#AsuntosPúblicos: MVS/ARISTEGUI

Es lamentable para la opinión pública del país el desenlace del conflicto político empresarial entre la empresa radiodifusora MVS, propiedad de la familia Vargas, y la reconocida periodista Carmen Aristegui, conductora del programa de noticias matutino en esa estación, donde ha expuesto algunos temas que fijaron la agenda pública, cesada junto con su equipo de colaboradores bajo un pretexto de uso indebido de la marca y pérdida de confianza, pero sin que el asunto escape al tufo de censura indirecta al servicio del grupo gobernante en turno.

La controversia entre la comunicadora y la empresa MVS, como se conoció en diferentes medios, inclusive en el propio de Aristegui, en el fijó sus posiciones antes del despido, comenzó formalmente la semana pasada, a partir de la adhesión de su noticiero y equipo de investigación a la iniciativa en línea México Leaks, un proyecto para recibir del público vía internet archivos y datos, de manera no identificable, sobre casos de corrupción pública, mismos que serían investigados y difundidos por un grupo de medios de comunicación, una adaptación local del célebre caso de divulgación de archivos confidenciales de departamento de estado americano Wikileaks, que tiene desde 2012 a su líder el australiano, Julián Assange, recluido en Londres en la embajada de Ecuador. En reacción, MVS cesó a dos de los colaboradores de Aristegui, Daniel Lizárraga e Irving Huerta, casualmente los principales investigadores del caso del conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, en la adquisición de la casa Blanca y su anexo, en el que salieron a relucir, documentadamente, sus vínculos con Televisa y el Grupo Higa de José Hinojosa. Luego del descontó, vino el remate. MVS emitió nuevos lineamientos para centralizar el manejo, editorial y, como puntilla, el comunicado de la terminación de su relación laboral con Aristegui, que ayer ya no salió al aire, sino que acudió a protestar a las oficinas de MVS acompañada de su equipo y simpatizantes.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DUEÑOS DE LOS MEDIOS

Si bien un análisis político amplio del asunto podría encuadrar el caso como censura y agresión a la libertad de expresión, generar temas de debate público y político, expresiones de simpatía y solidaridad, así como movilizaciones de protesta, las que ya anuncian, desde el punto de vista
jurídico la controversia no sale del ámbito delos intereses de particulares.

El episodio exhibe los límites de la actividad periodística que se asume independientemente y critica del poder gubernamental, por un lado la libertad de expresión y un compromiso social de informar y hacer contrapeso al poder, en el modelo liberal democrático, pero de otro, la estructura de propiedad de los medios de comunicación, el modelo de negocio informativo, el cual está enclavado en la estructura del poder real, en los poderes fácticos, los medios, en este caso, la radio, es un servicio público, pero concesionado a particulares.

No es la primera vez que Aristegui tiene problemas con Joaquín Vargas, el principal accionista de MVS, se recuerda otro episodio en que aquella estuvo temporalmente fuera por negarse a disculpar por haber sugerido que el entonces presidente Calderón tenía problemas de alcoholismo. Esta vez no se puede descartar pedimentos de castigo por revelaciones “incomodas” a la familia presidencial, hipótesis a la que abona que el ex abogado general de MVS, Eduardo Sánchez, desde hace unos días coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República. El problema es que se pueden presumir pero difícilmente probar. Y lo fundamental que no se pueden revertir jurídicamente las decisiones empresariales. Le bajaron el switch.

En el mejor de los casos le pagarían una indemnización. Esperamos que Aristegui y su equipo encuentren el espacio para seguir contribuyendo a la formación de la opinión pública crítica en México. Por lo pronto, sigue en CNN en Español.

AGENDA

En el Congreso local, hoy vence el plazo para que emita su dictamen la comisión instructora del juicio de declaración de procedencia del presidente municipal con licencia de Medellín, el panista Omar Cruz, acusado de autoría intelectual de homicidio del comunicador Moisés Sánchez Cerezo. A ver si se ponen de acuerdo los integrantes, o sacan el dictamen por mayoría, ya que los dos diputados del PRI, Juan Manuel Velázquez Yunes y Raúl Zarrabal, presidente y vocal, respectivamente, irían por el desafuero, mientras que el legislador del PAN, Édgar Hugo Fernández Bernal, mantiene una solidaridad partidista.

El paso siguiente, que podrían darse esta semana, es la convocatoria a sesión extraordinaria del pleno de diputados, en la que se votaría el dictamen. El desafuero está cerca.

Esta semana en el Senado se debatirá y votará la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual contiene innovaciones que implican a los sujetos obligados, al órgano nacional de transparencia y a los órganos garantes en las entidades federativas.

En comisiones se aprobó el pasado jueves y al parecer hay consenso para que salga este ordenamiento reglamentario de la reforma constitucional publica en febrero del