#AsuntosPúblicos: MEGA MARCHAS

Visto ayer uno de los puntos más altos en las manifestaciones nacionales por el caso de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en su mes y medio de emergencia y evolución, cabe considerar cuánto más de vitalidad tienen y si podrán sostener en el espacio público con simpatizantes y promotores con los objetivos inalcanzables que ahora los cohesionan.

Hubo marchas de cientos y miles en más de la mitad de estados de la República, en el estado, en Xalapa y el Puerto de Veracruz y la mayor concentración en la capital del país donde, según cifras de autoridades, se congregaron en la protesta alrededor de 30 mil personas. No faltaron algunos incidentes y conato de violencia –la presencia de encapuchados autodenominados anarquistas y sus cócteles molotov- que ya son señalados por los manifestantes, pero no hubo daños mayores-exceptuados económicos, los de los comercios que deben cerrar-, en general, fueron pacíficas.

Por las circunstancias atroces en que ocurrieron los hechos afines de septiembre pasado, la presión el movimiento normalista y el homicidio masivo de 43 estudiantes por parte de la policía de Iguala y miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos, obtuvieron de inmediato la atención mediática nacional e internacional, así como de organizaciones de derechos humanos y gobiernos para presionar el esclarecimiento y la aplicación de la ley a los responsables.

Hace ya cierto tiempo que se alcanzaron los fines inmediatos de las manifestaciones iniciales. Se logro no sólo la visibilidad pública del problema, la exhibición del contubernio mafioso político delincuencial en Iguala y en otros puntos del Estado de Guerrero; se mostró la indignación, el enojo y la condena. La reacción, aunque tardía, de las autoridades federales tiene resultados. Hay más de 70 detenidos y sujetos a proceso penal, entre policías municipales y miembros de los Guerreros Unidos, incluido el ex presidente municipal de Iguala, José Luís Abarca, cuya esposa solo está arraigada. La Procuraduría de Murillo Karam, aunque no encontró los cuerpos –basados en testimonios de los detenidos sostienen que fueron quemados-, ya los dio por muertos. Y hasta removieron al gobernador del PRD Ángel Aguirre y se nombró gobernador sustituto.

OBJETIVOS IRREALIZABLES

Ante esa postura oficial que al menos formalmente cubre el protocolo de la aplicación de la ley a los presuntos responsables, nada puede lograr el movimiento que sigue exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes ”desaparecidos”. El Lema y las caretas que decoran las marchas puede tener una retórica que mueve a la solidaridad, la compasión y la condena a las autoridades, y aglutina hoy aún a estudiantes, maestros y luchadores sociales –ausentes los partidos políticos como tales, incluso han agredido al líder del PRD. Pero a menos que se crea en milagros, ese objetivo –vivos los queremos- es irrealizable. El comprensible dolor de los familiares de las víctimas y la psicología del duelo causa la negación inicial de la muerte del ser querido. Pero no es un objetivo realizable de lucha y cambio social. El otro objetivo expresado en manifestaciones, la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, igualmente tampoco está al alcance, ni por presión del sistema, menos por derrocamiento, no en las condiciones políticas actuales, no obstante las dificultades de gobernabilidad y crisis de confianza por las que atraviesa.

Si el movimiento originado por el asunto de los normalistas de Ayotzinapa no se plantea objetivos políticos viables y no se traduce en una participación institucional por el cambio, no tendría mucho futuro. La creación en el siglo XXI del movimiento del 68 terminaran agotándose. La violencia que algunos intentan introducir sólo provocaran la justificación del empleo de la fuerza pública, la cual además estaría legitimada cuando atenten contra el orden público y los derechos de los demás. La revolución no está a la vuelta de la esquina. El gobierno debe entender el mensaje, que no se repita otra Ayotzinapa.

LAS REGLAS DEL PRI

En otro escenario, el de los procesos electorales, avanzan en los partidos políticos las definiciones de métodos de selección de candidatos a diputados federales que serán electos en junio del próximo año. El PRI, partido mayoritario en la cámara baja y también en el estado de Veracruz, ya aprobó su calendario interno y dos fórmulas de selección que se aplicarán por grupos de distritos electorales. De los 21 que integran la geografía electoral del Estado en elecciones federales, un primer grupo de candidato será designado por Convención de Delegados, para estos habrá convocatoria del 21 de diciembre y registro de aspirantes el 2 de enero de 2015. El otro grupo será designado por un nuevo método, por ”comisión para postulación de candidatos”, el cual se adoptó en reciente reforma a sus estatutos. Su convocatoria se lanzará a principios de enero y, al parecer, se tratará de los distritos en los que colocarán en automático a las damas priistas para cumplir con la paridad de generó que ahora impones la legislación electoral.

Como reacción a toro pasado a la infiltración de la delincuencia organizada en la política (caso Iguala), el PRI filtrara a sus candidatos y los aspirantes deben firmar una autorización para que se les investigue su situación patrimonial y fiscal, su entorno social y su actuación como servidor público. A ver si pasan o se hacen de la vista gorda. Los que hoy son servidores públicos y pretenden ser candidatos –entre ellos la mitad del gabinete estatal, y varios diputados y diputadas- deberán separarse de sus cargos para fin de año.

SALUD

Bajo los efectos de su promesa de declarar con verdad, el nuevo Secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, en su pasada comparecencia al Congreso deslizo temas comprometedores. Reveló que los pasivos de la dependencia “por operaciones normales” al 30 de septiembre suman 4 mil 566.8 millones de pesos, la cifra se contradice con la que dio en la suya el Secretario de Finanzas, Mauricio Audirac, quien en total por ese concepto sólo admitió nomás de 2 mil millones de pesos.

También exhibió Benítez la ineficiencia del mecanismo centralizador de las compras en el sector salud implementado por la administración federal. Tiene embodegadas las medicinas, paralizadas en la distribución.