#AsuntosPúblicos: REFORMA ANTICORRUPCIÓN

La inocultable y proverbial corrupción en el sistema político administrativo del país en todos sus niveles y ámbitos, así como su cobija de impunidad, el funcionamiento sistémico normal, que ha erosionado la credibilidad en el exterior y además el apoyo al interior, deslegitimando a la clase gobernante, ha traído finalmente a la agenda pública la urgencia de crear un nuevo sistema de rendición de cuentas y de sanción por los abusos en el ejercicio de los recursos públicos: el llamado Sistema Nacional Anticorrupción.

Luego de diversas iniciativas y aplazamientos desde que se retomó el tema a partir del regreso del PRI a la Presidencia de la República en diciembre de 2012, está emergiendo un acuerdo entre las fuerzas políticas con capacidad de gobernar y producir leyes para reformar de fondo la Constitución Política de la República y crear nuevas reglas e instituciones para combatir la corrupción en los gobiernos.

El proceso legislativo está en la Cámara federal de Diputados –como cámara de origen– y ayer los coordinadores de los grupos legislativos del PRI, PAN, PRD difundieron las líneas principales del acuerdo que hoy será pasado en comisiones y por el consenso que lleva, incluso del Presidente de la República, prevén que este jueves lo aprueben en el pleno de la Cámara de Diputados.

CAMBIOS RADICALES Y CENTRALISTAS

No se sabe aún si habrá modificaciones en su tránsito legislativo, pero la reforma planteada no sólo involucra a las instituciones federales, sino que interviene y subordina nuevamente a estados y municipios, de la misma manera centralista con que han procedido en precedentes reformas constitucionales, de la que sería un modelo extremo la reforma en materia política electoral y en menor medida la de transparencia y acceso a la información.

Lo más drástico no será que la facultad presidencial de nombrar al titular de la Secretaría de la Función Pública quede acotada por la ratificación del Senado –ya hay otros funcionarios del Ejecutivo que siguen ese procedimiento–, como la expansión de las facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un organismo que ha caído en el descrédito por su incapacidad de generar sanciones, no obstante las numerosas observaciones y enormes cifras que cada año detecta en las cuentas públicas. En el pretendido fortalecimiento de la ASF, se le permitirá revisar en tiempo de ejercicio, suprimiendo los principios de anualidad y posterioridad, pero lo más delicado y que no garantiza tampoco una mayor eficacia es la concesión de atribuciones para revisar directamente a los estados y municipios. Se ignoran los términos precisos de esta ampliación de sus facultades, pero en los discursos y comunicados iniciales adelantan que podrá investigar hasta el 92% de las participaciones a estados y municipios (ya revisa el 100% del gasto federalizado), lo que dejaría con escasa materia a los órganos locales de fiscalización. Al igual que cuando se creó el INE como órgano centralizador de las elecciones y a los órganos electorales de los estados en calidad de subordinados, la reforma apunta a constituir un enorme aparato central de fiscalización, que elevará el costo de su sostenimiento, sin que su tamaño garantice eficacia y eficiencia.

Otros puntos avanzados, igualmente sin puntualizar, se refieren al aumento de la temporalidad para la prescripción a un mínimo de 7 años en responsabilidades graves, extinción de dominio en bienes de servidores públicos responsables de enriquecimiento ilícito, la creación de una fiscalía especial y un tribunal presuntamente autónomo anticorrupción.

Si bien es cierto que se requiere acabar con la impunidad y combatir la corrupción y abusos de poder en la función pública, en todos los niveles, los medios institucionales deben ser los adecuados a ese fin. Habrá que conocer a detalle el contenido de la reforma ya pactada y cómo cruza el resto del proceso legislativo. Por lo pronto, se ve que el presidente Enrique Peña Nieto, urgido de legitimación y con prisa para disipar sus temas personales de conflicto de interés, ya cedió a las presiones de la oposición y ha entregado nuevamente a los estados a un modelo centralista.

NOTIFICACIONES DEL ORFIS

Mientras tanto y se reformula el sistema de rendición de cuentas en el Gobierno Federal y en los estados, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que dirige el auditor Lorenzo Antonio Portilla ha iniciado la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones a servidores públicos por el presunto daño patrimonial detectado en la cuenta pública de 2013.

Empezaron a notificar esta semana y seguirán en la próxima con el grupo en el banquillo para última oportunidad de solventación. Pasarán a la báscula dos dependencias del Poder Ejecutivo –la ex secretaria de Comunicaciones, hoy SIOP, y el Fideicomiso del Túnel Sumergido, éste por 255.7 millones de pesos–, así como a 70 ayuntamientos y 2 entidades paramunicipales que no comprobaron poco más de 500 millones en conjunto.

Las audiencias de pruebas y alegatos se desahogarán del 12 al 24 de marzo. Al final a ver cuántos y con cuánto quedan atorados.