#AsuntosPúblicos: ¿ARREGLO SOBRE EL TÚNEL SUMERGIDO?: POR OTRAS FUENTES

A diferencia del protagonismo mostrado por el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del Gobierno del Estado, Gerardo Buganza Salmerón, a principios de mayo cuando acudió al Congreso local a exhibir y confirmar las irregularidades de funcionarios públicos y concesionarios en el incluso y encarecido proyecto de construcción del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, nada dijo después del seguimiento al tema, tampoco del reciente acuerdo al que habría llegado con la principal empresa controladora de la concesión, la española Fomento de Construcción y Contratas (FCC).

En aquella ocasión, ante el Congreso local, Buganza destapó la cloaca y reveló, entre otros detalles, las modificaciones para el gobierno del estado en las cláusulas de la concesión y la desproporcionada composición de las aportaciones, la ilegalidad de tales cambios, así como las comisiones de supervisión de las obras y otras irregularidades de ejecución; además de los más evidentes, el excesivo desfasamiento en la conclusión de la obra, asignada en 2004 y prevista para terminarse en 2007 –aún sin concluir- y la elevación del costo a más del doble. Adicionalmente, informó que en diciembre pasado había presentado una denuncia de hechos en la procuraduría del estado contra quién resultará responsable, entre ex funcionarios públicos y la empresa concesionaria. Esto aparte de la denuncia del Orfis por daño patrimonial al fideicomiso del Túnel Sumergido por 225.7 millones de pesos sólo del ejercicio 2012.

Nada se ha sabido oficialmente del curso de la denuncia ni de la reanudación de la obra, menos de que hubiera llegado a un arreglo sobre grandes diferencias en aportaciones y el financiamiento de lo que falta por hacer.

LA VERSIÓN EMPRESARIAL DEL ACUERDO

Frente al silencio local de Buganza, el directivo de FCC en México, Eugenio del Barrio, ya anda propalando en entrevistas públicas el arreglo con el gobierno del estado, que por lo que se advierte tampoco sería favorable al estado de Veracruz.

Una noticia del diario Reforma del pasado 27 de octubre, en la sección de negocios, apunta a la visión empresarial del arreglo. En ella se registra la revelación del director de la constructora FCC de que “hay un acuerdo con el gobierno del Estado para concluir la obra”, que esperarían terminar afines de 2015 y ponerla en servicio a principios de 2016. Reconoce la elevación de los costos –de 3 mil millones de pesos original, según sus cifras, a 5 mil millones de pesos que costaría ahora. Y se justifica en la complejidad de la obra, los imprevistos y lo que sea, para entrar en materia: ”hay que decidir quien financia los sobrecostos”, para anunciar airoso, ”ya hay un acuerdo de esa financiación entre el gobierno del estado y la concesionaria”; asegura que se propuso, “entre otras cosas”, que la concesionaria cubra “parte del sobrecosto” a cambio de una ampliación en el periodo de la concesión por 10 años más, a fin de tener posibilidades de recuperar la inversión, tendrían entonces 40 años de derechos de cobro de la tarifa del peaje. Limitado a referir su aportación de “parte del sobrecoste”, omite explicar cómo y quien cubrirá la parte restante. ¿La aportará, como ha venido haciendo, el gobierno del estado, es decir, los veracruzanos?

EL DESVENTAJOSO ESQUEMA FINANCIERO

Para enmarcar el nuevo arreglo conviene recordar los datos que proporcionó Buganza en su comparecencia al Congreso local en mayo pasado. Se expuso entonces el cambio del esquema financiero de aportaciones, comparando el original del 2004 con el que opera modificado al 2014, del cual es evidente que salió perdiendo el estado y beneficiada la concesionaria.

El esquema inicial estableció que el gobierno del Estado aportaría 410 millones de pesos y ya he logrado 2 mil 326 millones .

Así mismo, los otros componentes públicos de la mezcla se elevaron –los recursos del fondo para la infraestructura(Fonadin) y los ingresos del puente Coatzacoalcos I, en vez de 1,081 millones de pesos se convirtieron en 3 mil 594 millones. Los créditos al proyecto con garantía de fondos públicos fueron del orden 929 millones ejercidos por la concesionaria. En cambio, la aportación privada, que iba a ser de 460 millones de pesos, se redujo a 389 millones. La desventaja se ilustra en términos porcentuales.

Los recursos públicos iban a ser de 52.3% y al subido a 73%, mientras que los recursos privados de 22.3% sólo han aportado 7.9%. En ese lapso, el monto de inversiones elevó de 2 mil 066 millones a 4 mil 913 millones de pesos. Con el 7.9% de la inversión la concesionaria tenía ya derecho a cobrar el peaje por 30 años. Ahora lo tendrían por 40 años.

¿CUÁNDO INFORMARÁN?

Es cierto que la obra debe concluirse y ponerse en funcionamiento, pero debe el gobierno del estado y en particular el titular de la SIOP, Gerardo Buganza, una explicación a los veracruzanos del arreglo con la empresa concesionaria Cotuco, en la que es dominante la española FCC, las otras dos son Impulsa y Obras portuarias de Coatzacoalcos. Por cierto que la española FCC se ha visto implicada en su país en no pocos escándalos de corrupción, de esos de moche por obras y financiamiento a políticos que revientan allá de tiempo en tiempo y hacen caer (con frecuencia a la cárcel) a dirigentes partidistas, jefes de empresas y funcionarios públicos.

¿Qué pasó con la transparencia y la rendición de cuentas?, ¿Por qué nada de a muertito Buganza?, ¿lo trataron bien en España, adonde fue a negociar?