#AsuntosPúblicos: LEYES ANTICRIMEN

+ Columna de Eduardo Coronel Chiu, publicada en Diario AZ Xalapa y Veracruz

Zona Centro

Eduardo Coronel Chiu - 2014-12-04

Como parto de los montes o un tirititito resultó la iniciativa de reformas a la Constitución en materia de Seguridad Pública y justicia enviará este lunes por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de La Unión.

Con excepción de sus incondicionales, el grupo político del PRI, sus cuadros partidistas, legisladores y gobernadores, insuficiente para alcanzar en este momento un cambio constitucional, en los demás sectores de la política, economía y sociedad su propuesta ha sido recibida con reservas, desde confianza o rechazo, signo claro de que ya ha pasado el momento de Peña y que el inicio de su tercer año de gobierno se le comienza a pasar la cuenta por la ausencia de resultados convincentes.

El entorno político social no cura un tránsito fácil de la iniciativa, además de que sus contenidos son cuestionables desde el punto de vista jurídico constitucional y administrativo.

El presidente es percibido como un pato cojo, con legitimidad mermada y sin capacidad de ofrecer salidas viables, aparte de que el año que viene es electoral y los actores políticos podrían tener más rendimiento confrontándolo que facilitando sus planes, que además no parecen ser muy factibles.

Como se ha corroborado en recientes encuestas publicadas por diarios nacionales, la aprobación del presidente se ha derrumbado en los últimos meses, más todavía entre los líderes, pero también en el grupo de la población. Le pesa Ayotzinapa y la ola nacional de protestas generada, sus escándalos personales de conflicto de intereses y presunta corrupción, así como el pobre desempeño de la economía.

Frente a la crisis de su gobierno y en un intento de recuperar la iniciativa, el presidente, en vez de reordenar tus cuadros de colaboradores, sustituir a los que no han funcionado, y plantear acciones de resultados inmediatos en la aplicación de la ley, combate a la delincuencia e impunidad, dirigencia del estado de derecho, se ha sacado de la manga un plan de cambio de normas constitucionales.

CENTRALISMO, MANDO ÚNICO Y BUROCRATISMO

No pocas observaciones pueden hacerse de inmediato al plan de Peña Nieto. Entre ellas que parte de un diagnóstico simplista; la causa de la corrupción y debilidad política se debe a las atribuciones de seguridad que tienen los municipios; propone una solución centralista: crear el mando policial único estatal, como siguen las policías estatales fueran un modelo de eficacia e integridad ética, infranqueable a la delincuencia organizada; adicionalmente, en refuerzo al centralismos, plantea un mecanismo excesivo de intervención federal, la desaparición de poderes municipales ”por indicios de infiltración de delincuencia”, en cuyo caso la federación asumirá total o parcialmente los servicios municipales, y además suprimiendo toda defensa jurídica a los servidores públicos electos, quienes no podrían interponer ante la Suprema Corte de justicia de la nación una controversia constitucional. En cuanto a la implicación, se observa burocrático, lento y sin claridad en la suficiencia de su fuente de financiamiento. Los gobiernos estatales atreverán las policías municipales, se crearán protocolos de homologación nacional, Y para pagar a las policías, los estados recibirán las aportaciones de fondos municipales destinados a seguridad, pero no hay presión en cómo se financiarán los aumentos en los costos derivados de los incrementos en remuneración y equipamiento, entre otros. Para la integración del mando único proponen se haga conforme aplanes ”estratégicos” de transición, que va para largo. Si los cuatro estados identificados como prioritarios por su grave problema de seguridad: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas tendrían hasta dos años, contando a partir de la aprobación de la reforma constitucional, al resto todavía le cuelga. Se llevaría lo que queda del sexenio.

Para enredar todavía más, se proponen otro grupo de reformas al sistema de competencias sustantivas y de procedimientos en materia penal entre la Federación y los estados.

Pero el pacto por México se agotó. Los partidos políticos que le hicieron el juego reformista a peña en los dos primeros años, el PAN y el PRD, y sus divisiones internas y estrategias electorales para el año entrante, ya anticiparon que no se someterán a la agenda presidencial de seguridad y justicia. No sé apresurarán a discutirlas y están descartando períodos extraordinarios en el congreso para debatirlas. Es incierto el destino de esa reforma. Tendré que encontrar algo mejor Peña para recuperar la iniciativa y mejorar su deteriorada imagen.

MUERE MAGISTRADO PATIÑO

En el medio judicial lamentaron ayer la muerte del magistrado Julio Patiño Rodríguez, donde era uno de los jefes de hace más de 20 años. Llegó al estado en 1986 como jefe de asesores del Gobernador Fernando Gutiérrez Barrios (1986-1988) –venía de ser oficial mayor del presidente Luis Echeverría-, y a la renuncia de aquél, fue postulado para senador de tres años; retorno con el Gobernador Patricio Chirinos Calero(1992-1998), quien lo nombró magistrado del Tribunal Superior de Justicia y presidente de ese órgano todo el sexenio; su historia política registra el cambio de lealtades y la operación por consignar desde el poder Judicial del juicio penal en contra del ex gobernador Dante Delgado (del grupo político de Fernando Gutiérrez Barrios), que lo mantuvo en prisión, como se sabe, por móviles políticos combinados con evidencias de corrupción que, sin embargo, conforme a la ley entonces vigente, había prescrito como lo determinó el juicio de amparo resuelto por el Poder Judicial Federal que finalmente liberó al ex gobernador. De ese tiempo se le recuerda por la gestión para crear el Fondo Auxiliar del Poder Judicial con los depósitos y finanzas consignadas en los procesos. Al término de su encargo político, no se retiró con el grupo con el que llegó y se quedo como magistrado. Otra de sus promociones fue la elevación del monto de las pensiones a magistrados al 100% de las percepciones de los activos –sumada la del IPE a la complementaria-, de privilegio y excepción aprobada generosamente por el Gobernador Javier Duarte hace un par de años. La nomenclatura de magistrados perdió uno de los suyos.

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