#AsuntosPúblicos: RATIFICADOS POR LA “DEFERENCIA”

Un senado de cenadores, precarios representantes políticos de la Nación partícipes del juego de interés del poder público, ratificó ayer de manera abrumada y complaciente el nombramiento hecho por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en favor de Arely Gómez González como Procuradora General de la República (PGR).

Fue una corta batalla, acabada con un ataque relámpago. Tanto en el Senado como en los medios de comunicación y otros espacios públicos se dividieron las posiciones sobre la designación de la abogada, polemizando sus vínculos familiares y políticos en la poderosa televisora Televisa, además de su limitada experiencia en la función de ministerio público; sin embargo, se impuso contundentemente la línea hegemónica (Presidencia-Televisa-partidos políticos pactados y planchados) en los campos significativos; en el Senado avasallaron la votación (106 a favor, 5 en contra y 3 abstenciones), sin siquiera mencionar la conveniencia para la República de avaluar alternativas de mayor confianza ciudadana; en la prensa, la avalancha oficial que encontró méritos profesionales inusitados en la propuesta, arrinconó a la crítica sobre los conflictos de interés del presidente y su carta; y soslayó la incongruencia de ponerla en el camino de convertirse en Fiscal Autónoma (???) par 9 años; cuando se apruebe la ley secundaria de la reforma constitucional que crea esa institución.

El teatro de apariencias se desplegó; cumplieron en lo superficial con los requisitos formales, pero eludieron entrar al fondo del debate político: la necesidad de renovar la desacreditada procuración de justicia, garantizar imparcialidad y sobre todo autonomía respecto de los poderes públicos y fácticos. ¿Cómo, sin autonomía, se podrá acabar con la impunidad y el encubrimiento de la corrupción?

DEFERENTES

El papel sumiso del Senado se aprecia no sólo en la arrolladora votación (por ciento uno de los senadores que se opuso a la ratificación, una voz digna en el desierto del PAN, Javier Corral, ha denunciado la práctica de los depósitos bancarios a cambio de votar en iniciativas de ley y asuntos de urgente necesidad, como el de ayer), sino también en el dictamen que aprobaron.

Sorprendente el léxico cortesano del dictamen senatorial; textualmente declaran que “al tratarse de una ratificación y no una designación, el fundamento argumentativo de la decisión del Senado debe basarse en una deferencia (sic) al titular del Ejecutivo federal y en un juicio de idoneidad al cargo de procurador general de la república”, entendiendo que su función de control (en la división de poderes y en los contrapesos) se efectúa como una deferencia (re sic) específica frente a la decisión del órgano facultado para hacer el nombramiento (el excelentísimo señor presidente). Pésimo empleo republicano y democrático de la palabra deferencia, que en diccionario de la RAE tiene tres acepciones, todas impropias de la “soberanía” del poder legislativo: 1.- Adhesión al dictamen o preceder ajeno, por respeto o por excesiva moderación. 2.- Muestra de respeto o de cortesía. 3.- Conducta condescendiente. ¿De a cómo fue el depósito deferente?

RECOGIDO

El estilo personal de reciclar a sus funcionarios del gobernador Javier Duarte y rescatarlos de la banca volvió a expresarse ayer con el nombramiento de Tomás Ruiz González, primer secretario de Finanzas, como Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP). No se concentraron nunca las supuestas invitaciones de “alto nivel político” en los imaginarios cargos que tendrían Tomás Ruiz a su salida de la Sefiplan en los primeros meses de 2013. Como otros cartuchos “quemados”, regresa sin gloria (ni Ana) Tomás a expensas del cargo ofrecido por el gobernador Duarte; una política dual de reclutamiento, que en una de sus caras muestra como recoger a antiguos colaboradores desechados que no la pegan en otros escenarios, pese a sus ínfulas de estrellas, y en la otra exhibe el reducido elenco de que dispone el gobernador para armar sus cuadros de cierre; cuando no alcanza a cubrir la cuota con los desertores de otros grupos políticos “para debilitar a los adversarios”.

Poco tiene que ofrecer Tomás Ruiz a la administración pública de Veracruz que no sean sus desplantes de diva, sin correspondencia en la eficiencia.

Sus antecedentes hablan por él y su falsa aureola de genio financiero; en términos objetivos fue un fracaso la reestructura de las finanzas y la deuda pública diseñada y operada por él. A su salida, a mediados de 2013, había casi duplicado el monto del total de la deuda del Gobierno del Estado (según el registro de Hacienda era de 19 mil 308 millones de pesos en diciembre de 2010 y se elevó a 37 mil 532.6 millones a diciembre de 2012.

Igualmente carece de experiencia en el ramo de la construcción de obras de infraestructura, objeto de la dependencia de la que ahora se hace cargo; pues no es lo mismo fungir como director de un banco de desarrollo (Banobras), donde se le asocia con los onerosos proyectos de saneamiento de Xalapa y el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, que administrar y supervisar la contratación y ejecución de obras; pero en fin, su nombramiento y resultados es entera responsabilidad y competencia del gobernador Javier Duarte.

La recurrencia del reciclaje (Ampudia, Ranulfo, Audirac, Deantes, y otros más), hace decir que en esta administración las chanclas que se tiran sí se vuelven a recoger.