#AsuntosPúblicos: SE DESINFLAN RESPONSABILIDADES POR TÚNEL SUMERGIDO

Las expectativas de rendición efectiva de cuentas por las numerosas irregularidades cometidas por servidores públicos del Gobierno del Estado Y concesionarios privados (Cotuco) en la administración de los recursos destinados a la construcción del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, van bajando de nivel.

Ante la parálisis de la obra y su prolongada demora –a 10 años de haberse iniciado-, este año se ventilaron públicamente diversas situaciones de presumible corrupción que encarecieron al triple de su costo original, modificaron sin fundamento legal las condiciones de la concesión, concedieron prórrogas, aumentaron las aportaciones estatales y consintieron pagos en exceso en perjuicio del patrimonio del estado.

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) detectó un presupuesto daño patrimonial por el ejercicio de 2012 al fideicomiso de administración de los recursos del Túnel, cuantificado en 225.7 millones de pesos, por supuesta elevación de precios y volúmenes de obra no realizado, así como sanciones no aplicadas, y el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza, hasta compareció en el mes de mayo pasado al Congreso local a exponer el paquete de irregularidades encontradas a servidores públicos de alto nivel y de la concesionaría Cotuco, destacando entre ellas las dos modificaciones hechas al título de la concesión, sin autorización del Congreso, dijo, en términos desventajosos en plazo y aportaciones para el Gobierno del Estado. Entonces reveló también Buganza que en el mes de diciembre pasado había presentado una denuncia de hechos presuntamente fraudulentos ante la Procuraduría de justicia del Estado.

En ambos planos, el administrativo y el penal, se envían señales de que se trató de una llamarada de petate, propaganda efímera de transparencia y rendición de cuentas y no se duda, mensajes a grupos y actores para amagar o negociar.

ORFIS, POR LA MORRALLA

El cambio de mira y reducción de tamaño en las presas de caza, en el aspecto administrativo de gestión de recursos, se ilustra con la resolución de determinación de responsabilidades emitidas por el Orfis sobre el presunto daño patrimonial de 2012. No será conveniente que haya exonerado sin más al secretario de Comunicaciones en ese periodo, Raúl Zarrabal Ferat, al igual que al Director General de Inversión Pública, Luis Rafael Anaya de la Fuente, presidente y secretario respectivamente del Fideicomiso de Administración del Túnel y quienes autorizaban los pagos a la concesionaria y su constructora; igualmente no se responsabiliza a la empresa contratada por el Fideicomiso para la supervisión técnica y aprobación de estimaciones de pago, la gerencia especializada de proyecto, el Grupo Básico Mexicano, SA de CV, que por cierto cobró más de 50 millones de pesos por sus servicios.

En cambio, le echan la viga a un empleado menor contratado por la Secretaría de Comunicaciones por obra y tiempo determinado como “residente de obra” con un sueldo neto mensual de 34 mil pesos.
Resulta de interés la defensa del empleado de comunicaciones, pues en su recurso de reconsideración al Orfis exhibe documentos con los que pretende acreditar, no sólo que no manejo recursos –paga el fideicomiso-, ni le correspondía verificar los volúmenes y el avance de obra –era función de la gerencia de proyectos -, sino que además remite a las dos modificaciones al título de la concesión en la que se aprobaron los precios alzados y el perdón de las sanciones. Lo más relevante de estos documentos es que fueron firmados por el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, hecho ocultado por Buganza en su comparecencia, dónde refería que habían sido firmados por los secretarios de comunicaciones Marcos Theurel y Guillermo Herrera. Buganza sólo dijo parte de la verdad, es cierto que estos firmaron las modificaciones, pero como una especie de refrendo, pues antes está la firma del entonces gobernador del estado.

LA PROCURADURÍA, OMISA

A más de seis meses de que el secretario de Infraestructura y Obras Públicas presentó la denuncia de hechos presuntamente fraudulentos en la construcción del
Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, la Procuraduría General de justicia del Estado no ha podido integrar la averiguación; no se ha dado, que se sepa –y ya se habría sabido-,el ejercicio de la acción penal, la consignación ante el juez ni la solicitud de alguna orden de aprehensión. El ex gobernador Fidel Herrera se pasea impunemente por el estado, lo mismo que su secretario de comunicaciones, Marcos Theurel, e incluso Guillermo Herrera, aún funge como subsecretario de Turismo en el gobierno actual.

Tampoco se ha reanudado la construcción de la obra y a los españoles mayoritarios de la concesión, Cotuco, no se les ve ni el polvo.

Pero no se ha olvidado la información que divulgó Buganza sobre el cambio indebido del esquema financiero de aportaciones autorizado directamente por el ex gobernador Herrera, en el que perdió el estado y salió beneficiada la empresa concesionaria.

En la concesión original de 2004, el Gobierno del Estado contribuía con 410 millones de pesos y ha terminado aportando 2 mil 326 millones. Las aportaciones de los ingresos del puente de peaje Coatzacoalcos I subieron de 338 a 900 millones, es decir, los recursos públicos pactados se elevaron de 1, 081 millones de pesos a 3 mil 594 millones. También modificaron los créditos al proyecto con garantía de fondos públicos, de 525 millones a 929 que finalmente se contrataron y ejerció la concesionaria. En cambio, la aportación privada que iba a hacer de 460 millones de pesos se redujo a 389 millones.

Los recursos públicos iban hacer de 52.3% y han subido a 73%, mientras que los recursos privados de 22.3%, sólo han aportado 7.9%. En ese lapso el monto de inversión se elevó de 2 mil 066 millones a 4 mil 913 millones de pesos. Con el 7.9% de la inversión la concesionaria tiene derecho a cobrar los ingresos del peaje por 30 años.

Estas modificaciones, sostuvo Buganza, fueron violatorias de los términos de la autorización que la legislatura otorgó al Gobierno del Estado para concesionar la obra.

La obra, en sus términos originales, se debía concluir en septiembre de 2007 y todavía no tiene para cuándo acabarse. Puro humo.