#AsuntosPúblicos: ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

Sin una evaluación crítica de los antecedentes de la asociación del estado y los municipios con los particulares en Veracruz para la realización de obras y servicios públicos –de los que hay numerosos casos de resultado desventajoso al erario público y a la población-, ni propuestas específicas de transparencia y rendición de cuentas para evitar llegar a situaciones indeseables, ayer el Congreso local, en votación dividida, aprobó la iniciativa del gobernador de una nueva Ley de Asociaciones Público-Privada.

No es nueva en el estado la regulación de los esquemas de inversión conjunta pública –privada a largo plazo para ejecutar obra pública o prestar servicios, ya que existe en la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios de 2007, que sería derogada, así como otras formas que legalizaron anteriores co-inversiones hola entrega de concesiones contratos entre el estado y empresarios privados. Esta nueva ley, hasta donde se ve, hacer una recopilación casi completa del marco legal y administrativo existente –que sin embargo no ha sido eficaz para garantizar los intereses públicos, aunque el más ingenuo sospecha que favorecido a funcionarios en turno y por supuesto a sus socios desde la contraparte empresarial.

Para nadie es desconocida la corrupción quiera prevalecido en Veracruz –Y en el país- en los múltiples tramos de contacto del sector público con el privado. Desde la asignación de obras, compras y servicios hasta la asociación permanente en esquemas de inversión y operación de servicios públicos.

OPERACIONES DE MANUAL DEL SOCIO

Podría documentarse un libro negro del negocio de cuello blanco. Basta mencionar algunos: las autopistas Veracruz-Cardel, adjudicada la constructora ACCSA, iniciada y corrompida desde el gobierno de Patricio Chirinos, y el libramiento Plan del Río, de la época de Miguel Alemán, en los que los derechos públicos de cobro y administración, no sin antes bursatilizar los ingresos futuros, terminaron oscuramente entregados al socio carretero Valentín Ruiz en posteriores administraciones. También el periodo de Alemán, la costosísima administración privada del club de fútbol Tiburones Rojos, entregada a su amigo Rafael Herrerías de la Plaza México, torero y empresario.

No puede evitarse la referencia a dos proyectos de asociación publicarían privada costosos al estado que no han dado los beneficios con que en su momento se justificó su administración. Una, la construcción del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, concesionada a particulares hace 10 años, al final del gobierno de Alemán, pero manoseada y consentida por Fidel Herrera, obra inconclusa y encarecida al triple sin visos de cuándo se vaya a terminar; otra, los servicios de laboratorio, equipo y atención hospitalaria al sector salud a la empresa Finamed, contratados por 12 años por el gobierno de Fidel Herrera, rescindido como se sabe en la actual administración, caso por el que se enfrenta un litigio por incumplimiento y demandas de pago. La enumeración incluiría concesiones para administrar casetas de peaje y dar mantenimiento a puentes del estado, y en los municipios, las concesiones para administrar servicios de agua y saneamiento, que, como en Xalapa, dejaron endeudados a los ayuntamientos.

Del gobierno de Javier Duarte se cuenta el proyecto de propósitos múltiples con el consorcio brasileño Odebretch, del que se ha dicho abarcaría desde la construcción de una planta hidroeléctrica hasta proporcionar servicios de agua a Xalapa; pero poco se sabe de cuanto se ha invertido y en qué etapa van.

Una constante en la mayoría de los casos ha sido la extrema discrecionalidad con que han actuado los representantes del estado, la tolerancia de incumplimientos, cargar desproporcionadas –obvio al estado- y beneficios excesivos –claro- a los particulares. Falta de transparencia rendición simulada de cuentas.

No se trata de satanizar a la iniciativa privada ni bloquear la inversión para el desarrollo o evitar que haya certeza jurídica para empresarios. Los esquemas de corporaciones público-privada han sido exitosos en todo el mundo, sostiene la iniciativa de la nueva Ley de Asociaciones; no en Veracruz, si se juzga por los hechos, lo han sido para los empresarios, mas no para el estado y los veracruzanos.

Los autores de la iniciativa o en su caso los diputados debieron tomar las experiencias negativas de asociación y meter mayores controles irresponsabilidades. Como si las leyes fueran un decorado y no un instrumento momentos regulador.

DEJARON LA LLAVE MAESTRA

Por olvido o deliberadamente la nueva Ley de Asociaciones Público-Privada no derogar la Ley de Fomento Económico para el Estado. No carece de importancia la omisión. De nada sirve que en la nueva ley (como ya lo establecía la Ley de Propósitos Múltiples, esta sí de derogación expresa) previa como presupuesto general la relación de concursos públicos para la adjudicación de proyectos y, como excepción, la invitación de tres personas o de manera directa atendiendo a razones de seguridad, revisión del delito o se trate de proyectos con universidades o instituciones de investigación.

La Ley de Fomento Económico posee una llave para eludir todo concurso y hacer la adjudicación directa al “socio”. En un proyecto de infraestructura, si el componente financiero del inversionista privado es mayor al del estado, ”se efectúan los procedimientos de licitación pública para la selección del inversionista privado”, incluso el estado “podrá delegar la ejecución de obra a los particulares que aportan los recursos” (artículo 25 fracción II).

Todo sea por la santa alianza.