#AsuntosPúblicos: CONTROL DE DEUDA EN ESTADOS Y MUNICIPIOS

Con doble demora y una comisión llega a su fase final la reforma a la Constitución Política de la República en materia de disciplina financiera de los estados y municipios. Finalmente ayer fue aprobada en el Senado, cerrando el ciclo del Congreso de la Unión, después de cerca de dos a los que esa reforma que busca controlar la contratación de deuda pública en las entidades federativas y municipios y supervisar su aplicación, anduvo como pelota de ping-pong entre las dos cámaras legislativas.

Se complicaron diputados y senadores con debates bizantinos sobre la competencia de origen para dictaminar la reforma, y se disputaron además la preponderancia en la vigilancia y opinión de las contrataciones de deuda estatal y municipal; al final de cuentas, convinieron la integración de una comisión legislativa bicamaral; se concedieron, como Congreso de la Unión, las atribuciones para legislar las bases generales en materia de deuda local e igualmente para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, es decir, reforzaron el control central legislativo sobre estados, Distrito Federal, y municipios. Aunque se la llevaron lenta, como no queriéndole entrar a cercar a los gobiernos estatales y municipales.

NOVEDADES

Entre las innovaciones, aparte de tener que pasar por el filtro de la comisión bicamaral, las “estrategias de ajuste” que impliquen convenios con garantías recursos federales, a las que se someterán también los estados con niveles elevados de deuda, habrá nuevas normas para contratar empréstitos e incurrir en endeudamiento, afectar las participaciones o pagar deudas con fondos públicos; se impone la obligación de inscribir y publicar la totalidad de empréstitos en un registro público único, crear un sistema de alertas sobre manejo de deudas, así como sanciones aplicables a los servidores públicos. Limita el destino de la deuda a inversiones públicas productivas, prohibiendo expresamente se use para gasto corriente, condiciona el refinanciamiento o reestructura a que se haga bajo condiciones de mercado, además faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fiscalizar las garantías y el destino y ejercicio de los créditos.

En el ámbito local, la autorización para contratar deuda la hará el Congreso para mayoría calificada de diputados –con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes-, y por mayoría simple, como es actualmente; por otro lado, no obstante conceder atribuciones de fiscalización de destino y ejercicio de créditos a la Auditoría Superior de la Federación, se impone que también la realice de modo regular el órgano de fiscalización estatal, en Veracruz el Orfis. Asimismo, colocan previsiones para las obligaciones de corto plazo al final de las administraciones; éstas se deberán liquidar tres meses antes de la conclusión del periodo, no pudiendo volver a contratarlos en los meses finales.

Las leyes secundarias del orden federal se deberán expedir en los 90 días posteriores al inicio de vigencia de la reforma y los estados homologarán su legislación en los seis meses siguientes, pero se regirán por el nuevo marco constitucional desde que entre vigor. Pero todavía falta que la mayoría de las legislaturas locales la aprueben, cuestión de tiempo, porque la reforma tiene su origen el Pacto por México y cuenta, como se sabe, con el aval del Presidente de la República y jefe de los gobernantes del PRI y sus congresos locales.

EL OTRO RETRASO

De modo similar a tapar el pozo después del niño ahogado llega la nueva regulación y control a la deuda pública en estados y municipios. Los niveles de endeudamiento de las entidades y sus municipios tuvieron crecimiento exponencial en la última década, evidenciando la usencia de controles eficaces. No obstante existir una regulación constitucional que condiciona a gobernadores y ayuntamientos a conseguir autorizaciones de los Congresos locales para contratar deuda pública y la obligación de destinar los créditos, no a gasto corriente, sino a inversiones productivas, dichos filtros resultaron en la práctica insuficiente. El control político de los ejecutivos sobre los congresos locales facilitó el cumplimiento de la ley e incluso, en las legislaciones locales, a falta de precisiones constitucionales, se encontraron las fórmulas para cubrir el formalismo de las inversiones productivas en destinos que no lo eran.

Coincidió la expansión de la deuda estatal y municipal con los periodos de los dos sexenios del PAN en el Gobierno Federal, en la parte como resultado de la mayor autonomía política de los gobernadores, no pocos se fueron por la libre, pero también debido a las precarias fuentes propias de tributación y la extrema dependencia de las finanzas locales de las participaciones y otras transferencias económicas del Gobierno Federal, que llega a ser mayor al 95% de los ingresos. Como justificación al endeudamiento, los gobernantes estatales y municipales han argumentado la insuficiencia de los fondos federales para atender las crecientes demandas locales, lo cierto es que las deudas registradas, la bancaria o bursátil, aparte la de otros pasivos, se fueron a niveles exorbitantes, poniendo en riesgo el cumplimiento de los servicios públicos, tanto en el presente como al futuro.

Veracruz, es sabido, disparó su deuda pública estatal de 3 mil 500 millones de pesos a fines de 2004 a 37 mil 685 millones al cierre de 2014 –sólo la registrada en Hacienda, sin considerar los pasivos no garantizados con participaciones-; ocupa el cuarto lugar de los estados más endeudados del país; por su parte, los 212 municipios registraron una deuda total de 3 mil 669 millones.

LA OMISIÓN

El mayor problema es que no hay rescate financiero y las administraciones locales, como el caso de Veracruz, se encuentran atrapadas en persistente insolvencia. Los ingresos que se reciben apenas y están alcanzando para el pago apretado de las nóminas y otros gastos irreductibles; el déficit permanente y la creciente cartera de cuentas por pagar tienen en crisis las finanzas del estado y no se ve cómo podrán salir del hoyo. Ayer lo constataron de nuevo los empresarios locales que fueron una vez más a la Sefiplan a tratar de cobrar y sólo recibieron una nueva larga de saliva. Los recibió, ahora sí, el aún secretario de Finanzas, Mauricio Audirac, de quien entre las líneas ya insinuó el gobernador Javier Duarte que sí se va; pero el problema no es Audirac, aunque tampoco la solución; el problema es que no hay dinero. Ni rescate financiero a los estados.