#AsuntosPúblicos: Batallas del Año de Hidalgo en el IEV

Como ya se veía venir, ayer reventó públicamente la disputa interna entre los consejeros del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), organismo en vías de transformación por efecto de la reforma electoral y cuyos 5 integrantes se verán sujetos a una renovación antes de que inicie el proceso local de 2016, en la que ninguno tiene la certeza de mantenerse.

La consejera presidente Carolina Viveros, de periodo vencido hace unos días (acumula 9 perniciosos años en el IEV), con una prórroga obtenida del Instituto Nacional Electoral (INE) hasta en tanto no se hagan, desde el centro, los nuevos nombramientos, pretende manejar todavía el gasto en los meses por venir conforme a criterios inerciales de beneficios personales y de grupo, pero enfrenta en la fase final la revuelta de una mayoría de consejeros (3) que intentan modificar el presupuesto que se ejercerá el año en curso.

Los tres consejeros disidentes, Alfonso Ayala, Arcelia Guerrero y Humberto Ramírez, presentaron su propio proyecto en el que contemplan un ahorro de 12 millones de pesos, además de diversas adecuaciones en las partidas de gasto, según criterios de racionalidad y austeridad. Entre las modificaciones proponen que no se adquieran varios vehículos que la presidencia pretende adquirir, cuestionado su necesidad y utilidad, así como las elevadas rentas de inmuebles que no se ocupan y el exceso de personal recién contratado, sin que tenga ninguna carga laboral, pues, como se sabe, este año no se realizan elecciones locales en el estado.

Contra la pared, y luego de discusiones en las que participaron los representantes de los partidos políticos en el Consejo General, que tienen derecho de voz pero no de voto, la presidenta eludió someter a votación la propuesta alterna de los tres consejeros, ya que obviamente saldría derrotada y declaró un receso en la sesión.

Hoy se reanudará la sesión para decidir cómo se habrá de gastar los 340 millones de pesos autorizados por el Congreso local. La redistribución se centra en 80 millones y medio de las partidas relativas a servicios personales, servicios generales y materiales y suministros; el resto, 260 millones, están etiquetados para el financiamiento a partidos políticos y asociaciones políticas estatales, aunque se dice que ahí también le dan su moche los Carolinos –entre las direcciones de Prerrogativas que lo entrega y la de Fiscalización que aprueba las comprobaciones del gasto. Mientras tanto, el Secretario Ejecutivo, Víctor Moctezuma, operador del dinero del club o banda, pieza de Deantes, éste entrometido aún en el organismo, pero sin eficacia ahora para meter al huacal a los consejeros que formaron su propio bloque opositor.

Tendrá que aclararse, al menos, cómo está el asunto de los pagos de marcha a los consejeros que no sean refrendados o los importes clasificados como contingencias laborales, un seguro para el despido y la banca.

De las procuradurÍas

Con los resultados de la prueba genética de ADN, practicada por peritos de la institución, el Procurador de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo, ratificó ayer la identificación del cadáver de Moisés Sánchez Cerezo –el periodista de Medellín asesinado presuntamente por órdenes del presidente municipal panista, Omar Cruz Reyes–, adicionando esta prueba a la de huellas digitales, dactiloscópica, que inicialmente arrojó la primera evidencia.

Los familiares no quieren reconocer la lamentable muerte de Moisés y siguen esperando al peritaje también de ADN que por separado realiza la Procuraduría General de la República (PGR).

Mientras en este caso los familiares de la víctima dudan de la autoridad local y confían en la federal, en Guerrero, los familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala el septiembre pasado no le creen a la PGR. Por su parte el Gobierno Federal ya no ve cómo darle carpetazo al tema de Ayotzinapa. Ayer el procurador Jesús Murillo Karam pretendió concluir la cuestión con una declaratoria final, la verdad histórica, dice, de que los 43 estudiantes están muertos, sus cuerpos incinerados y dispersadas sus cenizas; el motivo, reitera, fueron confundidos por los delincuentes con integrantes de una banda rival. El presidente Enrique Peña Nieto todos los días pone el disco de que ya hay que dar vuelta a esa hoja: “No nos podemos quedar atrapados en Ayotzinapa”. La agenda federal tiene ahí uno de los calabozos.

Golpe avisa

Aunque quiera el Presidente que se vean sus logros, la población no vive de las expectativas propagandísticas de las reformas. La economía nacional lleva a cuestas la caída del precio del petróleo, el acumulado del año anterior y el negativo pronóstico, su inevitable impacto multimillonario en las finanzas públicas –el inminente recorte al gasto público este año–, calculan en hasta 180 mil millones de pesos, que pasará a traer a los estados y a todo el país. Hay que observar la reestructuración del presupuesto federal y cómo pegará en Veracruz, qué proyectos y a qué nivel se mantendrán, cuáles serán cancelados y las nuevas previsiones en participaciones, aportaciones y convenios.

No entró solicitud de desafuero

En la sesión de ayer del Congreso local no entró la solicitud del Procurador para iniciar el desafuero del alcalde de Medellín, el panista Omar Reyes, por su responsabilidad en el homicidio de Moisés Sánchez. Conforme al procedimiento previsto en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, el procurador ¡debe ratificar la solicitud!, por ello será hasta el viernes que den entrada y turno a comisiones, y siga el lento proceso en el Congreso para que declaren la procedencia y se pronuncien por el retiro del fuero. El caso del alcalde de Medellín reabre el tema congelado de la eliminación o modificación del fuero de funcionarios públicos, una excepción y privilegio al principio de igualdad jurídica de las personas ante la ley; todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, como en la granja de Orwell.

Fiscalía No autónoma

La que sí fue aprobada fue la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la que derivada de la reforma constitucional, transforma la Procuraduría General de Justicia, la función de ministerio público, en “un órgano autónomo”. Sin embargo, por gracia de artículos transitorios, inviste al actualmente nombrado, Luis Ángel Bravo, en Fiscal General por nueve años.

Para su ungimiento se requiere además de la promulgación y publicación de la ley ayer aprobada, una declaratoria expresa del Congreso de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General. Puras formas, la autonomía efectiva vendrá cuando se produzca el primer nombramiento de Fiscal General que no tenga su origen en el gobernador, y que la composición del Congreso permita una pluralidad y apertura en la selección de candidatos