#AsuntosPúblicos: LEY DEL IPE: LITIGIO NO RESUELTO

No hay todavía nada definitivo en los diversos juicios legales generados por la aprobación de la nueva ley de pensiones del estado, en su mayoría demanda de amparo y una acción de inconstitucionalidad. Aunque por la politización del tema Y el interés informativo, las partes involucradas, conforme a sus intereses, amplifican sus puntos a favor Y sola allá en las compras cada vez que hay alguna novedad o expectativa de resolución.

Hay muchos puntos controvertidos, pero no la totalidad de la ley, que entre sus innovaciones incrementa cuotas y aportaciones, las edades para tener los beneficios, fíjate topes al monto de las pensiones e impone a los pensionistas una contribución del 12% al fondo de reserva, modificación que no afectan de igual manera a todos los quejosos, así que habrá que darle seguimiento a las resoluciones casuísticas y a los patrones que se vayan determinando en las sentencias del poder judicial de la Federación. Pero cuando se den y hayan agotado todas sus instancias, que como se sabe en el sistema judicial mexicano son múltiples.

Por ello, para no perder la claridad de cómo va el partido, si bien debe darse seguimiento a los puntos que acredite cada parte, no será sino hasta que se agoten las instancias y no haya más recursos cuando se sabrá cuál habrá sido el desenlace final.

Politizado por partidos políticos, sindicatos y asociaciones de pensionados y hasta por el anterior presidente de la Comisión Nacional de derechos humanos(CNDH), quien ocupó su acción de inconstitucionalidad en campaña reeleccionista, finalmente fallida, los numerosos y diversos juicios han tenido hasta el momento resoluciones parciales.

Por un lado, se vitorearon resoluciones de suspensión provisionales y definitivas de los efectos de la ley, concedidas por algunos jueces de distrito, adelantando triunfos que no lo son, ya que la suspensión es sólo un incidente o RAM en el juicio que se otorga como medida de protección precautoria, pero que no prejuzga sobre el resultado del análisis de fondo, aunque pendiente de determinarse. Por otro lado, también se celebraron los desechamientos sus demandas de amparo algunos por defecto de promoción, y otros resueltos de fondo, pero que tampoco agotan los cientos de demandas aún sin resolverse.

CUENTA DE PROTECCIÓN, NO KO

El episodio más reciente divulgado en medios de comunicación –y ya reconocido por autoridades señaladas como responsables, entre ellas el IPE y el Congreso local- es una sentencia dictada por un juez de distrito del estado de Guerrero –en jurisdicción auxiliar-, el cual declara inconstitucionales e inconvencionales dos artículos de la nueva ley del IPE, uno de ellos, el relativo al sueldo regulador, promedio de los sueldos de pensionista , en vez del último quejoso como activo, como base de la pensión, y la obligación del pensionista por jubilación, vejez y pensión anticipada de aportar el 12% de suspensión. En principio, esta sentencia sólo beneficia a sus promovente es, que en el caso son cinco, además que no es definitiva, pues cabe recurso de revisión, que seguramente se interpondrá, Así que será un tribunal colegiado el que evaluará la sentencia, misma que puede confirmar, pero también modificar o revocar.

Por otro lado, nada garantiza que los demás jueces de distrito que conocen de los cientos de amparo resuelvan de la misma manera que el juez de Guerrero, pues cada uno de ellos tienen ”libertad de jurisdicción”.

De la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH todavía no se sabe nada.

No hay que irse con la finta. Mejor esperar a que caiga el último auto.

SECUESTRO DE LA PRESA YURIBIA

Otra vez los grupos de campesinos de Tatahuicapan se apoderaron de la pesa Yuribia, que suministra agua a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, cerraron las válvulas y como nueva presión hasta amenazas con “dinamitar” la pereza. Las crónicas de ayer reportara no sólo el fracaso sino la humillación de la negociación. Hubo desde correctísima a los alcaldes de la zona, cristales de camionetas rotos apedreadas, hasta retención y golpes de los representantes de la Secretaría de gobierno, incluso la puesta de rodillas del delegado de política regional, José Luis Utrera, obligado a pedir perdón por expresar en la asamblea cuestionamientos a la representatividad del grupo posicionado de la presa.

Sin ignorarlos los enormes rezagos y necesidades de la población de origen indígena de la sierra de Tatahuicapan, la radicalización de sus presiones en reclamo de apoyos económicos y en obras no deja verse como un círculo vicioso de extorsión e ingobernabilidad, muy probablemente aprovechado por ciertos líderes, plenamente identificados.

La recurrencia de la toma de la presa intensificara en los últimos años muestra una pauta de movilización y ocupación, negociación del gobierno del estado, acuerdos con base en promesas y entregas de apoyos y dinero, cumplimiento parcial, reducción de apoyos o nuevas exigencias y vuelta a la toma de la presa. En mayo pasado, seguridad pública tuvo que desalojar la ocupación, en diciembre pasado, los secretarios de Gobierno y de Infraestructura, Eric Lagos y Gerardo Buganza, acudieron con ellos a suscribir acuerdos, en fecha anterior el gobernador Duarte se reunió en Coatzacoalcos con los alcaldes de la zona que reclamaban obras. No pocos observadores de allá ubican la radicalización del movimiento con la presencia en el gobierno anterior del contratista Juan Manuel Flores, el Oaxaco, desaparecido desde hace un par de años, quien recibió obras en la zona y tocó a varios de los líderes campesinos que pugnaban para que el negocio siguiera. El heredero al parecer es un ex alcalde de Tatahuicapan, el profesor Esteban Bautista, mandamás del comisario ejidal y de la organización denominada consejo de gobierno de los pueblos indios.

El secretario de Gobierno, Eric Lagos, el que suscribió los compromisos a nombre del gobernador del estado, no acudió ayer, pero tampoco envió el dinero del rescate. Mando a su director de política regional, Roberto Álvarez Salgado, El Mandinguita y al hincado Utrea, con pura salida. Y eso no funciona. O pagan o aplica la ley, pero el puro rollo no resuelven nada en Tatahuicapan.