#AsuntosPúblicos: DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL

No sorprende que en Veracruz la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal, derivado de la reforma constitucional de 2008, que se define como acusatorio adversarial y se le identifica con el juicio oral y el principio de la presunción de inocencia, exhiba situaciones de retraso, carencias en infraestructura y duda sobre la capacitación del personal de las instituciones de procuración e impartición de justicia.

El caso del nuevo sistema penal es un ejemplo de la resistencia al cambio, del negligente comportamiento burocrático que aplaza hasta donde se puede las fechas de cumplimiento; pero sobretodo del predominio de las prioridades personales de los jefes, especialmente en la asignación y uso del gasto público sobre la responsabilidades institucionales.

Como se trata de una migración procesal del modelo inquisitorio en que predomine el papeleo y escaso contacto del jueves con el acusado y su defensor (ahí te ves con los escribientes y secretario) hacia otro de audiencia pública y oralidad, se concedieron ocho años a los estados de la república para adoptar el nuevo sistema. En ese lapso tendrían que cambiar su legislación, al nivel de su Constitución y su Código de Procedimientos Penales; crear los espacios adecuados para el desarrollo de los juicios con filmación y grabación de audiencias, incluyendo lugares para el público; y entrenar al personal, jueces y agentes del ministerio público en los principios y procedimientos. Igualmente capacitar abogados y difundir entre la población las características del nuevo proceso penal.

Veracruz siempre mostró grandes dificultades para adaptarse; no al nivel normativo, sino en la operación real. Es sencillo demostrar que los responsables locales de la implementación, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, dejaron casi todo para la última hora; sólo para cubrir se efectuaron las reformas legales en la constitución local a partir de 2011, aunque al final el nuevo Gobierno Federal metió un Código Único de Procedimientos Penales. Como se recuerda, desde el pasado gobierno estatal y el actual, una y otra vez, fueron postergando el inicio, hasta que no han podido eludirlo más; apenas en mayo de 2013, al quinto año del plazo, arrancaron en cuatro distritos, un programa de entrada en vigor escalonado, en el cual, de no ser por el reciente grupo que acaba de incorporarse en mayo pasado, iría como a la mitad del camino.

EL FRACASO DE LAS SALAS DE JUICIOS

Uno de los puntos más críticos, según se observa, es el de los espacios para los juicios orales. Recientemente con el nuevo paquete de juzgados que se han incorporado en varios de los distritos hubo quejas de abogados, por ejemplo en Poza Rica y en Orizaba, sobre los precarios sitios en que instalaron las ”salas de juicios orales” (parecen localitos de mercado, hasta con su cortina metálica herrumbrosa, dicen de algunos).

Ni siquiera los construyeran, sino que rentaron los inmuebles, punto que no tendría tanta importancia en principio, si fueran funcionales, que no lo son; los más criticable es el malgasto del presupuesto del Poder Judicial y de los recursos que ha tenido asignados.

Con todo, con esa cachaza que acostumbra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Alberto Sosa, está pidiendo más dinero, 100 millones de pesos, supuestamente para acondicionar 20 salas para juicios orales. No se sabe sí de las que ya deben estar operando o de las que habrán de abrirse antes de junio de 2016, fecha límite para operar al 100 por ciento el nuevo sistema.

DINERO MALGASTADO

No está demás recordarle que durante el gobierno de Fidel Herrera, Pemex hizo una aportación de cerca de 50 millones de pesos, precisamente para construir y equipar las salas de juicios. ¿En qué paró ese dinero?

Se conoció que en 2008 se erogaron 21.7 millones de pesos en el Poder Judicial, y eso porque hubo observaciones de auditoría de que el consejo de la judicatura, entonces presidido por el magistrado Reynaldo Madruga, pero controlado administrativamente, por Gladys Pérez Maldonado, representante del gobernador y exactamente a su servicio, había asignado directamente, fuera de concurso y en violación a la legalidad, obras y compras para construir y equipar 15 salas de juicios.

No se sabe en qué pararon esas obras, aunque se dice que no se usaron y se dejaron arruinar, lo cierto es que antes de pedir más dinero al estado, que obviamente procede de los contribuyentes, el actual consejo de la judicatura, que preside Sosa, tendría que dar una explicación de que hicieron con ese legado; y qué pasó con el resto de lo que aportó Pemex.

DINERO DISPENDIADO

Tampoco podría decir el magistrado Alberto Sosa que no ha tenido dinero del Poder Judicial para realizar obras de infraestructura. En su segundo año como presidente del TSJE, en 2012, no pensó en acondicionar la sala de juicios en el estado, sino en su confort personal, y en el negocio económicamente de la adjudicación de la obra, para edificar su palacio de justicia de nueve pisos, a todo lujo, aún sobre precio cercano a los 200 millones de pesos, adjudicando como se recuerda el contrato a una empresa sin experiencia, con el presupuesto más alto, cuyo propietario estaba emparentado con un entonces diputado. Retrospectivamente queda clara su prioridad personal sobre la institucional.

Por otro lado, el presupuesto del Poder Judicial ha venido creciendo este año. En el actual sexenio, se elevó de 1,350 millones de pesos en 2011 a casi 1,600 millones de pesos este año, que no se lo den completo, ahora es otro boleto. Antes tuvo y prefirió su soso palacio.

Algo han recibido directamente del Gobierno Federal para la implementación, no demasiado pero peor es nada. según la tabla de subsidios de la Secretaría Técnica para la Implementación de la Justicia Penal, de 2011 a 2014 el Gobierno del Estado recibió en total 61 millones 320 mil, y para 2015, tiene asignado 32.6 millones de pesos, a ver cuánto puede obtener, porque requieren de proyectos.

No ha sido falta de tiempo, mi falta de dinero. Y quieren más dinero, el tiempo casi se acabó.