+Columna de Eduardo Coronel Chiu, publicada en Diario AZ Xalapa y Veracruz
Zona Centro
Eduardo Coronel Chiu - 2015-06-16
Para acabar con la especulación de que podrían darse marcha atrás en el período de 2 años (2016-2018) por el que será electo por única vez el próximo gobernador del estado, ayer el mismo titular del ejecutivo, Javier Duarte, confirmó lo evidente: es irreversible.
Como era muy claro, menos para los que todavía no se resignan a un periodo recortado, el gobernador no tiene en su agenda enviar alguna iniciativa de enmienda; se le observa muy complacido, y así lo expresa, con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró improcedente la acción de inconstitucionalidad contra la reforma político-electoral del estado, misma que reconoció su validez y legalidad; además -también se advierte- tiene conciencia de que estas alturas es imposible realizarla; por el calendario electoral, los condicionamientos temporales de la constitución federal y los procedimientos constitucionales de la reforma a la del estado. Pero lo más sencillo de entender es que el gobernador no tiene motivación política para cambiar el punto del período, cuando precisamente él es el autor del controvertido ajuste, el cual se deslizó con el paquete de la homologación local de la reforma a la Constitución federal en materia político-electoral, y particularmente para la concurrencia de elecciones.
DOBLADA LA HOJA
El debate que por varios meses se generó con la mini-gobernatura y todos los argumentos que se vertieron para tratar de detenerla, como se recuerda, no fueron tomados en cuenta y la decisión política se impulsó en el Congreso. Por ello, es ocioso ante la nueva situación legal y política quedarse anclados con una discusión que hoy es obsoleta. Si algún valor tiene la declaración del Gobernador es el de cerrar un debate estéril, de esos que por mala fortuna proliferan en los medios y entre los actores políticos.
COPIAR Y PEGAR
Por otra parte, lo que si adelantó es que enviará una iniciativa de Código Electoral, el que corresponde como legislación secundaria, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de orden federal; este contiene incluso partes regulatorias para los procesos locales, así que será más bien un trabajo de copiar y pegar; así mismo, faltaría captar la legislación de partidos políticos y delitos electorales, pero con el modelo centralizador adoptado por el Congreso de la Unión, a los legisladores estatales, sometidos, se les facilita la captación.
Dicen que enviaran la iniciativa electoral en los primeros días del mes de julio; deben calcularle los tiempos; el proceso electoral 2016 inicia en el mes de octubre, y toda legislaciones electoral (federal o estatal) debe ser promulgada y publicada por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan aplicarse.
Las elecciones tanto de diputados locales (que también serán electos por dos años), como del gobernador del estado, serán el primer domingo de junio de 2016, es decir el 5 de junio. Estamos a menos de un año de esa jornada.
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Hace tiempo que se maneja la renuncia de Gerardo mudanza como Secretario General de gobierno. En su dependencia, sus mismos colaboradores difunden la especie: supuestamente, su salida sería para preparar su lanzamiento como candidato independiente para la gubernatura de dos años. Ayer el gobernador dijo que no hay nada, puro rumor, al tiempo severa, lo más probable es que sí, es buen negocio para Buganza que lo patrocinen para buscar un voto panista que no tiene, ni quien se acuerde de que fue del PAN.
Por su parte, el gobernador ratificó al subsecretario Marlon Ramírez, ha quien en los medios, responsabilizan de la derrota en Veracruz puerto y en lo que le toque de Boca del Río. Hasta ayer, estaba firme.
RECOMENDACIÓN DE LA CNDH
La brutalidad policiaca y ministerial de Veracruz quedó exhibida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) –no por la del estado, a la que no se conoce injerencia en este tema- en el vergonzoso e intimidante caso ocurrido en enero de 2014 de tres jóvenes (el cantante Gibrán y dos más) víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada e indebida procuración de justicia, según la investigación realizada por el organismo federal.
El turbio expediente que involucra cuando menos a 14 servidores públicos, siete de seguridad pública y siete de la entonces Procuraduría –según la versión de la CNDH- en una cadena de abusos, complicidades y encubrimiento, estuvo desde su origen es bajo sospecha. Nadie se trago el cuento de que los policías, aunque habían detenido a los jóvenes, luego los dejaron en libertad; y después, como si no hubiera conexión, dos de ellos aparecieron muertos en una extraña escena, en el que la policía supuestamente se habían enfrentado a delincuentes.
La CNNH constató la arbitrariedad de la acción policiaca y la falsedad de las actuaciones; la detención arbitraria en Xalapa de los tres jóvenes, los policías se introdujeron fuera de la legalidad al domicilio, donde se les detuvo, se le privó ilegalmente de su libertad (hay evidencia de que estuvieron en la Academia de Policía y de que desde ahí se usaron sus teléfonos celulares), la desaparición forzada (no hay evidencia de que los pusieron en libertad) y no hay explicación lógica de cómo aparecieron muertos en un paraje en la carretera Córdoba. La vinculación los hace responsables de las muertes. Tampoco cuadran los peritajes que simularon hacer en el Ministerio Público, al igual que se considera omisa la averiguación del Ministerio Público –incluida la falta de localización del tercer desaparecido- y su precipitación para enviarla a la reserva, o sea al archivo.
Las recomendaciones de la CNDH piden se instruya una investigación eficaz y eficiente para establecer la verdad de los hechos y sé procure el acceso a la justicia, así como se presente la denuncia de hechos ante el Ministerio Público por las irregularidades cometidas por 14 servidores públicos, aparte de promover las responsabilidades administrativas que haya lugar.
Al respecto ayer el gobernador dijo que ya había aceptado la recomendación y que “los policías estaban detenidos”. Muy grave el abuso policiaco ministerial, cualquiera pudo haber sido, cualquiera puede ser víctima. ¿y la responsabilidad de los jefes?, ¿o que las complicidades y el encubrimiento sólo se dio a nivel de tropa?