#AsuntosPúblicos: MULTA AL GOBERNADOR

Rezagado el proceso electoral de 2012, llegó al Congreso del estado como instancia final el expediente de la queja presentada por el PAN Contra el Gobernador Javier Duarte de Ochoa y otros funcionarios del Estado por haber participado en un acto de campaña electoral en Veracruz del entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.

Aunque el Gobernador Javier Duarte solicitó licencia sin goce de sueldo para asistir al acto proselitista mencionado, luego de una primera exoneración en el IFE, que consideró había acudido como ciudadano en ejercicio de derechos políticos, esa resolución fue impugnadas por el partido quejoso y el Trife la revocó; la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial resolvió que no era valida tal licencia, pues era un día laborable conforme al calendario oficial y por tanto el gobernador incurría en responsabilidad por violación a los principios de equidad en la competencia entre partidos políticos, previstos en el artículo 134 de la Constitución de la República. Sin embargo, no indicó sanción alguna y remitió la revocación al nuevo órgano que sustituyó al IFE, el Instituto Nacional Electoral (INE), para que procediera conforme a sus atribuciones. El INE eludió entrar en materia sancionadora y argumentó no encontrar la norma que le permitiera imponer alguna sanción y resolvió enviar el asunto al Congreso local “dar vista” del expediente a la legislatura del Congreso de Veracruz, respecto a la responsabilidad y eventual imposición de sanciones para el Gobernador Javier Duarte (y también para el entonces diputado Jorge Carvallo), para que “en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la normativa aplicable, proceda conforme a derecho”.

LEGISLADORES QUE NO SABEN DE LEYES

El Congreso del Estado, formalmente el Poder Legislativo, con función de elaborar la ley, resultó ignorante de la misma e incapaz de actuar “Conforme a derecho”. Queriendo salir del paso, el pasado 5 de septiembre en la sesión de la diputación permanente se dio a conocer que la LXIII legislatura del Estado acordó multar con 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal (poco más de 30 mil pesos) al Gobernador Javier Duarte (y al otro diputado Jorge Carvallo), un acuerdo que no tiene el menor fundamento legal y que sólo revela la inefable ignorancia de nuestros legisladores. Primero se olvidaron del fuero otorgado en la Constitución local: ”el gobernador, durante el ejercicio de su cargo, sólo podrá ser acusado ante el congreso por la comisión de delitos graves del orden común. Por los demás delitos y faltas podrá ser acusado, conforme a las leyes respectivas,(…) al concluir su mandato” (artículo 76), no antes. Si no hay el supuesto de delito grave, que no es el caso, obviamente no hay material de juicio político, no son actos u omisiones que hayan afectado intereses públicos fundamentales o su correcto despacho; en realidad se trata de una falta administrativa menor, la resolución del Tribunal Electoral no estimo que fuera determinante en los resultados electorales, por tanto la legislatura no tendría ahora que ocuparse. Pero metieron los pies y se tropezaron. Además, utilizaron órganos doblemente incompetentes; sin competencia legal ni de conocimientos. En ninguna parte de la legislación hay facultades al caso para la junta de coordinación política, el órgano de gobierno formado por los coordinadores de los grupos legislativos representados, a quien se le atribuyó la resolución, como tampoco las tiene la diputación Permanente del Congreso, la fracción de diputados que actúa, con facultades invitadas, en los recesos del Congreso.

El Trife y el INE tiraron la bolita, ante el vacío legal, el Congreso local por ignorancia y precipitación para cerrar el caso, se enredó con ella.

EXTRAORDINARIA

Hoy el Congreso local celebrará una sesión extraordinaria con tres temas en su agenda. Todos a iniciativa del Gobernador. El primero tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal, concretamente se planteara la declaratoria de vigencia escalonada del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual regirán los juicios orales. En noviembre del año en curso se aplicaría en 10 distritos judiciales, incluido Xalapa, el año entrante en 9 distritos más y en los dos restantes en mayo de 2016. El segundo tema es la reforma de la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de legalizar el otorgamiento de recompensas a informantes, y el tercero, el nombramiento de la juez Beatriz Rivera Hernández como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, en la vacante que dejó el fallecimiento de Benjamín Garcimarrero.