#AsuntosPúblicos: CUENTA PÚBLICA 2013

En la sesión de hoy del Congreso local, la Comisión de Vigilancia presentará al pleno de diputados el dictamen a la cuenta pública de 2013; sin duda será aprobada en forma mayoritaria, aunque con el previsible voto en contra del minoritario PAN, que no dejará pasar el momento para escenificar algún cuestionamiento, sacar raja en tribuna con efímeros rendimientos electorales, que pronto se diluirán.

Por lo que se sabe, el dictamen se apega al informe de la revisión de las cuentas realizado por el Órgano Superior de Fiscalización (Orfis) al conjunto del sector público local, integrado por 353 entidades obligadas a rendir de su gestión financiera hecha con los recursos públicos y que comprende a los tres poderes del estado, organismos descentralizados y autónomos, así como los 212 ayuntamientos y los organismos para municipales.
La única modificación incorporada por la Comisión de Vigilancia es la inclusión del Ayuntamiento de Banderilla –como un monto de 5 mil millones de pesos- entre los que habría incurrido un daño patrimonial. Poco varia, por tanto, la cifra del presunto daño patrimonial que asciende a 800 millones de pesos. Por el Poder Ejecutivo, se ratificó que están atorados, de nuevo el fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos con 255.7 millones y las dependencias ejecutoras de obras, antes Secom y Sedesol, ahora enclavadas en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP). Por su parte, los 70 ayuntamientos representan un probable daño por 532 millones de pesos.

Una vez que el Congreso apruebe el dictamen a la cuenta pública los funcionarios estatales y municipales involucrados entrarán a los procedimientos del Orfis para la determinación de responsabilidades, indemnizaciones y sanciones, un último apretón en que puedan intentar la comprobación o reintegrar fondos, para evitar la denuncia penal.

MUNICIPIOS DE MÁS DE 10 MILLONES DE DAÑO

La revisión corresponde al último año de las pasadas administraciones municipales, y entre los reincidentes vuelven a aparecer Xico, con 50.5 millones de pesos y Alvarado (responsabilidad de la ex alcaldesa Sara Herrera, presa por homicidio) con 48.3 millones de pesos. Sobresalen ahora por su monto, Azueta con 40.5, Minatitlán 32.8, Lerdo con igual suma, Coatepec con 25 millones. Para el tamaño de las municipios y los presupuestos manejados, resultan elevados los posibles desvíos en Hueyapan con 23 millones, Yanga con 21.9, Cosautlán con 17.5, Zentla con 15.3, Isla 14.5, Ayoyac 13.2 y Zozocolco con 10.9. De los municipios de más recursos únicamente está Coatzacoalcos el último año de Marcos Teurel debe responder por 11.3 millones de pesos.

LA FISCALÍA Y SU FONDO

Ayer se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, reglamentaria de la reforma a la Constitución para transformar la Procuraduría General de Justicia y la función de ministerio público en un órgano autónomo, misma que inviste al actual procurador como Fiscal General – ya se verá si se hacen hoy, o así se llevan-, pero desde ayer comenzaron a usar su nuevo nombre y siglas (FGE).
En la nueva ley se advierte que la FGE trata de emular ahora al Poder Judicial, al menos en las formas de allegarse de recursos económicos adicionales al presupuesto del estado y en proyectar beneficios personales similares a los que han andado los magistrados. La Fiscalía se ha procurado justicia y para ello se dispone la constitución de un fondo auxiliar, administrado por un fideicomiso pero controlado por el fiscal general. En réplica del Fondo del Poder Judicial, el fondo de la Fiscalía se constituirá principalmente con el monto de cauciones (fianzas y depósitos) que garanticen la libertad provisional, las medidas cautelares y las sanciones pecuniarias de los imputados ante los Fiscales, con las multas que por cualquier causa impongan éstos, y por los rendimientos financieros, ah, y están abiertos a las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros, ¿coopelas o cuello?

El destino de los recursos del fondo tiene institucionales como adquisición o mantenimiento de inmuebles, mobiliario y equipo o acciones de capacitación, con otras de tipo personal: “otorgar estímulos económicos a los servidores públicos de la Fiscalía General, con motivo del desempeño relevante de sus funciones” , además pueden destinar sus recursos a “construir, incrementar y apoyar fondos de retiro para servidores públicos de la institución, así como otras presentaciones” (¿Cuáles?).

En esas líneas acecha seguramente – y lo veremos- la pretensión de constituir su propio fondo de retiro –adicional al de todos los empleados del estado, en el IPE-, y dobletear los montos de pensiones, como en el privilegiado estatus ya creado –con cargo a los contribuyentes-, en favor de los magistrados del Poder Judicial. Hasta el fondo con la autonomía, por ahora de ficción legal y política.