+ Columna de Eduardo Coronel Chiu, publicada en Diario AZ Xalapa y Veracruz
Zona Centro
Eduardo Coronel Chiu - 2015-02-16
Aparte de montar teatros acusatorios de motivación instruida, por falta de eficacia en la fundamentación de imputaciones de responsabilidad administrativas o penales a servidores públicos en el proceso judicial, los muertos del contralor Ricardo García Guzmán gozan de cabal salud.
Por ello, antes de suponer que van a prosperar las acciones punitivas emprendidas recientemente por el contralor del estado Ricardo García Guzmán y dejarle embarcarse en otras, convendría que revisaran su récord de fracasos de la ocasión procedente en la misma función como contralor en el gobierno de Miguel Alemán Velasco (1998-2004).
Hasta ahora no se conoce el fondo dela consigna al contralor para dictar la inhabilitación por 10 años a Álvaro Capetillo –supuestamente no comprobó 36 millones de pesos en su gestión en el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA)- y dejar abierta la instancia penal; tampoco se sabe, pero se entiende, cómo ha sido que la justicia selectiva encuentra irregularidades a Capetillo en el IVEA sin verlas en otros servidores públicos incluso cesados y ya rehabilitados, con mayores signos de enriquecimiento en la actual administración.
En el caso es que los precedentes de Ricardo García Guzmán no convencen de autenticidad en las irregularidades no desvíos detectados y menos de capacidad para poderlos sustentar en un proceso judicial en el que si bien pudiera tener ayuda en las instancias locales, serían revocados en la esfera de los tribunales federales.
Con mayor protagonismo en el gobierno de Miguel Alemán, Ricardo García, en su función de contralor, participó en las acusaciones a varios servidores públicos, uno del previo gobierno de Patricio Chirinos, dos casos más de ex colaboradores de la administración alemanista. En los tres casos, los funcionarios imputados fueron encarcelados y luego liberados, no por la justicia local, sino por haber obtenido amparos de la justicia federal.
TRES A CERO
Se estrenó en 1999 con el encarcelamiento del ex director del Centro de Especialidades Médicas de Xalapa (CEM), Juan Gerardo Nemi Kuri, y dos de sus administrativos, por la presunta comisión de delitos en el pago de nóminas; para el 2000, un tribunal colegiado ya los había absuelto.
En 2002 el gobernador Miguel Alemán arremetió, por conducto de García Guzmán, contra su coordinación de Comunicación Social, Sabás Huasca Rebolledo; el entonces controlador lo acusó de peculado por cerca de 30 millones de pesos; supuestamente simuló pagos de publicidad a medios y carecía de facturas comprobatorias; Sabás ingresó a Pacho Viejo, donde estuvo prisionero un año y meses, fue liberado en definitiva tras ganar el juicio de amparo. Un auxiliar de Sabás, Gilberto Martínez, corrió con mayor suerte; lo aprehendieron y exhibieron de haberse construido una mansión cerca de Xalapa; pocos días después lo soltaron y además le compraron con recursos del Gobierno del Estado en más de un millón de pesos la famosa residencia del fraccionamiento Campestre Tres Pasos, en Emiliano Zapata (por cierto, ¿Quién se quedó con ese inmueble?).
El tercer oso del contralor García Guzmán, en la época de Alemán, fue el caso de Salomon Orta, quien se desempeñó como director del entonces Instituto de Desarrollo Regional del estado (Idere) hoy Invivienda, de 1998 a 2002. La Contraloría lo denunció por peculado de 100 millones de pesos -97 del fondo de desastres naturales y 3 del programa Vivah-; como los anteriores, Salomón fue aprehendido, estuvo en la cárcel de Pacho Viejo durante casi dos años y salió libre debido a que las autoridades del estado no le acreditaron el delito, conforme a la sentencia de amparo.
El actual grupo gobernante, que arribó al estado en 2004, debería de consultar al menos la hemeroteca, y no tragarse el cuento de ineficaz contralor García Guzmán; ya se sabe que quien no conoce la historia está condenado a repetir los errores.
AGENDA
Hoy estará en San Andrés Tuxtla el presidente Enrique Peña Nieto. Viene a un evento de evaluación de la política social, a “constatar” dos años de resultados del programa “Sin Hambre, Veracruz Prospera”. Ni quien lo crea.
Esta semana en el Congreso de la Unión, dicen que los grupos legislativos empezarán a definir los acuerdos para avanzar en la legislación “anticorrupción”, la más rezagada y de urgente percepción, menos para la clase política.
El miércoles 18, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel del Portal, rendirá a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el informe de fiscalización a la cuenta pública de 2013, corresponde al primer año del gobierno de Peña. Además se esperan noticias sobre el gasto federalizado del estado de Veracruz. Se sabe que la ASF trae en la mira a varios de los funcionarios y ex funcionarios del estado