#AsuntosPúblicos: REGULAR LAS MARCHAS

De inmediato levanta polémica la iniciativa de una nueva ley de Tránsito y Seguridad Vial, presentada el pasado jueves al Congreso local por el diputado del PRI, Adolfo Ramírez Arana, especialmente por su retención de condicionar la realización de manifestaciones públicas en calles a una autorización expresa de la Secretaría de seguridad pública que calificaría su fin lícito una propuesta que se coloca franca violación a los derechos constitucionales de libertad de asociación y reunión.

Nadie desconoce, menos en Xalapa, las molestias y perturbaciones que provocan a la vialidad las numerosas y recurrentes manifestaciones públicas de protesta, como las vividas el año pasado con motivo de las movilizaciones extendidas por largo período contra la reforma educativa, o las del centro de la ciudad de todos los lunes y otros días de la semana, sean de los 400 pueblos, los Antorchistas, Cardenistas, Pensionados y otras siglas que, muchos o pocos, bloquean distintos puntos como medidas de presión o chantaje al gobierno. Pero lo que no es claro es que la solución a las marchas y la garantía a los derechos de tránsito de terceros sea una legislación abiertamente institucional como la que propone el diputado priista.

Como el diputado del PRI debería saber, el artículo 9 de la Constitución de la República establece: ”No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar “. En su segundo párrafo agregan: “No se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, no se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que desea”. No hay ninguna disposición que obligue a manifestarse a solicitar permiso a la autoridad para reunirse en la vía pública ni que faculte a ésta a calificar su legalidad y a expedir la autorización, si juzga que “el fin es perfectamente lícito”.

Como todo derecho, incluidos los fundamentales, el derecho de reunión y de protesta no es absolutos y menos cuando ejercerlo afecta los derechos e intereses de otras personas. Ante el conflicto de derecho –los de reunión contra los de libertad de tránsito- la autoridad debe decidir su actuación, garantizando hasta donde sea posible los de ambas partes, incluso con el uso de la fuerza pública, conforme a los principios y normas que limitan su aplicación. La solución debería ser cáustica y referenciado el diálogo y la negociación. En vez de querer erigir a la dependencia de Seguridad Pública como órgano calificador y de autorizaciones de manifestaciones públicas.

COPIA ENDURECIDA DE LA LEY DEL DF

Al menos el capítulo V de la iniciativa “De las manifestaciones públicas en la vialidad” es una copia del III -con el mismo nombre- de la ley de Tránsito y Vialidad del D.F., expedida por su Asamblea Legislativa en diciembre de 2002, en tiempos del jefe de gobierno de López Obrador; con la única diferencia que en el DF sólo se pide a manifestantes “dar aviso”, mientras que la iniciativa local exige la solicitud y requiere del permiso de la autoridad. El plagio es evidente. Excepto por los “Ajustes”, el 61 de la iniciativa es igual al 105 de la ley del D.F., el 62 igual que el 106, el 64 idéntico al 107 y el 65 transcribe en lo principal el 108 de la Ley de Transporte y Vialidad del D.F.

¿CON LÍNEA O DE SU COSECHA?

Lo primero que habría que considerar antes de seguirse ocupando de citado proyecto de Ley de Tránsito, es si tiene vialidad política para volverse ley o sólo se trata de una tentativa y, si acaso, de una forma de medirle el agua a los camotes.

Esta iniciativa llamó la atención no sólo por que ataca derechos constitucionales, sino por la especulación de que podría tener respaldo del grupo legislativo mayoritario del PRI que coincidentemente preside la Comisión Permanente del Congreso en la materia de tránsito, donde ese partido tiene la mayoría suficiente (2 de tres diputados), hecho que garantiza al menos un dictamen aprobatorio; además de que dicho partido, con la mayoría abrumadora que tiene en el Congreso, puede aprobar lo que quiera, aunque después se vieran metidos en controversias constitucionales.

Sin embargo, el contenido de la parte que regula las marchas contrasta con la política de tolerancia y diálogo aplicada por el gobernador Javier Duarte hacia las manifestaciones públicas de protesta.

Si hay un cambio de política, la iniciativa en ese punto avanzará, si no, como otras tantas que no cuentan con el beneplácito del gobernador, le espera la enmienda o la congeladora. Ya se verá.