienen tareas sustantivas, como la mosca que se trepa al buey y declara ”vamos arando”.

De lo que no habla es de sus garrafales errores personales de inteligencia. Como se conoció hace unos meses, Amador leal y su esposa arrendaban la casa de su propiedad, una mansión en fraccionamiento exclusivo en Puebla, a un buscado secuestrador, Daniel Fernández Domínguez, conocido como El Pelacas, implicado en el secuestro del político y abogado panista Diego Fernández de Ceballos. El delegado de la Segob se enteró quién era su arrendatario hasta el día en que la Marina detuvo a éste en un operativo en la residencia que le alquilaba Amador en el Vista Country Club, en la ciudad de Puebla. Aparte de ser lleva y trae de Osorio Chong, no confiable por lo que se ve, y darse su paquete de coordinador, ¿servirá de algo?