#AsuntosPúblicos: EL SIGILOSO MINISTERIO PÚBLICO

No sin extrañeza estamos advirtiendo un rasgo de actuación críptica en la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Luis Ángel Bravo, que dudamos tenga un claro fundamento legal.

Frente a los golpes mediáticos de la presentación de detenidos, cargos, nombres, fotos, pelos y señales, se asoma y se oculta una nueva línea que se coloca en el otro extremo.

Más secreta que una confesión sacramental, mas misteriosa que una intriga política en la que sólo se proporcionan pistas a la audiencia, es la información de la Procuraduría sobre los “probables imputados” por el homicidio de Antonio Pérez Luna, ejecutado hace unos días en el centro de la ciudad de Córdoba.

El tema no es si los capturan o no, sino la forma en que proporcionaron la información a la opinión pública. Según el comunicado de la PJG, los capturados son: DRG, VVD y FRG. Son innombrables y sus rostros no identificables aun que difundieron unas fotografías, los rasgos estaban deliberadamente borrosos, ¿Por qué?

Algunas notas que expusieron la anunciada captura, agregaron, supuestamente revelado por fuentes internas de la PGJ, que dicha condición era para respetar el “principio de presunción de inocencia” que, como es sabido, es uno de los que integran el nuevo modelo de justicia penal en implementación parcial en el país y el estado.

Tal sigilo parece excesivo; es ser más papista que el papa. En estos días, tan sólo de notas recientes encontramos que en distintas partes, incluida la Procuraduría de la República y de varios estados, al hacer públicas detenciones o consignaciones no se omiten los datos personales de los “presuntamente responsables”. Hemos podido enterarnos de la detención por parte de la PGR del dueño de Oceanografía, Amado Yañez, por delitos fiscales, la orden de aprehensión del edil prófugo de Iguala, José Luis abarca, y su esposa, por los hechos de violencia y desapariciones de los estudiantes normalistas; lo mismo, con nombres de los detenidos, los casos de la esposa del cantante de la banda el recodo, acusada del homicidio de éste, Y la ex esposa de la cuca, detenida con un auto robado, en Sinaloa y Michoacán, respectivamente; en ninguno de los casos las autoridades ministeriales juzgaron, como los de aquí, quedar sus nombres y los cargos que imputan sea violatorio del nuevo sistema de justicia penal y del principio de presunción de inocencia.

INOCENCIA, PUBLICIDAD Y DERECHO A LA INFORMACIÓN

Desde la Constitución de la República que incorporó en 2008 el nuevo modelo de justicia penal, acusatorio y oral, y en las legislaciones secundarias, sobretodo procesales, se reconoce el principio de presunción de inocencia, el derecho de toda persona a ser tratada como inocente durante el proceso mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia definitiva. Pero no significa que deban omitirse a la opinión pública la identidad de las personas sujetas a proceso o imputadas de la probable comisión de un delito. Otro de los principios del nuevo modelo penal es la publicidad, la celebración pública de los actores procesales, las audiencias y modelos de resolución, a los que incluso, como regla general, se debe permitir el acceso al público en general y a periodistas y medios de comunicación.

Llama la atención el misterio de la PCJ en la captura de la banda de los innombrables, cuando ese mismo día se informó de la reaprehensión de El Silva, el sentenciado homicida de la reportera Regina Martínez, del que se mostraron hasta fotos de su transformación física. Igualmente ese día reportaron a dos presuntos plagiarios detenidos en Veracruz, de los que sí se proporcionó sus nombres.

No es suficiente lo que algunos mencionan, sobre los diversos códigos procesales en vigor en el estado, el tradicional y ordinario, y de los juicios orales, código hecho por la legislatura anterior, de aplicación parcial en algunos distritos, que rige entre otros en Xalapa y Córdoba; este último sitio donde se radicara el juicio de los innombrables contiene una disposición, mal aplicada, relativa a los derechos del acusado, dice su artículo 42, fracción XVIII: ”No ser expuesto a los medios de comunicación o presentado ante la comunidad como culpable; la presentación del imputado por parte del autoridad entre los medios y la posibilidad de ser interrogado por los representantes de estos será causa de responsabilidad para el servidor público que las autorice o las permita”.

Nada dices de omitir los nombres, si se puntualiza que su condición de probable responsable o imputado. Por cierto, este código será sustituido a partir de noviembre por el Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación en toda la República.

No imaginamos como podían utilizar en la Procuraduría la oferta de recompensas por información de delincuentes buscados; quizá con un retrato hablado –no foto, para no agraviar al presunto- y únicamente sus siglas; “si sabe de XYZ, repórtelo”.

CAYÓ EL GOBERNADOR DE GUERRERO

Tardo tanto en caer que la demora agravó la crisis. Pero finalmente ayer se fue el gobernador Ángel Aguirre, del PRD; deja su estado muy cerca de la anarquía. Los grupos enfrentados, el movimiento de los normalistas agraviado y enfurecido por la represión y los 43 desaparecidos, muy probablemente muertos, con la exhibición de la presencia de la delincuencia organizada en la mayoría de los municipios, la ocupación federal para el control policiaco, además de pobreza y marginación ancestral en esa entidad.

Formalmente no lo removieron, si no pidió licencia, así que será el Congreso Local de esa entidad quien nombre al gobernador sustituto, y si es que el designado aguanta, organizar las elecciones que deben celebrarse el año entrante.

La salida de Aguirre es una distensión, pero no resuelve el problema. Es apenas el principio de una posible solución. Es claro que restaurar la gobernabilidad en Guerrero es un asunto nacional. Una prueba para el presidente Enrique Peña Nieto y para la clase política. A ver qué sigue.