Suspenden a juez federal de Villa Aldama por "autos chocolate"

El ex Juez Segundo de Distrito en Mexicali y un secretario de Acuerdos fueron suspendidos por el Consejo de la Judicatura Federal, por presuntas irregularidades al conceder amparos para la importación de automóviles.

Un documento del Consejo de la Judicatura indica que el ex juez Daniel José González Vega y el secretario Ricardo Arreola Villanueva quedan suspendidos sin goce de sueldo.

Apenas hace unos meses, el juez González Vega había sido transferido a un Juzgado Federal en Villa Aldama, Veracruz.

Agrega que se ordenó una inspección extraordinaria al Juzgado Segundo de Distrito, ya que se presume que realizaron actos fuera de la legalidad como otorgar suspensiones provisionales y definitivas a empresas importadoras de autos comúnmente conocidos con “autos chocolate”.

Indica el documento que la suspensión del juez federal y el secretario del Juzgado Segundo, será por el tiempo que requiera el Consejo de la Judicatura para tramitar y resolver la investigación que continúa.

El procedimiento

El Consejo de la Judicatura indica que la decisión de suspender a los servidores públicos se tomó con base en el análisis de las resoluciones emitidas en el juicio de amparo 757/2013-I.

Aparte por hechos constitutivos de probables irregularidades de las que tuvo conocimiento el Consejo de la Judicatura Federal.

La visita de inspección ordenada por el Pleno del CJF tiene como finalidad verificar y recabar información concerniente a probables irregularidades e inconsistencias relacionadas con los siguientes rubros:

“1.- El trámite de juicios de amparos en los que se reclamen actos contra leyes y en materia aduanera.

“2.- Aquellas suspensiones concedidas en las que se reclamen actos contra leyes y en materia aduanera.

“3.- Juicios en los que aparezcan como partes una determinada persona moral dedicada a la importación de vehículos usados y otras personas físicas.

“4.- La remisión dentro del lapso legal de los recursos de revisión y de apelación a Tribunal Colegiado o Tribunal Unitario, según corresponda, relacionados con asuntos de importación de mercancías y casas de apuestas.

“5.- La implementación de controles para llevar una correcta estadística y manejo de expedientes, como parte de la administración del juzgado mencionado”.

Durante la visita extraordinaria por parte del visitador del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona podrá llevar información sobre actos que considere ilegales.

La investigación administrativa ordenada por el Pleno puede extenderse a cualquier otro servidor público si de la misma se desprenden elementos presuncionales adicionales.

Cambia criterio

En la revisión de las actuaciones del amparo indirecto antes señalado, el Consejo de la Judicatura detectó posibles actos ilegales.

Añade que éstos son consistentes en el cambio de criterio del juez González Vargas y de su secretario Arreola Villanueva, al negar la suspensión provisional solicitada por el representante legal de una empresa moral dedicada a la importación de autos usados.

Pero posteriormente concedieron la suspensión definitiva, sin aplicar diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y contraviniendo varios artículos de la misma Ley de Amparo.

“De la misma manera, se tuvo conocimiento de un patrón consistente en señalar como autoridades responsables a diversos jueces de la misma entidad, con exclusión del Juzgado Segundo de Distrito en el estado, por actos consistentes en una orden de aprehensión, de tal suerte que este último fuera el que conociera del amparo indirecto ahora analizado por el órgano de vigilancia”, añade el documento.

Indica que el juez González Vargas no hizo pronunciamiento en la resolución provisional de fecha 9 de diciembre del año pasado.

Ofrecen transparencia

“Este, como otros casos anteriores, es resultado de la eficacia de los mecanismos de vigilancia permanentes con los que cuenta esta institución para la investigación administrativa de hechos que puedan ser contrarios a la Constitución.

“El hacerlos del conocimiento de la opinión pública, obedece al compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, respondiendo a la exigencia legítima de la sociedad de contar con una justicia federal imparcial”.