#AsuntosPúblicos: DALE PA`TRAS: CONDICIONAR MANIFESTACIONES

Menos que un mal aire demoró en caer la iniciativa propuesta por un diputado del PRI para regular las marchas Y plantones en Veracruz en una Ley de Tránsito y Seguridad Vial.

Se detuvo pronto el autoritario propósito de erigir a la Secretaría de Seguridad pública como instancia calificadora de los fines lícitos de las manifestaciones y condicionar a los manifestantes a una solicitud de permiso y obtención de autorización por escrito. Además de revelar falta de sensibilidad política y ser atractiva para que la oposición abriera un frente en su contra, era claramente inconstitucional, atentatoria de los derechos de reunión, petición y expresión, protegidos por la Constitución de la República, y por lo mismo impugnable en la vía jurídica.

Tres días estuvo en cartelera –se presentó el pasado jueves- y al cuarto, es decir, ayer, se declaró su retiro. Al menos en lo relativo al punto controvertido, regularlas manifestaciones –en lo demás sigue.

Primero, y eso fue suficiente para ver advertir su caída, la descalificó el gobernador Javier Duarte; expresó que su gobierno no tenía intenciones de enviar ninguna iniciativa sobre el tema y su desacuerdo con cualquier petición de restringir el derecho a las manifestaciones. Signo de que no estaba detrás de ese proyecto y mensaje de que mantendría congruencia con su política de tolerancia y diálogo aplicada durante su gobierno ante las manifestaciones de protesta de los diversos grupos del estado; como lo dispone la Construcción del país y las reglas del sistema democrático.

Ante este pronunciamiento del jefe político, el diputado del PRI, Adolfo Ramírez Arana, autor o canal en bermudas de la desafortunada iniciativa, se hizo chiquito. El también presidente de la comisión legislativa de Tránsito del Congreso local pretendió hacer creer que había alguna confusión o mal entendido, pero que suprimirían el controvertido artículo y su fracción del proyecto, cuando en realidad, si ha leído su “Iniciativa”, se trata de un capítulo –como se comentó, plagiado, pero endurecido, de la ley de tránsito del D.F.; son cuando 6 artículo relativos, si rectifica que los quite todos, o les diga a sus asesores hagan una supresión congruente. Quita sólo la fracción del artículo que citó sería incompleto.

Se aprecia que los actores políticos reconozcan cuando se han equivocado en sus propuestas y las enmienden, así no se pierde tiempo en discusiones estériles, se evita el desgaste político y se optimizan los tiempos de la agenda y el debate público. Para la próxima que le pongan un Tutor legislativo al tal Adolfo.

CONCILIAR LOS CONFLICTOS DE DERECHO

Retirar de la agenda legislativa la regulación propuesta de marchas y plantones, si bien preservarlos derechos constitucionales de reunión y manifestación pública, no elimina el problema que se padece con los bloqueos y las afectaciones a terceros, como ayer muchos constataron en Xalapa.

Pero no se requieren más leyes, sino oficio político para mantener la gobernabilidad. Conciliar los derechos de los gobernados jugando en determinadas situaciones los de unos y otros entran en conflicto; hay derecho de reunión, pero éste no debe afectar a terceros, que ven restringirá su libertad de tránsito. Precisamente esa es tarea irresponsabilidad del gobierno, garantizar los derechos de todos, con una solución tan directa y de sentido común en ocasiones, como compartir espacios en la vía pública –cada quien su carril, unos se manifiestan y los demás que puedan circular. Mediante el diálogo y la negociación con los manifestantes, pero también, abocados estos instrumentos, con la aplicación de las fuerza pública, conforme los principios legales. Ni autoritarismo y represión, tampoco caos y anarquía.

EXCESOS DE FUERZA PÚBLICA

Dos reprobables episodios reciente en el país meten a la escena pública del preocupante tema de los excesos y por tanto ilegalidad en el uso de la fuerza pública. El primero, de 8 militares investigados por un posible acto de ejecución sumaria de un grupo de 22 presuntos delincuentes en el poblado de la Tlataya en el Estado de México. Según el parte inicial, los delincuentes fueron “abatidos”, cuando tocaron a la partida militar, pero testimonios posteriores de tres sobrevivientes revelaron que se habría tratado de fusilamientos extrajudiciales, después de que los delincuentes se habían rendido. El segundo, de este fin de semana, la cacería de estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero, quien había tomado autobuses en protesta y fueron perseguidos y tiroteados por la policía de Guerrero. Hay 6 personas muertas, 17 lesionados y 57 estudiantes desaparecidos; y por ahora, 22 policías detenidos. La fuerza pública, instrumento característico del estado, debe servir al orden y aplicarse con legalidad, los excesos deben sancionarse.