#AsuntosPúblicos: COMPLOT

De mal en peor las reacciones de la presidencia de la República que encabeza el priista Enrique Peña Nieto ante las situaciones nacionales críticas que han emergido en el lapso corto de un mes y medio, sobretodo a partir de los trágicos hechos de la represión y el homicidio masivo a los normalistas en Iguala, Guerrero, a fines de septiembre, y sus secuelas de movilizaciones de protesta social –comportes de violencia y vandalismo de anarquistas-, que sea propagado de modo creciente en el país.

Nos esperaba una crisis política antes de que el gobierno de EPN cumplieran los dos años de gobierno y menos que cumpliera cuando aún celebraban la culminación del paquete de reformas estructurales, predominante -económicas hacendaria, energética, de telecomunicaciones y financiera, entre otras -, pero también en el ramo educativo y político-electoral, conseguidas con el Consejo de las principales fuerzas políticas nacionales. Aunque ya había registros de la caída en la aprobación al Presidente debido al débil desempeño de la economía, a la afectación por la reforma tributaria, y la acumulada pobreza de mayorías, el grupo gobernante ganaba tiempo con las promesas de que las cosas mejorarían con la implementación de las reformas que traerían la inversión, crearían empleo e iban a detonar el crecimiento. Había construido también una imagen de relativa contención a la delincuencia organizada, apoyados en la captura de algunos capos (como el Chapo Guzmán), aunque se encontraba con el aumento de los delitos de secuestro y extorsión; Michoacán era uno de los pocos focos rojos, junto con Tamaulipas y el Estado de México, pero no se desbordaban. Todavía alcanzo a presumir la Gendarmería Nacional, una policía de élite para proteger áreas económicas de la delincuencia.

FACHADA FRÁGIL

Es muy corto lapso, comenzó a hacer agua el gobierno de Peña, particularmente con la revelaciones de abusos militares –las ejecuciones militares en Tlatlaya; pero la compuerta de la debilidad del estado de derecho y las instituciones de justicia se abrió con la matanza de normalistas en Iguala, que exhibió la persistencia de las alianzas corruptas de políticos, policías y delincuencia organizada. Este hecho ha sido catalizador de la inconformidad con el régimen expresada por segmentos propensos a la protesta social, como estudiantes y miembros del magisterio radical, muchos de los cuales ya habían salido a la calle en ocasiones de la reforma educativa el año pasado.

Falló el gobierno de Peña en la previsión de los hechos en Iguala, no bastante la información previa de los anexos de la política y el delito en ese estado que gobernaba el PRD, ¿cómo ignoraban las fosas clandestinas repletas de cadáveres ahora encontradas?, luego se demoraron en la remoción del gobernador, en la captura del presidente de Iguala, señalado de autoría intelectual del secuestro y exterminio de las más de 40 estudiantes; se demoraron en ofrecer versiones convincentes del destino de los ”desaparecidos”; se equivocaron en la designación del gobernador sustituto, borrado por las protestas y disturbios en Guerrero, que han prendido en todo el país especialmente en el medio estudiantil. Las marchas en las que participan los familiares de las víctimas piden imposibles, ”vivo se los llevaron, vimos los queremos”, dicen sus lemas.

Lo cierto es que hoy hay interlocución con el movimiento -si la hubieran ya no se manifestarían. El secretario de gobernación, Miguel Osorio Chong, rápido se desinfló como negociador luego de su fallida intervención con el movimiento del Politécnico, al que creyó tener en la bolsa y pronto lo rebasaron. Las manifestaciones en el país, previstas para hoy, por lo pronto provocaron la cancelación de desfiles del 20 de noviembre en el DF y en varios estados, entre ellos Veracruz, que se escuda en los Juegos Centroamericanos.

CASITA EN VENTA, DECLARACIÓN PATRIMONIAL

La crisis política dejada crecer por los sucesos de Iguala se combinaron con una crisis de confianza y señalamientos de presunta corrupción en la esfera personal y familiar del presidente Peña.

Una investigación periodística de Aristegui Noticias, como se sabe, documentó un conflicto de intereses en la edificación de una residencia valuada en 70 millones de pesos para la esposa del presidente, la actriz Angélica Rivera, por parte de una de las empresas asociadas al consorcio ganador de una licitación federal de la SCT en el proyecto del tren rápido Querétaro-DF, por un valor de 50 mil millones de pesos, además de su contigüidad con otra residencia, también de la primera dama, esta ”transferida por la empresa Televisa”. El golpe informativo, anticipado, provocó un intempestiva cancelación del proyecto, sin base legal y por lo que podría pagarse indemnización si la reclaman, que no por casualidad, se sospecha, coincidió con una gira de siete días del presidente a China y Australia, mientras viajaba en las aguas negras del escándalo. Desde su regreso, esta semana, Peña ha traído un discurso de amago de usar la fuerza –si las manifestaciones infligen el orden legal-, al que agregó casi de inmediato la versión de que hay un complot en su contra, algo muy delicado dicho en boca del jefe del estado mexicano. Mezclando la protesta social con la revelación del conflicto de intereses en el tema personal, el presidente indignado aseguró que ”parecieran que respondiera (sic) a un interés por generar desestabilización y atentar contra el proyecto de Nación”.

Para tratar de lavar su imagen y de su esposa, primero la manda a ella –que nada tenía que hacer pues no es servidora pública- a explicar en una videoconferencia como adquirió los millonarios bienes, ambas residencias fruto del trabajo como actriz, y a informar que como ahora ya no quiere la envidiada casa pondrá a la venta sus derechos sobre ella; y ayer, celebrando la actuación de su admirable cónyuge, Peña decidió hacer pública su declaración patrimonial –posees vienes por 48.5 millones; la rica es ella.

SER Y PARECER

La cadena de errores en este tema viene desde antes, faltos de previsión, pero no de candor ni ambición, en permitir que la televisora, un poder fáctico y con grandes intereses conectados con la esfera gubernamental” transfiriera” a la esposa del Presidente de la República una residencia –así haya sido como contraprestación laboral, como dicen, que no se cree, además de un supuesto pago por “exclusividad” por 80 millones de pesos. Otro más, consentir que un empresario ligado al contratismo gubernamental de Peña, desde el gobierno del Estado de México, adquiera el terreno contiguo y financie la construcción de la nueva casita blanca, empresario que no por casualidad aparecerá como asociado a la empresa china ganadora del proyecto del tren rápido.

Como servidor público, Enrique Peña Nieto –su cónyuge independiente –por el y cultura democrática están sometidos al escrutinio público ya la rendición de cuentas. Debatir y aclarar el conflicto de intereses y la presunta corrupción nada tiene que ver con algún complot.

Enredado en sus propios actos –y muy mal aconsejado- el presidente Peña hace rato que no ve la suya. Y apenas va en el segundo año.