#AsuntosPúblicos: ANTI CORRUPCIÓN, PARA LARGO

El reformismo actual que celebra anticipadamente sus creaciones legales, cuando todavía les falta mucho camino por andar para comenzar a ver resultados y poder evaluar si la reforma era adecuada, tiene otra de sus expresiones en las recientes modificaciones en la Constitución Política de la República en materia de combate a la corrupción.

Al margen de la justificación de las reformas al marco legal de las responsabilidades de servidores públicos, fiscalización y control de recursos, tribunales de sanción administrativa, así como instancias de coordinación creada, en buena medida promovidas por la desacreditada clase política como un recurso para legitimarse ante las condenas a la corrupción que ha caracterizado desde siempre al sistema político-administrativo, no pocas veces referido como cleptocracia, la ruta de la implantación de esas reformas, como otras tantas de éste régimen, no están a la vuelta de la esquina.

Si alcanzar los consensos entre las fuerzas políticas que participaran en el Congreso de la Unión les ha tomado más de 2 años, lo que lleva el gobierno de Peña, consumar la reforma constitucional y formular la legislación secundaria a nivel federal y en los estados podría llevarle al menos una temporada equivalente, y no sería remoto que se fueran hasta el final del gobierno de Peña, en 2018, o al siguiente.
Y eso que no se incluyó, como al final algunos pretendían la supresión o modificación del fuero de los altos funcionarios públicos y la posibilidad de acusación en funciones al Presidente de la República; aunque sí están previstas, entre las innovaciones, la extinción de dominio de bienes a favor del estado, por enriquecimiento ilícito de servidores públicos, la creación de un tribunal de justicia administrativa para aplicación de sanciones a servidores públicos y particulares (a partir del actual tribunal contencioso administrativo), la obligación a servidores de manifestación a sus conflictos de interés –pero no hacerlos públicos-, así como sus declaraciones patrimoniales; la no aplicación del secreto bancario y fiscal en investigaciones, la prescripción administrativa no inferior a 7 años, la ratificación en el Senado de titular de la Secretaría de la Función Pública que designe el presidente; el otorga de facultades al Congreso para legislar en materia anticorrupción el aumento de atribuciones de fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que se extiende a la participación y deuda de entidades federativas y municipios; con el acotamiento que deberá definirse en la ley secundaria, y la creación a nivel federal de un organismo burocrático de coordinación entre autoridades de todas las órdenes de gobierno, “el sistema nacional anticorrupción” para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, organismo que pretenden se reproduzcan al nivel de las entidades federativas; suena a mega rollo de elefante blanco.

LA RUTA CRÍTICA

En primera instancia, ya en curso, la reforma de Congreso de la Unión debe ser aprobada por cuando menos 16 legislaturas estatales y luego ser promulgada por el Presidente de la República para que entre en vigor. ¿Cuándo tomará este tramo?, no menos de 2 meses, y eso si no se hacen los remolines en los estados, como en la reforma de responsabilidad financiera y control de deuda pública que no termina de alcanzar su consumación.

Para cuando entre en vigor ese decreto de reforma constitucional, aplicarán otros artículos transitorios; el principal, para que el Congreso de la Unión expida en el plazo no mayor de un año las leyes generales de fiscalización y del tribunal de justicia administrativa.

Una vez que se cumpla la etapa anterior, comenzará el plazo de seis meses para que los estados hagan las adecuaciones a sus legislaciones y, entre cambios, repitan el nuevo capítulo sobre responsabilidades de servicios públicos, el tribunal de justicia administrativa, y creen los organismos del sistema “estatal” anticorrupción, su comité coordinadores y sus comités de participación ciudadana. A ver para cuando arranca. Lo único seguro es que no será pronto.

EL IMPERIO EFÍMERO DE LIPOVETSKY

Durante dos días consecutivos disertó y fue idolatrado en Xalapa el intelectual y escritor francés Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo, galardonado por la Universidad Veracruzana (UV) con el doctorado Honoris Causa.

Exponente de las tesis de la transformación del individuo y la identidad, los valores y las reformas de la política en las sociedades informatizadas globales de consumo, a la que primero llamó, como otros de sus colegas de viaje, sociedad postmoderna, renombrada en sus últimos títulos como híper-modernidad, Lipovetsky, un escritor y conferencista afamado, de altura internacional, participó con sencillez y apertura en varios eventos durante la FILU 2015 que se celebra en Xalapa.

Subieron por unos días aquí sus ventas y el interés por la lectura de sus principales obras, en las que se destacan la era del vacío, un ensayo sobre el individualismos contemporáneo (1983), El Imperio de lo Efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas (1987), El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos Tiempos Democráticos (1994) y Los tiempos hípermodernos (2007)