#AsuntosPúblicos: BUSCAPIÉ BURSÁTIL

Las versiones de que el Gobierno del Estado busca en este último tramo contraer todavía más deuda pública están resultando como el río que suena porque algo lleva.

Hace un par de meses se empezó a comentar que andaban explorando obtener préstamos financieros con cargo al impuesto estatal sobre ingresos por remuneraciones (identificado como 2% a la Nómina), concretamente, realizar una operación de bursatilización de sus ingresos futuros; tomar el dinero ahora y que se pague a unos 20 años (Take the money and Run).

Sin embargo, nadie de las autoridades del estado abordó el tema ni pública ni oficialmente, no lo hizo el gobernador, tampoco alguno de los secretarios de finanzas (Audirac-Gómez Pellegrín) que han estado en ese lapso, hasta el pasado jueves en que el abogado Gustavo Sousa Escamilla, secretario técnico del fideicomiso que administra los ingresos del impuesto, mismo que se debe destinar a obras públicas, se atrevió a soltar el buscapié.

En declaraciones a la prensa, con el obvio propósito de la difusión, Sousa reconoció que se está buscando la operación crediticia, y abundó al tema desde la perspectiva del discurso oficial, con el que se pretende justificar contratar deuda pública: “es una posibilidad de que se pudiera bursatilizar para contar con los recursos para hacer más obra y un programa más realista para no tener las contingencias económicas que hemos tenido actualmente. Es un proyecto que se está analizando y si es benéfico para Veracruz, se aprobará.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

La última bursatilización aún a nivel de sondeo, o cachondeo, suena a la última carcajada de la cumbancha. Totalmente fuera de lugar, metida sin prudencia ni sensibilidad. Y no tanto por el funcionamiento del fideicomiso de administración de 2% a la Nómina, que no ha salido sin cuestionamientos de falta de transparencia en la aplicación de los recursos y además de no haberlos recibido completos de la licuadora de la Secretaría de Finanzas y Planeación, sino por le costó político y financiero que representaría esa aventura.

En este punto del gobierno y las finanzas del estado, es evidente que el mecanismo de la deuda pública está exhausto. Agotado financieramente por la carga que representa sobre los ingresos propios, llevando a su máximo nivel histórico (37 mil 423 millones de pesos), habiendo usado ya el recurso de la reestructuración financiera, con la aprobación del Congreso local. Y satanizando políticamente. El disparo de la deuda estatal se fue a escándalo y noticia negativa, y junto con las excesivas deudas de otros estados, sirvieron de justificación a la reforma constitucional para contener el endeudamiento de estados y municipios, que está por promulgarse.

Sería temerario emprender la bursatilización del Impuesto a la Nómina, aun aprovechando los resquicios legales que permitiría la ausencia de reglamentación de la reforma constitucional y el control que se tiene sobre el Congreso local, que en nada afecta se haya subido la mayoría requerida a dos terceras partes de los diputados, de los que también se dispone. Habría que ver cómo sería recibida en la esfera federal ese endeudamiento, si bien la garantía del financiamiento no serían las participaciones, sino el ingreso propio, como la deuda de los estados están en alerta, entre ellas de la Veracruz, sin duda sería un tema de evaluación y decisión de política nacional; a menos que Peña se duerma.

Es claro que no hay legitimidad en el uso de crédito público. El Impuesto a la Nómina deja al año, según informan, mil 600 millones de pesos al año. Ni eso dejaría. Esa operación fuera de lugar e injustificada concede armas a la crítica y a la oposición.
¿Sacó el tema de su cuenta Gustavo Souza o lo mandaron?

MAL EMPIEZO DE JUSTICIA PENAL

Tendrán que poner cuidado en la implementación del nuevo sistema de justicia penal. La incorporación de 6 distritos más se registró con problemas en varios de ellos. Hay problemas en Orizaba y en Poza Rica – de los que trascendieron- donde se quejaron los abogados de que no había instalaciones adecuadas para el desarrollo de los juicios orales. Darán de pretexto que no les dieron dinero suficiente (ya pasaron 7 años desde la promulgación de la reforma) y hasta ahora les llegaron las carreras e improvisaciones.

Debe actuarse con responsabilidad, pues las omisiones o falta de cumplimiento de la legalidad podrían dar lugar a nulidades de procesos y a la impunidad de la comisión de delitos. A ver quién se hace responsable del seguimiento y la evaluación