#AsuntosPúblicos: IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENAL

En el tramo final del plazo de 8 años concedidos para implementar la reforma en materia de justicia penal en el país, ya nos agarraron las carreras.
Al margen de los discursos de reconocimiento a los avances en las entidades, expresados ayer en la visita de la secretaría técnica para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, María de los Ángeles Fromow; en la reunión de evaluación con representantes de los estados, que se lleva a cabo en el puerto de Veracuruz, lo cierto es que todavía falta mucho por hacer y el tiempo se acaba.

La reforma constitucional de 2008, que definió un nuevo modelo y principios de justicia pena, sistema acusatorio adversarial identificado con el juicio oral, o de presunción de inocencia, deberá entrar en vigor íntegramente en todo el país a partir de junio de 2016.

Aplazado en diversas ocasiones e intentado poner en practica gradualmente, sólo se ha conseguido que operen en su totalidad en entidades, el resto, entre las que se encuentran Veracruz, tienen aún regazos.

Aquí no ha sido nada fácil la implementación. Desde la pasada administración hubo intentonas fallidas de formulación del marco legal y hasta se construyeron con el financiamiento de Pemex algunas salas para la celebración de juicios que, además del sobrecosto en su edificación y equipamiento, se desperdiciaron por falta de uso, y en lo que va del actual, aunque se avanzó en su incorporación a la Constitución del Estado, y también se intentó un código procesal, finalmente éste quedó rebasado por la intervención federal que homologó la legislación y obligó a recalendarizar la implantación. De manera insuficiente se ha avanzado en la capacitación al personal del ministerio público y seguridad pública, así como el Poder Judicial, las instituciones que son parte de la aplicación del nuevo sistema, pero una de las principales carencias ha sido la falta de recursos para la construcción de los espacios idóneos para el desarrollo de las audiencias y el juicio, así como para la contratación en el Poder Judicial de una plantilla de nuevos jueces , ya que, según el nuevo procedimiento debe haber dos jueces uno de control, al inicio de la acción penal, y una vez determinada la sujeción a proceso, la intervención de otro juez que se encarga del juicio.

En el estado, apenas hace un año comenzó a aplicarse en los primeros cuatro distritos judiciales (Xalapa, Córdoba, Jalacingo y Coatepec) de los 21 que hay; en noviembre, que se adoptó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, además de los cuatro mencionados se incorporaron otros seis distritos más, así que al cierre de 2014 iban 10 distritos.

PROGRAMA PARA 2015 Y SUBSIDIO FEDERAL

Conforme el calendario legal que no necesariamente significa que ya están listos, en unos días más, el 12 de mayo, entrarán en funciones en otros 6 distritos y en noviembre próximo en tres más. Es decir, otros 9 estarían a finales de año, por lo que solo restarían los dos últimos, previstos para mayo del año entrante, unos días antes de que venza el plazo constitucional perentorio.

A ver si alcanza con el subsidio dispuesto por el Gobierno Federal. Para el cierre de la implementación este año hay una asignación presupuestal de casi mil millones de pesos para todas las entidades federativas. Se distribuirá por conducto del secretario técnico para la implementación del sistema de justicia penal, el miso dirige doña Fromow, de visita ayer y hoy en el estado.

A Veracruz le destinaron 32.6 millones de pesos, mismo que pueden ejercerse en distintos proyectos, tanto de infraestructura como para capacitación gestión y reorganización institucional, tecnologías de información y equipamiento difusión y transparencia; esperemos que pueda acreditar los proyectos y que el recurso no se pierda. El tiempo corre y el plazo límite se acerca.

QUE SÍ VAN POR EL JUANELO

De manera escueta y forzada, pero finalmente el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo, admitió ante medios de comunicación que le presionaron que sí hay una investigación en contra del alcalde con licencia en Coatepec, Roberto Pérez Moreno, El Juanelo quien ha sido señalado de la autoría intelectual (habría que revisar ese concepto, que abochorna al intelecto) del homicidio del Guillermo Pozos Rivera, el tesorero victimado en agosto del año pasado. Escudado en la secretaría del caso, no dijo nada.

RÉPLICA DE MARCELO

De bote pronto respondió ayer Marcelo Montiel a la acusación hecha pública el día anterior por el senador Alejandro Encinas del PRD o de Morena, no se sabe con quién está ahora, de que en la delegación de la Sedesol en Veracruz se desvían 500 millones de pesos de los programas sociales para apoyar a los candidatos del PRI.

Refutó Montiel la imputación de las supuestas pruebas exhibidas por Encinas, refiriendo que se trata de un montaje, que los documentos presentados de recibos y las imágenes de tarjetas fueron alteradas, son falsas. Anticipó que presentará una denuncia por la sustracción y falsificación de documentos oficiales; mientras tanto, los partidos de oposición exigieron que renuncie para ser investigado. Parece un mal remake de la película en Sedesol puesta en cartelera el pasado proceso electoral.

A ver qué dice la fiscalía de la PGR de delitos electorales