#AsuntosPúblicos: CONAGO: SEGURIDAD

Con los reflectores internacionales y nacionales puestos en la reciente ola de violencia en varias zonas del país, ni para dudar que el tema central que persigue al Estado Mexicano es la asignatura pendiente en materia de seguridad pública y justicia.

No por casualidad, se entiende, sino como mensaje político en la coyuntura, la reunión de los gobernadores del país (Conago) a la que acudió el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, celebrará el pasado viernes en Aguascalientes, se ocupó principalmente de los desafíos nacionales de seguridad.

Aunque el discurso del presidente Peña bordea de inicio el federalismo retórico –hoy calificado de “articulado”-, organización del poder nacional al que le atribuye la condición de medio efectivo para asegurar la vigencia del estado de derecho, enseguida se centró en el tema candente de la agenda pública; y más allá de los rechazos y condenas a los conocidos hechos de violencia en el estado de Guerrero, se enfocó a las acciones futuras para acelerar la mejoría en seguridad.

Como en días previos había reconocido la presidencia de “debilidad institucional”, esta vez, si bien señalada como “inaceptable”, admite la existencia de “vacío de autoridad”, y peor aún con vínculos de complicidad entre gobernantes y delincuentes”.

Aparte de la obligada reiteración de su compromiso para esclarecer el caso de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa y los 43 estudiantes desaparecidos y castigara los responsables (y sin aludir el caso del abuso militar en Tlatlaya, donde habrían sido ejecutados 22 presuntos delincuentes, también resonante en el ambiente público), llama la atención el regreso al punto de partida de la política de seguridad pública.

OTRA VEZ EL PUNTO DE PARTIDA

Quién sabe qué les dijo el Presidente en previo a los gobernadores asistentes, pero en público, el mensaje presidencial si no fue tanto una lectura de la cartilla, si puede tomarse como el enésimo llamado a dar mejores resultados y a depurar sus policías.

Este tipo de convocatorias no son nuevas y por las circunstancias en las que se les hace les resulta a los gobernadores una pobre evaluación de avance.

El mensaje de EPN, como si fuera inicial y no a dos años de su gobierno, es de exhorto: “debemos acelerar y profundizarlas medidas estructurales necesaria espera que la ley y la justicia imperen en toda la geografía nacional. Lo primero, lo elemental, es contar con corporaciones de seguridad profesionales y, ante todo, confiables”. Se deduce que en el juicio del presidente el punto alcanzado y su ritmo en los estados no han sido suficientes, y si convoca de nuevo a “lo primero y elemental”, la profesionalización y confianza de los cuerpos de seguridad, significa que no hemos podido salir del primer grado. Asimismo le requiere de un mayor esfuerzo y compromiso: “ante la necesidad de lograr mayores resultados, es indispensable que cada orden de gobierno y cada autoridad asuman, también, mayor responsabilidad y compromiso”.

Los gobernadores –que no pasaron la ocasión para florear al presidente por la captura del “Viceroy” en Coahuila, también propusieron la creación de una comisión (¿Otra?) para el seguimiento de la depuración policiaca.


A la sesión de la Conago sólo faltaron dos gobernadores, el de Baja California, justificado por la reconstrucción de ese estado; y el de Guerrero, causante del desastre de su estado, cuya ausencia augura su deseada renuncia.

REVÉS A LA PROCURADURÍA

Aunque no es definitivo aún, el amparo concedido por un juez de distrito a la servidora pública y periodista María Josefina Gamboa, del grupo político de los canes del PAN, sobre el auto de formal prisión dictado en su proceso por homicidio imprudencial agravado, tambalea parte de la acusación formulada por la procuraduría del estado.

Por lo que se conocer de la resolución, concedida para efectos –el juez penal del fuero común de debe dictar un nuevo auto- pero sin tomar en cuenta los elementos gravantes del homicidio, el estado de ebriedad y la temeridad –con que presuntamente conducía el vehículo con el que dio muerte a una persona; y no porque no estuviera alcoholizada o manejara sin precaución, sino porque el juez federal determinó que el artículo del código penal 147, dónde se tipifican los agravantes “es inconstitucional”.

En su texto dice quien “el embargo y subjetivo en su contenido, pudiendo ser interpretado de muchas formas, por tanto, viola el principio de exacta aplicación de la ley, que es una garantía procesal”.

La defensa de los familiares de la víctima y la Procuraduría interpondrán un recurso de revisión, y será otra instancia del Poder Judicial federal –un Tribunal Colegiado de Circuito, quien resuelva en definitiva.

Mientras tanto, la política del PAN seguirá en prisión. Entre toda la politización que ha tenido este tema no hay que perder de vista los hechos de origen. La funcionaria del PAN atropelló con su vehículo y mató a una persona, lo que nada tiene que ver con la libertad de expresión.