Asuntos Públicos: PROMULGADAS

Ahora que sido promulgada y se publicará, cerrando el proceso legislativo constitucional y secundario, llegando el período de prueba en los hechos para la Reforma Energética, pieza estelar en el programa económico reformista de Enrique Peña Nieto, en el que el gobierno del PRI consiguió sumar, no sin costos de intercambio, A las fuerzas políticas del país con el PAN de la mano y la participación del opositor PRD en los debates legislativos, y, extrañamente, el movimiento de Morena (López obrador) omiso en realizar las amagadas marchas de protestas.

La Presidencia de la República y sus aliado celebraron ayer el triunfo de haber logrado cambios constitucionales y en las reglamentarias en temas que fueron tabú en el pasado remoto y reciente, en los que las restricciones a la inversión privada en actividades de explotación y extracción de hidrocarburos y sus monopolios de estados, al igual que la energía eléctrica, se consideraban cuestiones de seguridad nacional y soberanía de estado.

La nueva correlación de fuerzas que siguió al retorno del PRI a la Presidencia de la República y a la visión pro empresarial -privatizadora de la élite gobernante –compartida por la cúpula del PRI y el pan-hicieron posible la transformación del marco jurídico del sector energético. Hay 9 nuevas leyes, entre estas la de Pemex y de la CFE, de Ingresos por Hidrocarburos y del Fondo del Petróleo y modificaciones a 12 vigentes, como la de Inversión Extranjera, de Derechos y de Coordinación Fiscal.

NUEVAS REGLAS

Cayeron las barreras de la inversión privada –aunque persiste la definición formal de que los hidrocarburos son propiedad de la Nación y no se otorgan concesiones-, se encontraron las fórmulas de asociación con el capital privado extranjero y nacional, toda una gama de contratos de utilidad y producción compartida que abren las puertas a la inversión privada. Se acaban los monopolios de Pemex y CFE, en sus respectivos mercados, y se les otorga una nueva categoría como empresas productivas “de estado”. Hay también un nuevo régimen fiscal para Pemex, una reducción en sus contribuciones fiscales pasará en cinco años de una taza de 71.5% al 65%, lo que implica, según cálculos del secretario de hacienda, una disminución de la carga fiscal de 90 mil millones de pesos anuales. Es incierto como se compensará esa baja y su impacto en las finanzas públicas del Gobierno Federal, estados y municipios, sabida su dependencia de los ingresos petroleros. Además, para aligerar la carga de las nuevas empresas de ”estado”, el Gobierno Federal –es decir, los contribuyentes- asumirá el pago de los positivos laborales, las pensiones y jubilaciones de Pemex y CFE, debiendo en su nueva etapa establecer el sistema pensionario de cuentas individuales de ahorro para el retiro.

Ayer, la promulgación de la leyes secundarias, Peña Nieto anunció un grupo de acciones , este miércoles se informará de las asignaciones de explotación y producción que conservará Pemex (Ronda 0), como la primera ronda de licitaciones de contratos para explotación y extracción de hidrocarburos.

En la nueva política de privatización del sector energético la apuesta es elevada. Esta reforma se considera la palanca del despegue económico del país. La receta para atraer inversión, producir mayor energía –derivada del petróleo y electricidad-, convertir las empresas del estado en competitivas y exitosas, generar más empleos y mejor remunerados, reducir precio de luz y gas. Y además quitar la gripa.

ENSEÑAN LOS DIENTES

Hay otro round en puerta del bloque próspero de diputados locales –PRI, PVEM, PANAL y AVE- contra el ala canina del PAN, Miguel Angel Yunes Linares, su hijo el alcalde de Boca del Río, Miguel Angel Yunes Márquez, y el alcalde de Tantoyuca, Joaquín Guzmán.

Ayer, un grupo de más de 20 diputados locales con Tonatiuh Pola como vocero y Juan Nicolás Callejas, el coordinador de la bancada del PRI como aval, anunciaron que presentarán una denuncia penal de hechos en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los panistas por presunto desvío de recursos públicos en los ayuntamientos de Boca del Río y Tantoyuca con fines electorales. El tema se deriva de los audios recién difundidos de la aparente colecta de fondos orquestada por Yunes Linares a favor de la campaña de Gustavo Madero a la presidencia nacional del PAN.

No se eleve contundencia a la imputación para sostenerse en un proceso judicial. Si bien se puede interpretar el sentido de las acciones a partir del contexto y el habla “en clave”, “documentos por siete y medio” o “cinco y pico”, como evidencia procesal son débiles, además de que la grabación es ilegal y, por lo tanto, constitucionalmente tiene valor nulo la prueba obtenida por ese medio.

Ni compararla con el efecto de audio de la mina de oro, que detonó la presión Federal al Gobierno del Estado en medio del proceso electoral del año pasado. La denuncia penal de hechos no prosperó en la Procuraduría, en cambio, la reacción política fue inmediata, pero no hay que perder de vista que el PAN, quejoso de aquella acción de los priistas, estaban en el pacto con el presidente y, por ello, con medios para ejercer presión.

Otro panorama podría ser el de la intervención de las tesorerías de los ayuntamientos en cuestión, pero antes tendrían que fundar las irregularidades previamente con auditorías, bien sea del Orfis o de la Secretaría de Fiscalización del Congreso. Por supuesto que estos ayuntamientos podrían defenderse legalmente, pues como todos los municipios tienen una protección constitucional para la administración autónoma de su patrimonio.

Mientras tanto, los diputados no muerden, sólo enseñen los dientes.