#AsuntosPúblicos: PAUSAN LA HOMOLOGACIÓN ELECTORAL

Hay todavía señales encontradas sobre los ritmos y contenidos que tomará la adaptación de la reforma federal en materia electoral en el estado de Veracruz. La semana pasada el tema se metió con fuerza a la agenda pública creando un artificial clima de urgencia para su aprobación.

Como se sabe, el gobernador Javier Duarte de Ochoa envío al Congreso local una iniciativa de nuevo Código Electoral y en paralelo el grupo legislativo del PAN presentó una propuesta de reforma a la Constitución Política; aunque distintas en el nivel de reforma planteado y sin coincidir en todos los aspectos regulados, ambas comparten la declaración de estar bajo tiempo límite –el 30 de junio próximo– para efectuar la modificación a las leyes locales.

Las dos iniciativas contienen interpretaciones erróneas de la reforma federal, en principio, el supuesto plazo de inminente vencimiento, que parece ya se ha ido despejando. La del gobernador en su exposición de motivos sostiene: “Las nuevas leyes publicadas el 23 de mayo pasado han dado un plazo a las entidades federativas hasta el 30 de junio para adaptar el marco jurídico local a las reglas que rigen en toda la nación. Esta iniciativa tiene el objeto de cumplir de manera oportuna con ese deber…”, mientras que la iniciativa de reforma del PAN dispone esa fecha en el artículo séptimo transitorio para que el Congreso local expida la legislación secundaria de partidos políticos, instituciones y procedimientos electorales y medios de impugnación.
La falta de cuidado en la lectura de los artículos transitorios de las leyes federales o la decisión de fabricar un escenario de apresuramiento estaban guiando a un proceso legislativo de aprobación, programado para el próximo jueves.

Cambio de juego desde Cancún

Algo ha provocado la reconsideración del apremio y de una posible pausa a la discusión. Como no se cree en la auto corrección de los errores, es más plausible pensar en que tuvo que ver con la revista a que pasaron con Gobernación.

En la conferencia permanente de los congresos locales (Copecol), celebrada en Cancún este fin de semana, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, precisó ante los legisladores locales lo que sabría cualquiera que hubiera leído y comprendido los textos legales de la reforma; que el plazo del 30 de junio próximo para armonizar su legislación estatal sólo es aplicable a los 17 estados que tendrán elecciones locales en 2015.

A partir de ahí, inesperadamente tuvo un giro la posición del diputado del PRI, líder de esa bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas, quien ya había dejado instruido que la reforma electoral se pasaría el próximo jueves en sesión ordinaria del Congreso. Y como si no refutara la exposición de motivos de la iniciativa del gobernador, Callejas declaró desde allá que “en el caso de Veracruz, no se tiene ninguna presión de tiempo”. Se abrazó del argumento que les tuvo ir a descubrir el secretario de Gobernación, no hay prisa aquí “debido a que no hay elecciones en puerta como sucede en otras 17 entidades del país que celebrarán jornadas electorales en el año de 2015”. Callejas, un diputado de disciplina oficial que no se maneja por la libre, apuntó a una nueva línea: “ya se trabaja en la homologación, ya la estamos haciendo pero no tenemos prisa, no nos debe quitar el sueño, tenemos hasta mayo del próximo año”.

¿Concertados o coincidencias?

Como el tema equívoco de la fecha perentoria para aprobar la reforma electoral en el estado, igualmente en la semana que pasó se colocó artificialmente en la discusión la posibilidad de que en 2016 se pudiera elegir gobernador por un periodo de dos años.

En un extraño movimiento se identifican dos corrientes aparentemente distintas en la promoción. De manera extraoficial, desde la esfera de miembros cercanos al grupo priista gobernante, a través de comentarios en corto y mediante voceros, y de modo formal y legal, por medio del grupo legislativo del PAN en el Congreso local, cuya iniciativa de reforma constitucional expresamente la contiene. Unos la evalúan supuestamente como “estrategia electoral” y los otros con una errónea interpretación de que el ajuste del periodo deriva obligatoriamente de la reforma federal a fin de hacer concurrente a partir de 2018 la elección de gobernador con la de presidente de la República.

Los dos senadores del PRI, aspirantes naturales a la candidatura de gobernador en 2016, José Francisco Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, por separado, expresaron su desacuerdo con esa propuesta; ambos aclararon que no hay ninguna obligación en empatar esas elecciones, además de los inconvenientes de tener un gobernador “sin fuerza”, que un año reciba la administración y empiece a aprender y al segundo deba preparar su entrega en medio de su elección sucesoria.

Si se ha pausado la discusión de la reforma electoral habrá tiempo para debatir ese descabellado punto. Sin embargo, llama la atención que la reforma del gobernador centrada en el Código Electoral no haya planteado empezar con el nivel constitucional y además haya omitido varios temas derivados de la reforma federal; como es la concurrencia de elecciones locales, al menos una con las federales; tampoco la reelección legislativa (que estaría vigente a partir de 2016), ni la de los ediles de ayuntamiento, que supondría una reducción de periodo a tres años; en cambio, la reforma del PAN se limitó a la constitucional, pero incluyendo la reducción del periodo del gobernador electo en 2016 a dos años. En cierto modo, ambas vistas en conjunto, podrían verse complementarias, pero discutibles y no necesariamente correctas.

Ya le tentaron el agua a los camotes. Ahora a ver qué sigue.