#AsuntosPúblicos: REFORMAS "DEMOCRÁTICAS"

Por remodelaciones para dar la fachada de gobiernos democráticos, con transparencia, rendición de cuentas y compartía la corrupción no paramos en esta era del reformismo del PRI reinstaurado en coalición con las oposiciones leales, la alianza gobernante del pacto por México. En este mes, sus afanes da fruto; avanzan en tres de las grandes reformas normativas e institucionales de corte centralista que han impulsado para intentar ganar legitimidad ante el descredito de la clase política y sus asociados privados, sus respuestas a la defensiva por los recurrentes escándalos de corrupción, conflictos de interés y enriquecimiento evidente, frente a la ausencia de resultados en el desempeño económico y bienestar colectivo.

Ayer el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, crea el ”sistema Nacional Anticorrupción”, aumenta facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre estas, fiscalizar la totalidad del gasto federalizado en estados y municipios, incluidas las participaciones que estaban exentas, quería el Tribunal de Justicia Administrativa y un nuevo régimen de responsabilidad de los servidores públicos.

El pasado martes hizo lo propio con la reforma constitucional para la disciplina financiera, la cual busca controlar el endeudamiento a estados y municipios, crear un registro público único de deuda y obligaciones y un sistema de alertas, facultar al Congreso de la Unión para analizar y observar la contratación de deuda y financiar su destino a través de la ASF.

A principio de mes, fue el turno de la Ley General Transparencia y Acceso a la información Pública, esta rama, la más avanzada, pues ya detalla la reforma constitucional, donde se prevé la uniformidad nacional de principios, sujetos, obligaciones y procedimientos, la plataforma nacional y la jerarquía procesal del Instituto Nacional de Acceso a la Información sobre los organismos garantes en los estados.

Mucha tinta ha corrido mucha lengua se ha echado, desde sus diversos espacios de debate y desición por lo que han cruzado los proyectos que ahora son leyes del mayor rango, en proceso de reglamentación y de implementación. Han llegado hasta el punto de la norma constitucional, pero aún les falta el detalle de la reglamentación (exceptuada parcialmente el tema de transparencia) y, sobre todo, aterrizar y transformarse en instituciones y prácticas rutinarias. El camino que le falta se ve todavía lejos y complicado. En principio sus diseños son mega burocráticos, disponen esquemas complejos de coordinación y subordinación; además un modelo centralista no sólo articula a las entidades federativas, sino que les impone homologar sus legislaciones y replicar las instituciones previstas. No se ve fácil, además del costo.

Desde ahora contrasta el ánimo oficial con el popular; la celebración reformista anticipada y los augurios de seguro éxito frente al escepticismo, la indiferencia o hasta la ignorancia en la esfera de los ciudadanos.

LA RUTA QUE VIENE


A) Transparencia
Por su adelanto, la homologación de la Ley General de Transparencia va primero. Corre ya el plazo de un año a las legislaturas de los estados para expedir sus leyes locales a adaptadas, mismo plazo de tregua a los órganos estatales, como el IVAI, antes que el hoy INAI (antes IFAI) ejerza sus facultades de servicio y atracción que le concede la nueva legislación. Aunque cabe decir, las nuevas obligaciones de transparencia contenidas en la nueva ley general ya son exigibles en los estados.

B) Diciplina financiera
Por lo que respecta a la disciplina financiera, se cuenta ya el plazo de 90 días como máximo para que el congreso de La Unión expida la legislación secundaria y, una vez realizada, los estados deben homologar su legislación en los seis meses siguientes. Sin embargo, hay otras obligaciones de información y fiscalización a la deuda publica que deben cumplirse antes. Las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo Federal y al Congreso de La Unión un informe sobre todo los empréstitos y obligaciones de pago vigentes en un plazo máximo de 60 días (contados a partir del pasado miércoles 27), conforme a los líneamientos que emita el ejecutivo federal; que si les piden el total de obligaciones, el total-total, incluso lo escondido y no registrado en la contabilidad, verán en hacienda lo que es el hoyo negro, el abismo. Igualmente, se impone una obligación a las legislaturas estatales y sus órganos de fiscalización, realizar en un plazo no mayor a 90 días naturales una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público, con independencia del origen de los recursos afectados como garantía. El alcance dependerá del concepto deseándote de”obligaciones”, como pueden manosearlo todavía podrían atreverse a jugar a las escondidas de cuentas.

C) Anticorrupción
Esta hay que sentarse a esperarla. A partir de hoy que inicia su vigencia, el Congreso de La Unión disponible hasta un año para expedir las leyes generales de Fiscalización y del Tribunal de Justicia Administrativa; y sólo una vez que se haya cumplido esa condición, comenzará el plazo de hasta seis meses a los estados para adecuar sus legislaciones; para que, entre otros cambios, repitan el nuevo capítulo sobre responsabilidades de servidores públicos, el Tribunal de Justicia Administrativa, y creen los organismos del sistema”estatal” anticorrupción, sus comités coordinadores y sus comités de participación ciudadana. Cuando menos se lleva año y medio, si bien le va, tan sólo para la fase puramente de producción de normas legales. Aparte la implantación. Pian pianito, poco a poco porque me sofoco.