#Asuntospúblicos: AUDIRAT Y SU CAMADA

Como verdolaga se extiende Mauricio Audirac Murillo en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

El quinto secretario del ramo en el gobierno de Javier Duarte no se toma en serio eso de la austeridad, la escasez y la administración racional del gasto. Para él y su camarilla de recién llegados al abordaje pirata del tesoro veracruzano no faltan recursos y menos puestos de trabajo. Los observadores del reciclaje burocrático en la dependencia cuentan alrededor de 70 nuevos bucaneros, cuando menos.

Pese a que se han mantenido aún los subsecretarios y el Tesorero –su remoción depende del acuerdo del gobernador– y sólo barrió completa la Procuraduría Fiscal, Audirat no ha encontrado ningún freno para acomodar a la abultada plantilla que lo acompaña. Ha llenado ya la Sefiplan de asesores y operadores, y desplazado a numerosos mandos intermedios en toda la estructura. Los signos del poder de nuevo grupo se muestran también en el parcelamiento, apeo y deslinde del estacionamiento oficial. Más de 50 nuevos cajones se han adjudicado a los Audirats, claro, dentro de los primeros círculos próximos al edificio central.

Quién sabe de dónde los ha sacado; si actualizó su bolsa de trabajo o rescató a sus cuadros de topillos con los que extorsionaba a los ayuntamientos cuando maquilló cuentas en el Orfis, ya que en su anterior estación –la Contraloría del Estado– no tenía tanta capacidad para alojar a su plaga.

Una cuenta conservadora del costo de esta nueva plantilla ascendería a cerca de un millón y medio de pesos mensuales; eso si los promediamos a 20 mil pesos por cabeza, que muchos de ellos seguramente se llevan más.

Por ahora tiene la confianza del gobernador Duarte –una sorprendente alianza–, a la que no ha hecho mella el gran descrédito de Audirat como servidor público. Y mientras la tenga podría, si quisiera, cuadruplicar su nómina. El contralor Ricardo García Guzmán, otra extravagante adquisición sobrevaluada, ya se sabe, sólo cuida su chamba, está pintado.

Prórroga de jurisdicción

Exagerada fuerza procesal se aplica en contra de la política, funcionaria del Ayuntamiento panista en Boca del Río y columnista del Notiver, María Josefina Gamboa. Aunque no está en duda que cometió el delito de homicidio culposo –atropelló y dio muerte con su vehículo a una persona–, como consta en las averiguaciones y es controvertido judicialmente si conducía o no en estado de ebriedad, no parece justificado legalmente su traslado al reclusorio de Tuxpan, y la determinación del Poder Judicial del Estado para prorrogar la jurisdicción a ese distrito judicial, en vez de ser juzgada en el de Veracruz, donde ocurrieron los hechos delictivos.

La prórroga de jurisdicción es un procedimiento excepcional y no rutinario, como lo boletinaron, “por condiciones de seguridad, sanitarias y de espacio”. Si bien es cierto que con el mandamiento judicial eludieron el alcance del amparo que tenía la procesada para no ser trasladada del llamado “penalito” del Puerto, donde estaba presa, el caso no encuadra en los supuestos previstos por el artículo 21 del Código de Procedimientos Penales del Estado. El texto no deja lugar a dudas. En principio declara que “En materia penal no cabe prórroga ni renuncia de jurisdicción”, enseguida prevé las hipótesis de procedencia: a) Cuando el tribunal competente para conocer de un proceso esté impedido de hecho o de derecho; b) o cuando el inicio y continuación del proceso represente peligro para la seguridad y el orden públicos o para la vida del propio inculpado”. Por otro lado, se exige una formalidad de procedimiento, el acuerdo expreso del Tribunal Superior de Justicia, el cual, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 40, fracción VIII), es facultad del presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero no solo sino “conjuntamente con los presidentes de las salas penales” –y no del “pleno judicial” como equivocadamente refiere el boletín oficial.

Por sus antecedentes de aplicación, “la prorroga de jurisdicción” lleva el sello de la casa. Una previa aplicación hace unos años la concedió a 4 detenidos por el fraude a una caja de ahorro de cañeros de Cardel; estaban a disposición de un juez de Veracruz y fueron trasladados como huéspedes al área privada del Hospital Civil de Xalapa, a disposición del juez del distrito de Pacho Viejo, incluso con el desconocimiento del entonces presidente del Poder Judicial, Reynaldo Madruga.

Ahora, en sentido inverso, con mala leche, Soso la concedió, ni tardo ni perezoso.

Alerta Gringa, igual

En su nuevo comunicado de alerta de viaje a sus connacionales, el departamento de estado Norteamericano, emitido por su Oficina de Asuntos Consulares, reiteró la prevención sobre Veracruz.

Aunque alerta de mayor riesgo a otros estados, recomendando difieran su visita, reproduce el texto que ya había incluido en su reporte de febrero: Tome precauciones cuando viaje al estado de Veracruz. El estado de Veracruz continúa experimentando violencia entre organizaciones criminales rivales. Las fuerzas federales de seguridad continúan apoyando al estado y a las fuerzas locales de seguridad para proveer seguridad y combatir al crimen organizado”. ¿No funcionó la entrevista del gobernador con el embajador Anthony Wayne, o se olvidó de actualizar sus datos?