#AsuntosPúblicos: DECÁLOGO Y CODA

Con reacciones encontradas de escepticismo y reservas, aclamaciones y aprobación muestras de la pluralidad del país, el presidente Enrique Peña Nieto expuso ayer en Palacio Nacional y como mensaje a la nación su plan de gobierno para enfrentar las deterioradas condiciones institucionales en materia de justicia, seguridad, derechos humanos y vigencia del estado de derecho.

No sin retórica lacrimógena ala “barbarie” de Guerrero y sumado ala consignaste ”Todos somos Ayotzinapa”, el presidente Peña preciso en 10 puntos y un agregado el conjunto de reformas legales y medidas administrativas que impulsará de manera inmediata para avanzar en la construcción de un efectivo estado de derecho en México.

Conviene identificar los puntos centrales de su planteamiento, ya que los temas estarán en la agenda pública a partir de ahora, se mantendrán en el debate político y en el proceso legislativo que habría, así como en las evaluaciones que en lo sucesivo habrá de hacerse de la gestión del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y municipales.

Asimismo, por las modificaciones que proyectando solo al marco jurídico nacional –en la Constitución y leyes secundarias-, sino también en la operación de varios niveles del federalismo, en las reacciones entre los ámbitos de gobierno –federación-estados- municipios- y en la relación autoridad-gobernados.

REFORMAS CONSTITUCIONALES

Los tres primeros mandamientos del profeta Enrique acometen nuevamente la reforma a la Constitución Política del país. El próximo lunes, adelantó, presentara las iniciativas, pero ya delineó su alcance. La primera de ellas facultará al Congreso a expedir la Ley Contra la Infracción del Crimen Organizado en las autoridades municipales, cabe preguntar: ¿por qué sólo a estos y no incluyó a las entidades federativas o estados de la República? focaliza el problema en los gobiernos municipales y se prevé que la federación asume el control de los servicios e incluso que disuelva un ayuntamiento cuando existan ”indicios suficientes” de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada, temas delicados y no exentos de controversias por las naturalezas democrática de la elección de autoridades municipales. La segunda reforma constitucional, anticipó Peña, será para redistribuir competencias de actuación de procuración de justicia y jurisdiccionales en el combate del delito, con el criterio de “las fortalezas institucionales de los distintos órdenes de gobierno”. Habrá que seguir qué materias serán federales o estatales y si habrá o no concurrencias, esperemos las definiciones sean claras, congruentes y viables en su aplicación. La tercera reforma constitucional suprime las policías municipales y creará de manera obligatoria las ”policías estatales únicas”, apuesta Peña a los gobiernos estatales, mejor tener 32 policías que mil 800, el problema será su a financiamiento, sobretodo porque las quieren profesionales y ”pagarles bien”, a ver como lo plantean, por lo pronto, empezará la transición en cuatro estados considerados críticos: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.

OPERATIVAS

Las tres siguientes son medidas operativas; la creación de un número telefónico único, se ve de relleno y poco práctico, el 911, para emergencias a nivel nacional, ¿atenderán desde la ciudad de México un SOS de Yucatán?; La recuperación del viejo anhelo de la Secretaría de Gobernación de la clave única de identidad, un control de información personal, seguramente muy costoso, criticado además por la intromisión del estado en la esfera privada. Otra acción mezclada en el paquete es la reforzamiento de la seguridad Federal en municipios de un grupo de estados con graves problemas de violencia delincuencial: Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas.

LEYES SECUNDARIAS

Que ahora si habrá ” justicia pronta y expedita” en vez de lenta, compleja y costosa y que se llevará al terreno de la ”justicia cotidiana”, accesible a todo “ justiciables”, para ello, se convocarán a foros de consulta y, con base en ellos, el presidente enviarían iniciativas de reformas legales. También tuvo su lugar en el decálogo la protección de los derechos humanos, ofreciendo fortalecer protocolos y procedimientos, entre otros, sobre los casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales; así como el compromiso de promover la aprobación de diversas leyes en materia de combate a la corrupción, varias de las cuales ya están en el Congreso de La Unión o en discusión entre los grupos legislativos, tales como el Sistema Nacional Anticorrupción, la creación de un tribunal imparcial y la mayor transparencia en los contratos gubernamentales; Aunque ustedes no lo crean (ni yo tampoco).

ZONAS ECONÓMICAS

Además de los 10 puntos, el presidente sacó de colofón la justicia social y anunció un plan especial para reducir pobreza, marginación y desigualdad en los estados del sur del país. Se creará una zona económica preferente, con inversiones adicionales e incentivos para atraer empresas y crear empleos. Créditos preferentes, descuentos en impuestos y contribuciones al IMSS e Infonavit, impulsando al campo, plan emergente de empleo temporal, programa inmediato del pavimentación. El desarrollo del sur no puede seguir esperando más, aseguro Peña, sin embargo, el sur, para él, son tres estados: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Veracruz no fue considerado en la zona económica especial. Hay de pobres a pobres. Tampoco en los estados con municipios con más problemas de inseguridad infiltración de la delincuencia.