#AsuntosPúblicos: POLARIZA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL

Con el inicio del periodo ordinario del Congreso local, revive la polémica por la reforma política electorales en Veracruz; no por la homologación de la mayor parte del contenido de la reforma federal aprobada en el Congreso de La Unión, que ya viene predefinido sólo para su adaptación o transcripción como legislación del estado, sino principalmente por el punto de calendarizar al menos una elección local que sea concurrente con las elecciones federales.

El nuevo marco legal para la competencia electoral producto del Pacto por México modificó sustancialmente –en la Constitución de la República y las leyes reglamentarias- las instituciones y procedimientos, pero lo hizo bajo un modelo centralista que dejó escasos márgenes a los estados de la República para mover las reglas. No es casual este acotamiento; los promotores de la reforma intercambiada por apoyos a otras reformas del ejecutivo –la oposición- procuraron, entre otros objetivos, limitar la influencia de los poderes locales, percibidos como bastiones de los grupos regionales, especialmente el PRI, en la designación y funcionamiento de los institutos y tribunales electorales; los primeros se someten jerárquicamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y los segundos nombrados por el Senado y separados por el Poder Judicial de los estados. Igualmente, para emparejar la competencia, se adicionaron reglas a la fiscalización de recursos, para la propaganda establecieron nuevas casuales de unidad de elecciones; además de que se otorgó la igualdad de género en candidaturas, la reelección de legisladores federales y locales, ediles de ayuntamientos y las candidaturas ciudadanas. No hay mucho que agregar en estos temas redefinidos en el marco general y casi llámanos amarradas los Congresos locales se deben limitar a incorporar las reglas a sus legislaciones locales.

LA CONCURRENCIA ELECTORAL

Sin embargo, en los pocos puntos de relativa discrecionalidad, uno de ellos, la obligación de hacer concurrente al menos una elección local con las federales –el mandato federal no especifica cuál- ha creado en Veracruz una polémica entre las elites políticas.

Hay, por un lado, una corriente interesada en acortar a dos años el periodo del gobernador que sería electo en 2016, a fin de que la siguiente elección, en 2018 se empatara con la de presidente de la República y Congreso de la Unión.

Aunque sea propuesta proviene formalmente de grupos legislativos minoritarios, hay una del PAN y otra del PRD, se le identifica el impulso del grupo gobernante priista como parte de una estrategia para desalentar la participación como candidatos de los más fuertes aspirantes, tanto del PRI como del PAN todos coinciden Yunes, (Zorrilla – Landa – Linares)- y si es posible tratar de colocar en esa mini gubernatura a uno de sus miembros para cubrir la retirada. Desde que aparecieron estas propuestas se han dado posicionamientos encontrados, cada uno con su argumento y retóricas discursivas. Planteada como madruguete –se intentó hacer creer que había plazo perentorio en septiembre-, hasta que la Secretaría de gobernación les puntualizó que no era aún el tiempo para Veracruz, que no tiene elecciones locales en 2015, el plan se enfrió temporalmente. Hasta ahora que se le vuelve a calentar. No tendría importancia el tema si sólo fuera una iniciativa de la minoritaria oposición en el Congreso –no hace mucho se quejaban de que sus iniciativas de ley no pasaban y que estaban congeladas más de 30 de ellas- si no hubiera signos y declaraciones expresas del grupo político que domina el Congreso local. Si bien el gobernador públicamente no ha dicho esa boca es mía, su coordinador de comunicación social, Alberto Silva, declaró que en este noviembre el Gobernador Javier Duarte enviará una iniciativa en ese sentido.

Por su parte, los opositores a la reducción del periodo de gobernador a dos años, entre los que se encuentran políticos y empresarios, han cuestionado el presunto ahorro en gastos electorales, la dificultad de realizar un proyecto de gobierno –el primer año recibe y el segundo entrega- y el desaliento a la inversión por la falta de certidumbre del corto lapso.

Aparte del inconveniente escenario político para el PRI al juntar la elección de gobernador de 2018 con la de presidente de la República, la cual ha perdido en Veracruz desde el 2000. Con la influencia de esta elección federal sobre la local, el PRI llevaría el riesgo de perder las dos.

OTRAS OPCIONES

Mientras corren versiones de que el gobernador está por enviar su iniciativa de reforma política electoral al Congreso y se conoce si va la de dos año o no, hoy entrar a otra iniciativa que plantea que sea de 5 años. En 2021 se empataría con la elección de diputados federales 2030 con la de presidente. La presentará una fracción disidente del PAN –al parecer tres de los diez que forman su bancada, y colgado de ellas, el senador del PAN, Fernando Yunes Márquez, pretenden ser el expositor de la iniciativa. A ver si lo dejan.

Queda por confirmar si los jefes del PRI en el centro están de acuerdo con la reducción y sus implicaciones políticas, sabido que detrás del ajuste ahí un proyecto para mantener el control del estado, sin renovación del grupo político que llegó hace diez años con Fidel Herrera. Dado el control que tiene el Congreso –si los dejan en el centro- harán la reforma que quieran, sería legal pero dudosamente legítima. Están uniendo a diferentes corrientes, pero en otra contra. Otro cuento sería que puedan ganar en 2016, las reglas de la competencia son otras, y el órgano electoral local se renovará, aunque en las ilusiones hasta Carolina Viveros sueña que será ratificada.

No hay una sola formula para homologar el calendario de elecciones con las federales. El gobernador de dos años no es la mejor.