#AsuntosPúblicos: MANIFESTACIONES Y SEGURIDAD

Las reacciones sobre la matanza de estudiantes normalistas en Guerrero perpetrada el pasado 26 de septiembre por la policía municipal de Iguala, en combinación con un cártel delictivo, los Guerreros Unidos, se mantuvo ayer como el hecho noticioso principal en el país.

Como era previsible ante el agravio nacional por la represión y violencia absurda e ilegítima desplegada sobre el movimiento de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, las manifestaciones públicas, limitadas hasta hace unos días al estado de Guerrero, se extendieron ayer por todo el país, e incluso la hubo en varios puntos del extranjero.

En las principales ciudades de los estados –incluidas las de Veracruz, en Xalapa fue bastante numerosa-, y en la capital del país, adonde se trasladaron familiares de las víctimas y de los 43 estudiantes desaparecidos, miles de jóvenes, sobretodo estudiantes universitarios y normalistas, marcharon en protesta por la agresión –la muerte comprobada de seis personas- y la exigencia de localización de los ausentes, no obstante saberse de la fosa clandestina en la que hallaron 28 cuerpos calcinados presuntamente de los normalistas, y para reclamar el castigo pendiente a todos los responsables del crimen.

Las marchas estudiantiles confrontan las lamentaciones y condenas de los actores institucionales y advierte la posibilidad de formación de un movimiento social. Pero por encima de todo, exhiben los signos de una crisis del sistema político y de seguridad pública. Los hechos de represión en Guerrero han rebasado la persistencia de los vínculos entre políticos y delincuencia organizada, la corrupción política, criminalización de la protesta social y de graves fallas en el aparato de inteligencia, procuración de justicia y seguridad pública del país.

REACCIONES LENTAS E INSUFICIENTES

Amas de 10 días de los lamentables acontecimientos, sorprende la lentitud y parcialidad de las respuestas del Estado Mexicano. Si ya se les cuestiona la falta de prevención –como se ha sabido había información de la clase de fichita que es el alcalde con licencia José Luís Abarca, sus nexos con la delincuencia y con el grupo político del PRD que gobierna Guerrero, incluido el gobernador Ángel Aguirre, también se les reclama haberlo dejado escapar-, también la demora en la respuesta para esclarecer los hechos, capturar a los responsables y asumir el control de ese estado.

Aunque hay un grupo de 22 policías detenidos y el presidente Enrique Peña Nieto dispuso el envío a Guerrero de la Gendarmería Nacional para hacerse cargo de la seguridad, estas acciones se ven insuficientes. La pérdida de gobernabilidad en ese estado requiere de medidas más drásticas, ni siquiera la designación de un “Comisionado”, como se hizo en el estado de Michoacán, sino la declaratoria de desaparición de poderes y la sustitución del gobernador, que por lo que se ve está metido en las complicidades. La presencia del PRD en ese estado en los intereses políticos de lo que queda del Pacto por México, en el que ese partido, junto con el PAN, participó para la aprobación del paquete de reformas estructurales, al parecer le hacen merecedor de consideraciones; no quieren dañar la imagen del PRD en el proceso electoral del 2015, en el que además de elegir diputados federales tendrán elecciones de gobernador. Está tregua inmerecida no sería aceptable si lo que se quiere es restaurar el estado de derecho y la gobernabilidad en Guerrero.

Mientras tanto, el presidente Peña, cuya imagen internacional se ha venido abajo en los últimos días, al grado que es la Secretaría de Relaciones Exteriores uno de los voceros del tema de la represión a la Escuela Normal de Guerrero, ayer tuvo que admitir que la seguridad se le descompuso. De gira por Nuevo León, donde por cierto elogio su “Fuerza civil” –equivalente a la anunciara con el mismo nombre en Veracruz- el presidente no tuvo más, por la fuerza de los hechos y la opinión pública, que aceptar que “hoy el tema de la seguridad pública está en la preocupación de la sociedad mexicana, cuando advertimos señales de debilidad institucional en algunas partes del territorio nacional”.

POLÍTICA Y DINERO ILÍCITO

No es tema nuevo el financiamiento de la delincuencia organizada a partidos y candidatos a cargo de elección popular, pero lo actualiza el asunto de Guerrero Y el inicio del proceso electoral para 2015. Hay nuevas reglas de fiscalización de recursos y la disposición de que colabore la Secretaría de Hacienda, a través de la unidad de inteligencia financiera, en la detención de dinero ilícito en las campañas electorales, al igual que la tipificación de delitos y causas de unidad electoral. Por otro lado, como en otras ocasiones, se preparan “blindajes” y recomendaciones a partidos para que verifiquen a sus candidatos y eviten la penetración del dinero ilícito en la política.

Además, el INE pondrá una página en línea con los datos de los candidatos registrados para que los ciudadanos envíen información sobre los “malos”, que no se duda servirá para que ahí se despliegue una parte de la guerra sucia entre candidatos, más ahora que la Suprema Corte a legitimado el derecho a “denigrar”, al considerarlo integrante de la libertad de expresión, y ya fue suprimida tal censura en la Constitución de la República.