#AsuntosPúblicos: EL DAÑO PATRIMONIAL EN 2013

Como lo hizo el año anterior, el diputado Francisco Garrido, presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso local, el pasado jueves adelantó en conferencia de prensa los resultados de las auditorías a las cuentas públicas de 2013 realizado por el Órgano Superior de Fiscalización (Orgafis), encabezado por Lorenzo Antonio Portilla.

Aunque el diputado del AVE no dio detalles de las irregularidades encontradas-el dictamen correspondiente se elaborará y presentará al Congreso este mes-, refiero de modo general el monto detectado de presunto daño patrimonial a los recursos públicos ejercidos en 2013-casi 800 millones de pesos-, pero en la mención de donde habrían cometido los desvíos, 69 ayuntamientos y varias dependencias estatales, vuelven a aparecer conocidos reincidentes.

Si bien las imputaciones no son aún definitivas –los señalados tienen como, como se sabe, varias instancias de defensa administrativa y judicial en las que generalmente aclaran o restituyen fondos para evitar las denuncias penales- es posible anticipar algunos que no pasarían, dado que el año previo tampoco consiguieron limpiar sus cuentas.

El más relevante es la reiteración de las observaciones en el Poder Ejecutivo, esta vez por casi 268 millones de pesos a los fideicomisos relacionados con el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos (el del Puente I, que capta ingresos; y el de la construcción del inconcluso y paralizado Túnel), así como a los áreas ejecutoras de obra- una de Secom y la otra de Sedesol- hoy adscritas a la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

OTRA VEZ EL TÚNEL SUMERGIDO

El fideicomiso del Túnel Sumergido dejó en 2012 un daño patrimonial acreditado, no presento, por 225.8 millones de pesos. Así que más que saber ahora de cuánto es la nueva imputación, que podría estimarse similar, de más interés sería conocer que hace que hace el Gobierno del Estado para resarcir el daño al patrimonio público, incluyendo otra ilícitos y responsabilidades vinculadas a la cuestionada obra, de la que no acaban de determinar acciones legales en la Procuraduría del Estado, pese a que aseguraron que presentaron denuncias en diciembre de 2013.

LAS S(OBRAS)

Considerando el precedente en el rubro de obras públicas, es previsible que sólo sea un apretón de tuercas. De este grupo, en el año previo, logró zafarse, supuestamente mediante comprobaciones, el extitular de la Secom y hoy diputado del PRI, Raúl Zarrabal, quien ahora estaría de nuevo involucrado si las observaciones corresponden al periodo anterior a julio de 2013, fecha en que dejó el cargo, y si son de agosto a diciembre le tocaría aclarar al mocho-moche Gerardo Buganza, ya que se verá.

De la otra dependencia hoy de SIPO, la Dirección de Obras Públicas de Sedesol, tendrán que pedirle cuentas a Caleb Navarro, quien en la reestructuración se llevó esa área a la SIPO donde asumió como subsecretario; a lo mejor por ese pendiente- no paso corriente- no ha sido nombrado secretario, como se rumora, en sustitución de Gerardo Buganza.

CLIENTELA MUNICIPAL

Del paquete de 69 municipios que en conjunto suman un presunto daño por 527 millones de pesos, se reiteren Fortín, Xico y Alvarado, y de los grandes se anota esta vez en Coatzacoalcos. Estas cuentas corresponden todavía a los anteriores alcaldes.

Falta conocer el informe completo del Orfis y el dictamen de la Comisión de Vigilancia, entonces se retomara seguramente la politizada discusión de las ilusiones contables; cómo es que las observaciones bajo ciertas circunstancias se convierten en presunción de daño patrimonial o quedan en simples recomendaciones administrativas, cuestión siempre debatida en la fiscalización de la cuenta pública.

CONSUMADA REFORMA ELECTORAL, FISCALÍA AÚN NO

Una vez que el Congreso local verificó el pasado jueves que la mayoría de los ayuntamientos, contaron 165 de 212, había aprobado en sus cabildos la reforma a la Constitución Política del Estado en materia electoral, la del gobernador y diputados de dos años en 2016 (y de pasada del ministerio público) de bote pronto, el Ejecutivo la promulgó y publicó. Aparece publicada en el número extraordinario del pasado viernes. Erróneamente algunos interpretaron que con la sola publicación el Procurador de Justicia adquiría ya la condición de Fiscal General, la presumida autonomía y el anhelado como utópico periodo de 9 años en su nombramiento. Tal condición legal seguramente le llegará, pero, de acuerdo a los artículos transitorios del decreto, las disposiciones relativas a la Fiscalía General entrarán en vigor “en la misma fecha en que lo hagan las leyes secundarias que expida el Congreso, necesarias para su funcionamiento”, lo que aún no se realiza. Cumpliendo este presupuesto, además, el Congreso debe emitir una declaratoria expresa respecto al inicio de vigencia de la autonomía. Formalismos, que aún no se han dado.