#AsuntosPúblicos: LA HERENCIA DE VALENTÍN RUIZ

La muerte del empresario Valentín Ruiz Ortiz deja en la opacidad los negocios ferreteros en los que participó con el gobierno del estado, cuyas rentas hereda a su sucesores.

Los beneficios contra el interés público y el patrimonio del estado que obtuvieron las empresas de Ruiz en las autopistas Veracruz-Cardel Y el libramiento plan del Río, con la complicidad y actos al margen de la ley de servidores públicos de varias administraciones de gobierno, no habían pasado desapercibidos en una sociedad más informada y con efectiva rendición de cuentas.

El hoy difunto señor Ruiz se asoció en un esquema mixto de inversión con el gobierno del estado, primero en 994 a través de su participación en la asociación de compañías constructoras SA (ACSSA), para construir y explotarla Cardel Veracruz en el gobierno de Patricio Chirinos Calero, y posteriormente en 2003, con el gobierno de Miguel Alemán, en su empresa Malibrán para construir y explotar el libramiento Plan del Río. El gobierno de Fidel Herrera entregó desde 2007, sin aprobación del Congreso del Estado, a la empresa comandada por Valentín Ruiz, ACCSA, los beneficios que correspondían al estado por la autopista Veracruz-Cardel. Al final Ruiz se quedó con todo.

VERACRUZ-CARDEL

Por hoy nos centramos en esta autopista. La concesión para construir y explotar la carretera fue otorgada por el gobierno Federal al gobierno del estado, no a la empresa ACSSA. Hay que recordar que no se trató de una nueva carretera, que ya existía desde hacía varios años, sino de una ampliación para hacerla de cuatro carriles. En 1994 hubo una licitación pública para seleccionar a un inversionista privado, un concurso dirigido, no exento de impugnaciones, que ganó la empresa de Valentín Ruiz con el apoyo del entonces Secretario General de gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, pese a que la constructora de Antonio Exome ofreciera una mejor oferta más económica de costos; también participó y se inconformó con el resultado de la empresa de Adolfo Gutiérrez de Velazco.

En marzo de 1994, ACCSA dio su aportación inicial por 62.2 millones de pesos al fideicomiso constituido para administrar los recursos, al cual se aportarían también los ingresos de la caseta de cobro, que ya había, mismos que fueron cedidos por el gobierno Federal al gobierno del estado.

Las condiciones originales del contrato –un contrato de asociación en participación-, establecieron aportaciones de 59% de ACCSA y del 41% e igual porcentaje de reparto de utilidades por un período de 10 años. Vencido ese plazo contractual, el inversionista había sacado su parte y el gobierno del estado se quedaría en los sucesivo con la operación y la totalidad de las utilidades.

LOS PRIVILEGIOS DE MIGUEL ALEMÁN

En diciembre de 1998 llegó el gobierno de Miguel Alemán y comando el negocio de la autopista Veracruz-Cardel con Valentín Ruiz. Ilegalmente se modificaron las condiciones del contrato original, constituyeron el contrato de asociación de 10 años, que habría vencido en 2004, por otro que prorrogó los derechos de ACCSA hasta el año 2023, es decir, 19 años más. Además, con la colaboración de un socio, Gustavo Nacho, cómo secretaría de comunicaciones del estado, se le adjudicaron a la empresa ACCSA ampliaciones de obra sin concurso por más de 300 millones de pesos, aparte de pagarle los servicios de mantenimiento, los cobros en caseta y en general dejarle la administración de los ingresos.

Asimismo, alteraron los porcentajes de participación para cederle 2 puntos sobre lo originalmente pactado, ACCSA paso de 59% a 61%, y el gobierno del estado bajó al 39% de los derechos de utilidad.

De remate de salida, el gobierno de Alemán tramo y ejecutó la primera bursatilización; está sobre los ingresos futuros de la caseta de peaje. En 2003, al quinto año de gobierno, obtuvieron de la bolsa de valores ingresos por 699. 9 millones de pesos, de los cuales ACSSA es decir, Ruiz, recibió 480.3 millones de pesos, mientras que el Gobierno del Estado recibió 219 millones. Los ingresos de la autopista quedaron parcialmente enajenados a partir de entonces por 10 años; pero los socios de adentro y de afuera, con creces, tomaron sus utilidades por anticipado.

LA ENTREGA DE FIDEL HERRERA

Cuando recibió la distracción Fidel Herrera en diciembre de 2004, la proporción de participaciones en utilidades sobre la operación de la autopista Veracruz-Cardel era del 61% para ACCSA y el 39% para el gobierno del estado.

Sin ninguna transparencia, publicidad, ni aprobación del Congreso local, en la cuenta pública 2007 aparecen perdidas unas cuantas líneas que revelan la entrega del patrimonio del estado. En uno de los anexos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, relativo a los fideicomisos públicos, hay una ficha técnica del Fideicomiso de Administración de Recursos para la Construcción, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento de la autopista Cardel-Veracruz (páginas 219-220). En el renglón de beneficiarios o fideicomisos diarios se anuncia quienes tienen los derechos: “La Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de CV (ACSSA) Por el derecho de obtener al 61% de utilidades del proyecto y el gobierno del Estado por el derecho de obtener el 39% de utilidades del proyecto (y se agrega), porcentajes edito el 23 de octubre de 2007 a ACSSA a cambio de la construcción del libramiento de Cartel y la ampliación a cuatro carriles del tramo San Julián-Tamaca”.

A la vista de los que transitan en ese tramo carretero es evidente que no se concluyó la obra ni y tampoco una evaluación de costo invertido y si esto tiene alguna equivalencia con los ingresos que se dejaron de percibir en el estado. Sin mucha confiabilidad de los anexos de cuenta pública, en el relativo al citado fideicomiso, reportan supuestos avances: para 2008, del 82.5% en el libramiento de cartel y de 79.9% en la ampliación de cuatro carriles de San Julián-Tamaca. En 2010, la proporción se registra 94% y 86%, misma que se repiten 2011 Y en 2012, Es la última con la leyenda “cabe mencionar que actualmente la Secom es la encargada de la conclusión de la obra antes mencionada”.

¿Quién autorizó al entonces gobernador Fidel Herrera a “ceder los derechos” a ACCSA de ese 39% de ingresos que son patrimonio del Gobierno del Estado, y no de su propiedad particular? Nadie legalmente autorizado que se sepa. Si la Constitución Política del Estado tiene aún vigencia, en su artículo 33, fracción XXXI, dispone que es atribución del Congreso del estado “Autorizar al Ejecutivo del Estado a enajenar, a título oneroso o gratuito, o a conceder el uso y disfrute de bienes de propiedad estatal, en los términos que fije la ley”.

Aparte de la ilegalidad, vicio de la operación y la responsabilidad que implicarían sus actos para el ex gobernador, el tramo del intercambio tampoco se ejecutó.

Ahora ante el fallecimiento del empresario, ¿Se abrirá una investigación sobre la ilegal sesión que hizo el gobierno de Fidel Herrera a ACCSA del 39% de los ingresos que quedaban al estado?