#AsuntosPúblicos: FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS

A una semana y días de la fecha límite –el 31 de enero próximo– para que la Comisión de Vigilancia del Congreso local presente al pleno de diputados el dictamen sobre el informe del resultado a la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 2013, al parecer todavía no hay consensos entre sus integrantes, aunque sí bastante información disponible.

Al igual que el año anterior –en contraste con revisiones anteriores a las cuentas públicas de 2012–, a estas fechas hay información sobre los resultados de los trabajos de auditorías financieras, legales y técnicas de obra realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). Antes la Comisión de Vigilancia operaba en secreto y el resultado era público hasta que se aprobaban las cuentas.

Ahora circula desde hace días el documento de resumen ejecutivo, una parte del conjunto documental de 5 tomos entregado por el Auditor del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, a los 15 integrantes de esa Comisión de Vigilancia, y además su presidente, el diputado Francisco Garrido, del partido Alternativa Veracruzana (AVE), expuso a los medios los datos generales sobre el presunto daño patrimonial encontrado.

El daño patrimonial

Por el ejercicio de 2013, se ha reportado un daño patrimonial cercano a los 800 millones de pesos, de los cuales casi 270 millones se localizan en el Poder Ejecutivo –los mismos que el año anterior–, la mayor parte, el fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos y en la dependencia ejecutora de obra pública, antes Secom hoy SIOP; y en 69 municipios que en conjunto suman 527.2 millones de pesos.
En el año de revisión –se realizaron más de mil auditorías a 353 entes fiscalizables–, los poderes del estado ejercieron alrededor de 90 mil millones de pesos y los municipios 19 mil 800 millones; de ahí que el porcentaje del daño patrimonial sobre el monto ejercido sea bajo; para el estado es el 0.30% y para los municipios 2.67%. No parece tan sencillo colocar a los servidores públicos en la piedra de los sacrificios.
No obstante que el alcance de la fiscalización para comprobar el uso de los recursos públicos y el resultado de la gestión financiera es más amplio, tiene que ver con la legalidad, la eficiencia y eficacia, el control y la contabilidad, entre otros aspectos, el mayor interés del público se centra en las irregularidades graves, las que supondrían desvíos y aplicaciones ilícitas causantes de un daño patrimonial. Y su consecuencia, el llamado a cuentas a los responsables, la comprobación o resarcimiento del daño patrimonial. Quieren ver sangre.

Politización

Pero el proceso tiene sus reglas, y las leyes permiten a los servidores públicos varias instancias de comprobación; hay además una evaluación de los alcances de la irregularidad encontrada que se asocia con el tipo de observación o recomendación.

Dado que el trabajo técnico especializado lo realiza el ORFIS, directamente o por medio de despachos contratados, los diputados que integran la Comisión de Vigilancia a lo más que pueden llegar es a recibir explicaciones de cómo se realizaron y cuáles fueron los resultados.

Evidentemente no pueden sustituir a los auditores ni reconstruir la totalidad del proceso, tendría que haber una fiscalización paralela, que implicaría otro ejército contable adicional. Lo que además está fuera del procedimiento legal.

Algunos de los diputados, ya se ha visto antes, tienen dificultades para procesar los volúmenes de información, o bien asumen la descalificación del trabajo del Orfis sin evidencias, sólo bajo presunciones. Es el caso de Julen Rementería, uno de los cuatro del PAN en la Comisión de Vigilancia. El año anterior, cuando era coordinador de la bancada del PAN, ahora es un diputado más, no le pareció que entre los ayuntamientos atorados con daño patrimonial muchos de ellos procedieran de su partido; aunque no proporcionó ningún elemento para que se incluyeran a los del partido rival que quería ver en el banquillo. Esta vez se le hace poco el daño patrimonial determinado en el Poder Ejecutivo, pero tampoco aporta pruebas de que el daño haya sido mayor, sólo se le hace “sospechoso” que se solventara una buena parte de las determinaciones encontradas en las fases iniciales de las auditorías. Y por más que le explican en las reuniones con el Orfis y le muestran los documentos de la solventación, no lo quiere admitir. No hay peor ciego…

Otros temas

Aparte del análisis particular de cada institución revisada –los entes fiscalizables–, el informe del Orfis expone un capítulo de observaciones recurrentes en las distintas áreas, inconsistencias de cumplimiento, financieras y de obra pública, así como recomendaciones para la mejora de la gestión financiera de las administraciones. Asimismo, destaca 7 temas considerados relevantes, que habría que examinar por separado: el impuesto predial y los derechos no cobrados por los ayuntamientos; el Instituto de Pensiones del Estado (antes de la reforma aprobada al Sistema de Pensiones), el asunto de Finamed, las obras de los Juegos Centroamericanos (a 2013), el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) previo la apertura a la inversión privada y la segregación de Boca del Río, el Túnel Sumergido, y la deuda pública estatal y municipal.