#AsuntosPúblicos: REVOLCADA

No le fue nada bien al Gobierno del Estado en la revisión del gasto federalizado de 2013. El informe rendido ayer por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel del Portal, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados no sólo mostró la recurrencia en la administración estatal de las irregularidades que cada año se detectan, sino que, en su novedad de presentación de datos, en el comparativo la entidad salió mal parada.

Del monto total que resultó con observaciones de incumplimientos normativos en el manejo de recursos de origen federal transferidos a los estados (78 mil 744 millones), las de Veracruz representan el 17 por ciento, la más alta; además, conforme al índice de desempeño de la gestión del gasto federalizado, un ranking inédito que evalúa cumplimiento de metas y objetivos, control interno, ejercicio oportuno de recursos, monto observado respecto a muestra auditada, avance en la armonización contable, transparencia y rendición de cuentas, la ASF colocó al estado en el lugar 30 a nivel nacional. Soló delante de Jalisco y Michoacán.

En cifras globales se realizaron observaciones al gasto de Veracruz por 13 mil 598 millones de pesos (de una muestra de 40 mil 283 millones), se determinaron recuperaciones por 9 mil 248 millones y 4 mil 349.2 millones de montos por aclarar.

El informe general de la Auditoría al gasto federalizado enumera las principales irregularidades en que incurrió el Gobierno del Estado: Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 5 mil 884 millones; retenciones no enteradas a terceros –omisión de pagos del ISR por 2 mil 229 millones; recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo por 2 mil 191 millones; recursos no devengados o no ejercidos por 1,600 millones; y falta de documentación comprobatoria del gasto 736 millones.

ZONAS OSCURAS

El grueso de las anomalías se concentró en el sector educativo, en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), donde se determinó un probable daño patrimonial por 2 mil 30 millones y una aclaración por más de 2 mil millones de pesos por impuestos retenidos y no enterados, hecho por el que se dio parte al SAT identificado a la Secretaría de Educación como presunto evasor fiscal. Otro cliente en estado crítico en la Secretaría de Salud. Se les observan desvíos en el programa de seguro popular, con varios pliegos de observaciones de daño patrimonial debido a la disposición fuera de normas de importe de la cuota social y aportación solidaria federal, por casi 1,600 millones de pesos, aparte de tener que aclarar 2 mil 600 millones recibidos y no devengados.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAEB) tampoco pasó la prueba. Según la ASF se aplicó a fines distintos de la normativa –trataron de comprobar con nóminas de maestros estatales-, y por ello les imputan un probable daño patrimonial por un importe de más de 2 mil millones de pesos.

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se quedó atorado con 843 millones 650 mil pesos señalados como daño patrimonial, en el Fondo Regional no comprobaron cerca de 800 millones de pesos y en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, por casi 350 millones de pesos.

Con la estocada puesta no hubo más remedio para el Gobierno del Estado que asimilar el golpe; en comunicado apuntaron que la información entregada a la ASF “resulto no suficiente para dar por atendidas las observaciones realizadas por los auditores”; pero que revisaran el informe “para estar en posibilidad de explicar el destino del gasto público y dar a los veracruzanos la absoluta certeza de su correcta aplicación”. La licuadora ya no funciona y cada vez hay más hoyos.

FISCALIZADOR SIN DIENTES

La única ventaja es que la ASF, hasta ahora, es como la carabina de Ambrosio; hace mucho ruido, pero tira balas de salva, ladra pero no muerde. Con todo se dice que en la desesperada búsqueda de legitimación anda buscando cazar algunos ratones; sin embargo sus procedimientos de seguimiento y sanción son vacilada, Si turna el procedimientos disciplinario a los órganos locales de control –las controlarías- ahí las batean y archivan; y si presenta denuncias penales, se llevan años en “integración”. Le urge una reforma a la fiscalización, a ver si en algo la mejoran en el proceso que se dará para integrar el sistema nacional anti corrupción.

DOS SUBSECRETARIOS MÁS

A contracorriente con la austeridad que debería imponer la sabida escasez de dinero, extrañan los nombramientos de dos nuevos subsecretarios en el Gobierno del Estado. En la Secretaría de Desarrollo Económico se le crea el puesto de Subsecretario de Energía, Inversión y Puertos de Gerardo Mancilla Arteaga, quien se desempeñaba en esa dependencia como Director general de Fomento Económico y Portuarios; y en la de Medio Ambiente se habilita como subsecretaria de Fomento y Gestión Ambiental a la joven Karla Enríquez Marlín, hija de Gladys Merlín, diputada local por Cosoleacaque. Una designación sólo entendible en los supuestos amarres políticos para el sur del estado.