#AsuntosPúblicos: REMOLONES

De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le llegó el pasado miércoles una llamada de atención a la Legislatura del Estado por no haberse ocupado hasta ahora de las reformas a la Constitución Política de la República, en materia de disciplina financiera para estados y municipios.

Esta reforma, enfocada a controlar la deuda pública en las entidades federativas y municipios, someterlos a una supervisión del Congreso federal y endurecer las reglas para el endeudamiento, ha tenido bastante resistencia; lleva más de 2 años en elaboración, entre las dos cámaras, la de diputados y senadores, se la llevaron de ping-pong una buena temporada eludiendo entrarle a cercar a los gobiernos estatales y municipales, pero finalmente en el pasado mes de febrero cerraron el ciclo y aprobaron el proyecto de decreto que enviaron a las legislaturas de los estados.

Pero los estados la recibieron con poco entusiasmo y aún no se ha conseguido concluir la reforma constitucional. Por ello, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados formuló un punto de acuerdo, aprobado en el pleno, por el cual se “formula un atento y respetuoso llamado” a 17 legislaturas estatales, entre ellas a la de Veracruz, para discutan y en su caso aprueben el proyecto de decreto relativo a reformas la Constitución en materia de disciplina financiera de estados y municipios.

No es la primera vez que el Congreso local se desentiende de participar en el proceso final de reforma a la Constitución Política del país, que como se sabe, además de la aprobación de ambas cámaras del Congreso de la Unión requiere ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados. Se recuerda que aquí nunca pasaron la reforma político-electoral, aunque una vez aprobada en otras entidades, la aprovecharon para modificar las reglas de la sucesión en 2016, recortando el periodo de gobernador que será electo en esa fecha, a dos años.

En cambio otras reformas constitucionales, tenidas por prioritarias por el alto mando federal, como la Educativa y la Energética, se pasaron como de rayo.

¿Cuál es la razón por la que se han eludido los diputados locales de agendar la reforma constitucional para la disciplina financiera, cuando se han realizado sesiones extraordinarias hasta para poner letras de oro en el recinto legislativo?

Ha habido versiones de que el Gobierno del Estado, ante los problemas de dinero que enfrenta, buscaría la colocación de nuevos créditos, bursatilizar el llamado Impuesto a la Nómina, sin embargo esto no se ha confirmado, y lo más probable es que si no sale en emergencia ya no alcance el tiempo para hacerlo.

El pasado miércoles, cuando sesionó la Diputación Permanente, ni por aludidos se dieron del jalón emitido por los diputados federales; es cierto que aún no habían sido notificados, pero la información del acuerdo se conoció desde el día anterior.

El caso es que tampoco Veracruz es la clave para frenar esa reforma. Ya la han aprobado 14 legislaturas y sólo faltan dos para completar la mayoría requerida. ¿Para qué exhibirse?

¡Aguas!

La renuncia del director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, confirma que los tiempos electorales son los más sensibles a las denuncias sobre corrupción de los funcionarios públicos y que los gobernantes, con tal de esquivar el golpe, son más propensos a sacrificar a sus colaboradores, bajo condiciones calculadas de costo político. Recuérdese si no, en Veracruz, el caso oro molido del pasado proceso electoral.

El presidente Enrique Peña Nieto, quien no goza de imagen de impoluto, desde las revelaciones del conflicto de interés con empresarios en los conocidos escándalos mediáticos de las casas familiares y de su secretario de Hacienda, urgido de fabricarse una imagen de autoridad moral que legitime su política anticorrupción, ha tenido que prescindir de su antiguo colaborador Korenfeld, identificado además como el autor del controvertido proyecto de nueva ley de aguas.

Korenfeld, como se ventiló en los medios, ocupó el helicóptero oficial de la Conagua para viajar de Huixquilucan, Estado de México, al aeropuerto de la Ciudad de México, rumbo a sus vacaciones internacionales de semana santa. Para su mala fortuna, un vecino lo filmó en el abordaje y ofreció en medios la evidencia de que utilizó recursos públicos para fines privados, situación que representa una violación a las obligaciones como servidor público, una falta administrativa y posiblemente hasta un delito contra la función pública. El cinismo de la vida pública podría considerar que es poca cosa y que esa conducta es más que generalizada en la administración pública. El problema es que lo cacharon en tiempos electorales, los partidos políticos se desgarraron vestiduras, cuando se intenta reconstruir de las ruinas la imagen pública presidencial.

La renuncia, indudablemente ordenada por el presidente Peña, manda un mensaje a las filas de sus correligionarios. ¡En periodo electoral, las barbas a remojar!