#AsuntosPúblicos: CUENTA REGRESIVA

Como no hay plazo que no se venza, este viernes iniciarán en el estado los promocionados y polémicos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se desarrollarán del 14 al 30 de noviembre y con ello, la prueba no tanto para los deportistas participantes, como para el Gobierno de Veracruz, quien asumió la sede y el resto organizativo, al que acuden delegaciones deportivas de 31 países.

Aunque la supervisiones federales del ramo del deporte, e incluso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y obviamente las autoridades locales, sostienen estar listos, la complejidad de la preparación del evento mantiene la atención en cómo se van a desarrollar en tiempo real las competencias en 46 deportes y sobretodo en la capacidad organizativa que despliegue el Gobierno del Estado.

Los rubros de la evolución del Gobierno del Estado en su responsabilidad como organizador no son pocos. Se probará en directo el acabado a tiempo y la calidad de las numerosas instalaciones deportivas en las cinco sedes –Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba y Tuxpan-, así como la logística que pongan en práctica para la acreditación, alojamiento, alimentación y transporte de más de 5 mil atletas. Igualmente la organización de la multitudinaria asistencia del público, los accesos vehiculares de transporte público y privado a los estadios y sitios de la competencias.

La seguridad pública ocupa un lugar central en la evaluación. Las concentraciones masivas tienen sus riesgos específicos –se debe garantizar la seguridad y el orden en los estadios-, además de que debe hacer previsiones sobre eventuales intentos de provocación o de actividades delictivas, que no puedan permitirse y quiere llegara ocurrir dejarían mal parados a los organizadores.

Como está el ascenso de los movimientos en el país –incluido Veracruz-, no se descartan tampoco las manifestaciones de protesta, uno de los subjetivos planteados por manifestantes por el caso de los normalistas asesinados de Guerrero, expresamente, son los juegos centroamericanos de Veracruz; aparte los numerosos grupos de presión local que reclaman el cumplimiento de sus demandas, con los que intentarán negociar en los primeros días de la semana, y que ya se verá si consiguen o no llegar al precio –como ayer a los antorchista- y desactivarlos.

El circo llega a Veracruz; no se sabe con exactitud cuánto ha costado y cuál será su cuenta final. Se habla de erogaciones federales y estatales del orden cercano a los 2 mil 500 millones de pesos. Un paquete de obra y otras remodeladas, de las que ya habrá ocasión devaluar su utilidad colectiva posterior. Habrá algunas que permanezcan como instalaciones deportivas y otras, si es posible, serían reacondicionadas para otros fines sociales. De la mítica derrama económica que traerían los juegos a Veracruz también ya severa.

La principal prueba política para el gobierno de Javier Duarte en este noviembre serán los Juegos Centroamericanos. Como ya se sabe, no viene el presidente Peña a la inauguración, salió disparado a China y Australia.

OTROS EVENTOS

Tapados por los juegos, el cuarto informe del Gobernador Duarte y su glosa en el Congreso Local quedaron en segundo plano. Aunque hoy comenzó la publicación gubernamental alusiva, y quizás se mantenga lo largo de 12 días conforme a la ley, la rendición de cuentas del estado de la administración se irá de bajo perfil. El próximo sábado entregará el Gobernador al Congreso el Informe –se dice que acudiera personalmente- pero no habrá el acostumbrado bato masivo celebratorio.

Por otra parte, en estos días conoceremos el calendario de comparecencias de los titulares del gabinete y sus formatos, aún en discusión en el Congreso. Hoy se vence el plazo para que El ejecutivo remita al Congreso el paquete fiscal para 2015, la Ley de Ingresos y el presupuesto de Egresos.

Este martes inicia su vigencia en Veracruz, en 10 distritos judiciales, entre ellos Xalapa y Coatepec, el Código Nacional de Procedimientos Penales. También en la semana podría darse en el Senado la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y todo indica que no habrá reelección del malquerido Raúl Plascencia.

EL TREN BALA Y AL CASITA BLANCA

Todavía con el deterioro de imagen por los casos de los normalistas de Ayotzinapa (llamados por muerto), las ejecuciones militares de Tlaltlaya y el crecimiento de la protesta social y sus infiltraciones anarquistas, el presidente Enrique Peña se metió en otro embrollo. Sin fundamento legal, canceló una dudosa licitación de la SCT para construir un tren bala del DF a Querétaro, a un precio de 50 mil millones de pesos. El fallo – cuestionado por senadores de oposición- se dio a favor de una empresa propiedad de la República de China (China Railway) que casualmente participo asociada a empresas nacionales conexos en las esferas del poder Priista. Se mencionó a un cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y al empresario Olegario Vázquez, pero después de que acordó anular la licitación, un trabajo periodístico del equipo de Carmen Aristegui reveló datos más graves. Otra de las empresas asociadas al consorcio ganador resultó ser de la propietaria “formal” de una mansión ostentada por la primera dama en revistas del corazón y del jet set, como propiedad de la “pareja presidencial”. El palacio de la Gaviota en el DF tiene un costo de 7 millones de dólares. Ya se ha comenzado a recordar aquella colonia del perro, la mansión del ex presidente José López Portillo.

Sin duda estará más tranquilo y cómodo el presidente Peña en China.