#AsuntosPúblicos: COMUNICACIONES PRIVADAS EN RASTREO Y REGISTRO

Menos agresiva que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, matizada por el Congreso de La Unión tras protestar y marchar, al final prevaleció la injerencia y control sobre las comunicaciones privadas en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que ayer inició su vigencia.

Aunque se corrigió el bloqueo unilateral de concesionarios a los accesos de los particulares a las redes de telecomunicaciones, respetándose en ese punto la privacidad y la libertad de acceso, por otro lado, apelando a la criterios de seguridad pública, se dejó suelta la facultad de las autoridades para requerir a concesionarios y proveedores de servicios permitir localizar geográficamente en tiempo real los equipos de comunicación móvil –teléfonos y otros dispositivos-, así como los datos de identificación de los suscriptores, y guardar todas las comunicaciones, vos, mensajería o multimedia hasta por dos años, para lo que pudiera ofrecerse.

Cabe decir, quedo de menor alcance que el planteado en la iniciativa, que no sólo iba a la geolocalización, sino también a la intervención de las comunicaciones privadas sin que me diera la autorización de un juez federal.

Queda atrás por el momento el debate del choque de derechos entre la privacidad Y la protección de datos personales con las facultades de investigación de delitos y la seguridad pública a favor temporal de estos últimos.

Ayer se venció el plazo para que pudiera hacer impugnada la inconstitucionalidad de esa parte de la ley de Telecomunicaciones y no hubo consensos para hacerlo. No se alcanzó el número de votos necesarios en alguna de las cámaras legislativas y el Instituto Federal de Acceso a la Información IFAI, en votación dividida, 4 a 3, desechó promover la acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con todo, persisten impresiones en los artículos 189 y 190 de la citada ley, ya que la facultad de gestionar los requerimientos de geo localización se concede a las “instancias de seguridad y procuración de justicia”, cuyos titulares designarán a los servidores públicos autorizados a pedir y recibir la información, “mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación”. Habrá que esperar a los reglamentos y a la publicación de los acuerdos para saber quiénes serán los espías habilitados. Supuestamente el alcance administrativo es únicamente para localización en tiempo real, rastreo e identificación personal, permaneciendo el contenido y la intervención condicionados a la autorización de la autoridad judicial federal. La parte final del capítulo de colaboración con la justicia se cuida de reconocer el principio constitucional de que “las comunicaciones privadas son inviolables”, pero no los flujos de comunicación ni la identidad de los emisores. Curioso malabarismo, que mete un ojo del big brother en las comunicaciones privadas bajo el argumento de la seguridad pública y la investigación de delitos.

QUE NO ESTEMOS EN EL SHOW BUSINESS

Declaró el secretario de Turismo, Harry Grapa, que el gobierno del estado no le puso dinero al espectáculo viva Veracruz The Show, que iniciaría sus presentaciones este lunes en el PH showroom de Planet Hollywood Resort & Casino en Las Vegas Nevada, USA. Sólo dieron, asegura, “facilidades” y permiso de usar el nombre, así que era promoción de a grapas, Harry.

Y es que la narrativa de la página web oficial del show producido por Luis del Llano-Stevens y su empresa Showex expresaba que el espectáculo fue un encargo del gobierno de Veracruz.

Salvo prueba encontrarlo, por ahora, habrá que tomar la declaración de Harry Grapa como versión oficial. Por cierto que el arranque de la temporada del show se aplazó, hasta nuevo aviso. Respiro aliviada Britney Spears, quien tiene su show en el mismo Hotel en Las Vegas. Por la competencia en la taquilla.

JUSTICA A SECAS; Y GRACIAS A POLÍN

El impacto de aquella noche trágica de copas arrastró a los funcionarios de Tránsito Municipal, de Boca del Río, el perito Eduardo Yáñez y la doctora Teresita Álvarez Reyes. Ambos fueron aprehendidos –y liberados bajo fianza para enfrentar su proceso-, acusados de haber falseado los reportes de tránsito y médicos para en cubrir que la política del PAN, funcionaria del municipio de Boca del Río y columnista de Notiver, María Josefina Gamboa –en prisión por homicidio culposo agravado- iba en estado de ebriedad, cuando en su vehículo atropelló y dio muerte a José Luis Burela, una madrugada de julio pasado.

La congruencia de la Procuraduría del General de Justicia del Estado con la imputación María Josefina, a quien el jueves le dictó formal prisión y a los funcionarios de tránsito municipal, sujetos a proceso, se rompe con la omisión de esclarecer el papel negligente del Ministerio Público de Boca del Río en los mismos hechos delictivos, así como el subprocurador en la zona de Veracruz, Leopoldo Muñiz Descalzo.

La parte oficial rendido por el policía de Marina, Juan Miguel Mosqueda, la primera autoridad en llegar a la escena del crimen, dejo constancia no sólo del “aparente estado de ebriedad” de la conductora, sino también de la cronología de presentación de diversas autoridades, municipales y del Gobierno del Estado. En particular registra la presencia de la agente del Ministerio Público Blanca Hernández Virgen María y el policía ministerial Víctor Carranza, y el inicio de la averiguación previa 989/14. Es claro que por tratarse de un homicidio flagrante, por procedimiento, debieron trasladar a la presunta responsable al Ministerio Público en calidad detenida, no tenían por qué consentir que fuera llevada a las oficinas de Tránsito Municipal, donde permaneció más de 5 horas, y permitieron la emisión de los dictámenes médicos ahora tachados de falsos. Conocida la no muy lejana relación sentimental del subprocurador Muñiz Descalzo con la Lady Cafre, no se descarta que inicialmente hubiera tratado de concederle facilidades de una salita bajo fianza, la que al final fue negada, cuando la información del lío subió de nivel jerárquico. Esta línea de complicidad y encubrimiento o de ineptitud del Polín sigue suelta. Alguna ventaja habría de tener ser cuate del Procurador Luis Ángel Bravo.