#AsuntosPúblicos: FUERA DE CONTROL

Por la barbarie y desbordamiento de la violencia contra la policía civil, corrupción policiaca y dominio territorial de la delincuencia organizada, complicidades e incapacidad de las autoridades de distintos niveles, la atención del país y el escrutinio de extranjeros están puestos ahora en el estado de Guerrero, como en precedentes ocasiones lo han sido otros puntos de la República.

Hoy es Guerrero, donde, como sea difundido, el pasado 26 de septiembre policías municipales y civiles de Iguala reprimieron con armas a manifestantes de la escuela normal de Ayotzinapa, el municipio vecino de Tixtla, mataron a seis personas, pero en la refriega desaparecieron a 43, y posteriormente se descubrió una fosa clandestina con 17 cuerpos quemados, que, según confección de varios de los policías participantes, se trataría de estudiantes normalistas que entraron al grupo delictivo autodenominados guerreros unidos.

El brutal crimen que sacude la opinión pública descargó la frágil fachada de la mejoría en la seguridad del país. Todos lo lamentan, todos lo condenan, pero nadie lo evitó.

El discurso reiterativo de los actores públicos reaparece, fluye la cauda habitual de adjetivos reprobatorios al crimen, exigencia de esclarecimiento y castigo a los responsables, por acción y por omisión. No ha faltado en pronunciarse ningún actor de relevancia; el presidente de la República, en mensaje nacional, consternado, ofreció que no habrá impunidad; ya mando a la “Gendarmería” a hacerse cargo del control del estado y dio instrucciones al procurador y el secretario de gobernación; las dos cámaras del Congreso de la Unión constituyeron de inmediato comisiones de investigación del caso, también los partidos políticos, especialmente el PRD, pues son de este partido dos de los más implicados, el gobernador del estado, Ángel Aguirre, uno de los eslabones débiles de la cadena de responsabilidad, por omisión, y el alcalde con licencia de Iguala y prófugo José Luis Abarca, señalado de ordenar el ataque a los estudiantes y de tener vínculos con la delincuencia organizada.

Tampoco faltaron los organismos internacionales como la OEA y de protección de derechos humanos como Human Rights Watch, y de manera inusual hasta el Departamento de Estado Norteamericano. Los ojos sobre México y sobre Guerrero, para vergüenza e impotencia.

PREGUNTAS

En la revisión de antecedentes se puede encontrar la recurrencia de las manifestaciones de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Es histórica su tradición de lucha social radical en Guerrero; no por casualidad en ella se formaron los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, líderes de movimientos guerrilleros que fueron aplastados por el Ejército en la década de los setentas. Cada año se registran manifestaciones de los estudiantes de esa normal –todos ellos pertenecientes a la clase más pobre de ese estado-, invariablemente en su protesta exigen al Gobierno del Estado aumentos en los apoyos económicos, y con frecuencia utilizan medios depresión como bloqueos carreteros y tomas de autobuses, como la que esta ocasión realizaron en la terminal de Iguala, presuntamente para dirigirse a la Ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, irónicamente, luctuosas por la matanza de estudiantes en 1968

De las investigaciones hasta ahora realizadas hay un grupo de detenidos, 22 policías municipales, que habrían participado en la represión, y una orden de presentación para el alcalde, en días de desafuero, pero que se le permitió huir, como también lo hicieron otros dos jefes policiacos municipales. La guadaña política pende sobre el gobernador Aguirre, hoy el PRD, quien paradójicamente hace 18 años ocupó la gubernatura interina, por el PRI, por otra matanza, la de Aguas Blancas, sobre campesinos, que hizo caer al entonces Gobernador Rubén Figueroa. Sin embargo, no está claro el motivo. ¿ Por qué esa saña contra los normalistas?, ¿Cuáles los motivos de participación no sólo del alcalde y su dama (con quien bailaba dice a la hora de la masacre, pues había rendido su informe como directora del DIF); sino de los sicarios de grupo auto llamado Guerreros Unidos?, ¿se trató de dar un escarmiento a la protesta social?

Por otro lado, ahora se revela que todos sabían de la delincuencia organizada en Iguala y otros municipios de Guerrero, así como de los vínculos del presidente municipal José Luis Abarca. El centro de investigación y seguridad nacional (Cisen) vincula en un informe interno al alcalde de Iguala con actos de lavado de dinero para la delincuencia organizada, el procurador Murillo Karam confirma que sigue esa línea de investigación. Y, un miembro del PRD, René Bejarano, el de los fajos de dinero del empresario argentino Carlos Ahumada, aprovecho para hacer público que él entregó tanto al procurador Murillo Karam como al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, evidencias de hechos delictivos graves –secuestro y homicidio- que involucra al alcalde con licencia de Iguala. Y el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dice que solicitará que se investigue a 81 alcaldes de la entidad, pues “sabemos de la infiltración de los grupos delictivos en varios municipios de nuestro estado”.

Si todos sabían, ¿por qué no se le detuvo antes?, ¿Por qué no se había implementado un operativo para enfrentar la delincuencia organizada?

La debilidad del estado, la ausencia de prevención y el desborde de la violencia criminal acecha al país. En Veracruz hemos tenido hallazgos de fosas clandestinas y paquetes de cuerpos arrojados a la vía pública, y casos recientes de infiltración de la delincuencia organizada en la policía municipal, como en Coatepec, que hasta ahora se ha quedado en sólo tres policías imputados por el crimen del tesorero del Ayuntamiento. Esperemos que aquí no nos llevemos una desagradable sorpresa. Y después haya que lamentarse y tapar el pozo.