#AsuntosPúblicos: SIN APLAUSOS…

Con excepción de la corte de aduladores del Presidente de la República Enrique Peña Nieto sus subordinados políticos o beneficiados, obligados a la aclamación, a nadie más impresiono ni convenció su planteamiento –hecho este martes – para combatir la corrupción de servicios públicos.

Menos la teatralidad incongruente de instruir en ese mismo acto, al designado secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, un subordinado suyo, a quien en ese momento tomó la protesta que precediera investigar si hubo conflicto de interés en las obras públicas o contratos con la empresa a las que compraron inmuebles el propio presidente, su esposa Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre el cual de antemano tiró línea proclamando su inocencia.

Contra las cuerdas por la opinión pública nacional e internacional donde se ha cuestionado el conflicto de interés del presidente, su familia y grupo cercano, y en aumento la visibilidad de la persistente corrupción pública en México, resuenan numerosas mediciones de índices y ranking, la respuesta gubernamental se observa débil, torpe, desesperada y hasta cínica.

Lo que sea, pero sin credibilidad, mientras persiste en la sociedad mexicana el lastre histórico del saqueo impune del erario público a través de múltiples vías y métodos de exacción: contratismo, simulación, tráfico de influencia, moches y diezmos, peculado y su producto, el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y particulares asociados en negocios. Se tapan con la misma cobija del encubrimiento.

Apenas un ligero avance en la concepción de Peña del problema de la corrupción en el sistema político y social, al menos en palabras, no hace mucho lo entendía como una cuestión “cultural” y ahora lo enunció como “estructural”. Sin embargo, las medidas de peña son superficiales e inocuas, especialmente en la investigación propia. Aparte de la incongruencia de nombrar a un subordinado para que lo investigue –situación paradójica-, creó el conflicto de interés en quien debe investigar al jefe, ya que le dijo no incurrió esa irregularidad, la legislación protege en extremo al Presidente de la República, tiene fuero y durante su encargo sólo puede ser acusado de “traición a la patria y delitos graves del orden común”, que a ver si Virgilio, de aspectos de comedia en sus engominados rizos, “ni mandado a hacer para la obra cómica” –se los va a imputar. Por ahí se va a un camino estéril. Al término de su mensaje a los medios, Enrique Peña Nieto se retiró del atril, y entre dientes dijo “ya sé que no aplauden”, sin percatarse de que estaba abierto el micrófono. Tiene razón. No hay razones para aplaudirle.

SANCIÓN NO INSTITUCIONAL SINO POLÍTICA

Históricamente en México –hay incontables ejemplos-ante la ausencia de instituciones y estado de derecho, el castigo a la corrupción resulta del antagonismo, revanchas y ajustes de cuentas entre grupos y personajes políticos. La disputa por el poder eventualmente sanciona a los perdedores, no por corruptos sino el poder de castigar a los enemigos y premiar a los amigos.

El gobierno de Peña tiene un déficit en el combate a la corrupción. Salvo la maestra Elba Esther Gordillo, la ex dirigente del SNTE, presa por lavado de dinero y evasión fiscal, pero más por su oposición a la reforma educativa, no hay casos relevantes de castigo a la corrupción. El caso de Oceanografía se ha venido diluyendo, los políticos del PAN y del PRD, eximidos por el blindaje dela negociación de las reformas en el pacto, y al nivel delos estados de la República, las persecuciones siguen la lógica del castigo a los abusos delos rivales partidistas o de camarillas, ex gobernadores y funcionarios estatales, imputados sólo en condiciones de alternancia de grupo en el poder.

La necesidad de reducir la corrupción en México –presionada también desde el extranjero-por los sobrecostos de hacer negocios aquí –para dejarlo entrar al club de países que se dicen democráticos-, así como la coyuntura electoral, meterá el tema en las agendas de campaña y legislativas. Habrá que seguir en el Congreso de la Unión el desenlace del sistema nacional anti corrupción.

OTRAS MEDIDAS

El nombramiento de secretario de la Función Pública –no lo había hecho el Presidente e incluso ya desapareció del organigrama esa dependencia -, y la luz de bengala de la investigación del conflicto de interés de la casa blanca y el palacio de Malinalco, taparon las demás medidas anunciadas para “reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría y vigilar los servicios públicos se apeguen a la ley y a la ética” (es en serio, no se rían).

El Gobierno Federal emitirá normas para los servidores públicos hagan su declaración de posible conflicto de interés que confiesen sus riesgos; se creará una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés; se emitirán reglas de integridad, nuevos códigos de ética, especialmente para los responsables de contrataciones; protocolos de contacto para contratos, licencias, concesiones y permisos (queda prohibido el acuerdo en lo oscurito), se harán registros de certificación de funcionario de dependencias, controles de confianza administrativos; ventanilla única de trámite; se publicarán las listas de proveedores sancionados y reforzarán mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción.

La función pública será un apostolado, un camino a la santidad. Gonzalo N Santos, el Alazán Tostado, cacique de San Luis Potosí en el arcaico sistema político del siglo XX, en el cinismo de aquella época, se le atribuía la frase de que para él, “la moral era un árbol que daba moras”. En la segunda década del XXI, se buscan equivalencias sobre la ética, rima menos al juego de palabras, pero el talante cínico no ha variado mucho.

RÉPLICAS LOCALES

En el nuevo centralismo de la restauración priista, en la que no lo hace mano hace la tras, se esperan en breve las adaptaciones en los estados de las recientes políticas del Gobierno Federal. Una golpeadora, el recorte presupuestal, símil del anuncio la semana pasada por la Secretaría de Hacienda, que se sabe se está fraguando, y otra de maquillaje ético, los lineamientos para el control del conflicto de interés de los servidores públicos.