#AsuntosPúblicos: CRIMEN EN MEDELLÍN

Confirmado ayer el hallazgo e identificación del cadáver de Moisés Sánchez Cerezo, el comunicado y activista del municipio de Medellín de Bravo, levantado en su domicilio por un comando armado el pasado 2 de enero, es de obligación moral no solo la reprobación de su alevoso homicidio –que apunta a ser un ataque a las libertades, en particular a la de expresar y difundir ideas e información pública-, sino también a la exigencia de castigo a los responsables, que resultan ser, presuntamente, el presidente municipal Omar Cruz Reyes, y su subdirector de policía, chofer y escolta, Martin López Meneses, además de los 5 ejecutores materiales, uno de ellos Clemente Noé Rodríguez, confeso de los hechos.

El Procurador General de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo, bajo intensa presión de medios de comunicación, organizaciones defensoras de derechos humanos y la libertad de prensa, los familiares de la víctima que apremiaban una resolución del caso –y en la esperanza, su localización con vida –terminó por apretar en el pequeño círculo establecido desde el principio de la investigación: la confrontación de Moisés con el alcalde.

El conflicto no era personal, derivó de las publicaciones que Moisés hacía por internet y en su medio impreso (La Unión), así como a los reclamos al alcalde en mítines por carencias y aumento de la delincuencia en el municipio; por ello, Moisés había recibido amenazas del edil (hay incluso un video en que se lo refiere directamente), situación que fue señalada insistentemente por sus familiares desde los primeros momentos de su desaparición.

En el curso de la indagatoria se arraigó a 13 policías del municipio y hace menos de 15 días el presidente municipal Omar Reyes acudió a declarar a la Procuraduría, aunque éste lo hizo blindado por la dirigencia estatal del PAN y algunos diputados locales de su partido; pretendieron politizar el caso, sugiriendo motivos políticos en la principal línea de investigación.

En el balance del caso, lamentablemente se trata ya de un homicidio agravado; hay un detenido confeso, Clemente Noé Rodríguez, un ex policía intermunicipal dedicado a la venta de droga y quine declaró haber sido contratado, junto con otros 5, para levantar y ejecutar a Moisés, por el subdirector de la policía Martín López Meneses, por instrucción de su jefe el presidente municipal, Omar Reyes; a cambio del servicio de sicarios la autoridad municipal les permitiría el comercio de la droga.

Cuando se presentan estos ataques a los derechos fundamentales a la vida y a las libertades de opinión, publicación y reunión, agravados por proceder arbitrariamente y ventajosamente del poder público, queda fuera de lugar –por ridícula y mezquina –toda disquisición sobre reconocimiento a calidad o tamaño de periodismo y jerarquía o importancia de la autoridad abusiva.

NO A LA IMPUNIDAD

A tiempo en el último plazo que había fijado, el Procurador abrió los resultados y avances de la investigación.
Con todo, se ve débil y poco eficaz, riesgosa que no se haya aún aprehendido al presidente municipal –anuncio el Procurador que en breve solicitará al Congreso su desafuero, lo que aunque apegado a derecho, en la práctica significa dar el pitazo al edil. A ver si lo alcanzan.

La Constitución Política local concede a ciertos funcionarios del estado la protección especial –conocida como fuero (alcanza a presidentes municipales), consistente en que no pueden ser enjuiciados por delitos del fuero común sin que antes el Congreso lleve a cabo un juicio denominado de procedencia; el cual se inicia a solicitud de la Procuraduría y tiene por objeto demostrar a los legisladores que hay elementos suficientes que hacen presumir la posible responsabilidad penal del funcionario. Cumple este juicio todas las formalidades de procedimiento, incluyendo su derecho de audiencia y de aportar pruebas y además alegatos.

Aunque es una protección a las autoridades electas no ser imputados directamente por motivos políticos, en los hechos puede servir para obstruir el curso de la justicia, alargar el sometimiento del funcionario a la ley común y también para darse a la fuga.

La lentitud puede confirmarse con los tiempos que siguió el desafuero de la alcaldesa de Alvarado, Sara Herrera, acusada de homicidio, a quien le aprehendieron porque se cumplió su mandato y, confiada en su exceso de sus padrinos desestimó fugarse, mas no porque en el juicio del Poder Legislativo le hubieran dictado la declaración de procedencia.

Más recientemente el edil criminal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, no lo aprehendieron de inmediato –tenia fuero -, y mientras lo obligaban a pedir licencia se escapó y cierto tiempo estuvo prófugo. Gracias a que le consintieron el fuero.

Por otra parte, la Constitución Política de la República, es sabido, no concede a los presidentes municipales el beneficio del fuero; dado que en la investigación sobre la desaparición forzada –ahora homicidio – de Moisés Sánchez Cerezo, la Procuraduría dela República lleva una investigación concurrente, además de poderla atraer a su jurisdicción por tratarse de un crimen periodista, habría sido más práctico que la PGR aprehendiera al alcalde Omar Reyes, o cuando menos, lo arraigara para evitar su evasión ¿Por qué no lo hicieron así? Si se les pela, no se la van acabar.

SE ACABA EL TESORO DE MOCTEZUMA

El Secretario Ejecutivo del IEV, Víctor Moctezuma está a punto de irse, sus horas están contadas.