#AsuntosPúblicos: PRESIDENCIALISMO DEMORADO

La demora en tomar las decisiones políticas adecuadas incendia Guerrero. A dos semanas de iniciado el problema con la represión policiaca a los estudiantes normalistas en Iguala, en la que hubo seis muertos, numerosos heridos y 43 levantados aún buscados, donde se revelaron los vínculos de las autoridades locales con la delincuencia organizada, aplazar la remoción del gobernador Ángel Aguirre –por consideraciones al PRD- está resultando muy costoso a la República.

A los señalamientos de omisiones de intervención tanto para el gobierno estatal como federal en la intervención de los ataques a los estudiantes y en la detención del presidente municipal de Iguala, que tenía denuncias y evidencias de vínculos con delincuentes, se suma la tardanza e insuficiencia de acciones para garantizar el estado de derecho y las instituciones públicas. Poco ha servido a la paz y el orden que se haya condenado la matanza y ofrecido el esclarecimiento y el castigo a los responsables, cuando no hay respuestas contundentes, no se confirman las muertes ni se localizan a los desaparecidos y el edil de Iguala sigue prófugo; tampoco sean aliviado con el envío de la Gendarmería Nacional y el Procurador de la República, que entre fumadas y evasivas se contradice con el Gobernador Aguirre sobre la identidad de los numerosos cuerpos encontrados en varias fosas clandestinas, si uno de los responsables del problema, el gobernador, no se quiere ir y lo siguen protegiendo.

Las protestas de los alumnos y los familiares de los desaparecidos –que alcanzó a mediados de la semana pasada una solidaridad nacional, con marchas en todo el país-, ayer se desbordaron nuevamente en el estado de Guerrero, pero con una violencia amplificada. Las imágenes dan cuenta de la ira incontenibles de los manifestantes. Se observan ataques con palos, piedras y bombas molotov a la sede de los poderes, confrontaron a los granaderos en el Congreso y luego apedrearon e incendiaron el Palacio de Gobierno. No hubo esta vez represión –dicen actuaron conforme al protocolo, esta vez de inacción. Es evidente la ingobernabilidad, como también la omisión del gobierno central en restablecer el control político en esa parte del territorio nacional.


LA DESAPARICIÓN DE PODERES

El nuevo episodio de violencia, ahora como reacción de los agraviados por la represión política, debe llevar a las medidas inmediatas para restaurarlas instituciones en Guerrero. ¿Qué esperan?

No se esperaría el retorno de una presidencia autoritaria, como la de su época clásica, cuando la remoción de gobernadores se utilizó como medio de eliminación de aquellos que no eran afines al presidente en turno o como venganza del grupo, pero sí rescatar su uso como recurso del poder público legítimo para preservar las funciones del estado. Peña, a diferencia de otros gobiernos priistas del modelo previo a la alternancia, a sido cauto en la intervención de gobiernos estatales; ni comparable con Carlos Salinas de Gortari, que en su periodo (1988- 1994) cambio a 17 gobernadores –unos forzados a pedir licencia y otros a incorporarse al gabinete. En sus dos años hemos visto sólo dos intervenciones, en Michoacán, dominado por la delincuencia organizada, nombro primero un comisionado federal y luego sustituyó al gobernador, previa solicitud de licencia; y en el Estado de México, ante la incapacidad del Gobernador para contener la delincuencia, reforzó con fuerza pública y sólo se reemplazó a la mayoría del gabinete estatal. ¿Cómo actuar ahora, ante la nueva circunstancia, frente al gobernador de Guerrero?

El PRD, es claro, protege a Ángel Aguirre, pero ya es insostenible. Hace unos días este gobernador ofreció someterse a la revocación de mandato, prevista pero no regulada en la legislación estatal; por otro lado, el INE se declaró incompetente, dada la ausencia de marco legal para realizar una consulta nacional. No cabe más espera. La salida legal está en la Constitución de la República, que prevé el supuesto en el artículo 76, fracción V, para que el Senado declaren desaparecidos los poderes de un estado y se designe un gobernador provisional, quien convocará a elecciones. El nombramiento de Gobernador será a propuesta de una terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado.

No será difícil acreditar la configuración de la desaparición de poderes conforme a la ley reglamentaria del citado artículo: “en caso de que los titulares de los poderes constitucionales… estuvieren imposibilitados físicamente para el ejército de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afectan la vida del estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico” (Artículo dos, fracción III).

Sólo con mirada corta podría creerse que está lejano y ajeno al resto de los estados y la República como unidad política el problema de gobernabilidad en Guerrero. La protesta social, como la inseguridad y la ingobernabilidad, son contagiosos, más tratándose del mismo cuerpo territorial y político.

EL JURÍDICO DEL CONGRESO

Al menos dos strike le han cantado en un corto plazo al Director Jurídico del Congreso Local, Vito Lozano. El primero, poco costoso en términos económicos, pero que exhibió negligencia o falta de profesionalismo en el Congreso, por enviar informes incompletos y documentos sin certificar en su contestación a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la CNDH contra la ley del IP, la Suprema Corte les impuso una multa de 3 mil pesos, poca cosa, pero los exhibieron. El segundo, la semana pasada un juez de distrito en materia laboral ordeno la reinstalación de los trabajadores despedidos con la asesoría de Vito y además indemnizarlos con cerca de siete millones de pesos. ¿Aguantara el tercer strike, o le dará base por bolas su compadre Callejas?

CONFIRMADO

Después de conocerse la grabación en la que Miguel Ángel Yunes Linares le llama idiota a Julen Rementería, este desestimó el calificativo. Confirmado la autenticidad del audio, Julen, quien aún coordina el grupo legislativo del PAN, justificó la expresión de su correligionario sostuvo que se dio en un marco de una polémica intrapartidista que ya fue superada. No parece importarle que le llamen idiota, pues además, asegura que “le han dicho calificativo más grave” que ése. Como quien dice, de mejores cantinas lo han corrido.