#AsuntosPúblicos: EL (MAL) ARREGLO DEL TÚNEL SUMERGIDO

En apariencia es una solución cambiar de concesionario para concluir el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, reemplazar al grupo original contratado por la española FCC, con la que el Gobierno del Estado sostiene un paquete litigioso, por el Grupo Carso, de Carlos Slim, a fin de que, sin aportación adicional del estado, se reanude y termine la encarecida obra, adjudicada hace 11 años y que debía entregarse en septiembre de 2007. La cuestión es ¿a qué costo el arreglo?

La información difundida por Tomás Ruiz, secretario de Infraestructura y Obras Públicas ( SIOP) del Gobierno del Estado desde hace un par de días apenas adelantan algunos puntos del acuerdo, insuficientes para hacer una evaluación. aparte de los mencionados de la situación de concesionario, señaló la extensión del plazo de la concesión para explotar comercialmente la vía de comunicación durante 45 años, lo que significa 15 más del plazo original y 7 respecto de una de las dos modificaciones que sin facultades legales hizo el gobierno anterior. Es evidente que la extensión del plazo implican la oportunidad de obtener ingresos durante más tiempo, es decir, prolongar el negocio.

Por ello, el beneficio del arreglo no queda tan claro cuando se valúa la historia de la concesión y la obra. No hay nada que celebrar del acuerdo, si se revisen los costos originales, los sucesivos cambios arbitrarios de condiciones, las aportaciones realizadas por el Gobierno del Estado y las entidades públicas, las demoras e incumplimientos, simulación de obra, elevación de costos y sobreprecios, con el sabido daño patrimonial causado al estado de Veracruz, del que se deducen las presunciones de ineficiencia y corrupción de funcionarios de gobierno y empresarios constructores. Con todo lo quien le ha puesto el Gobierno del Estado, la raquítica inversión privada, y todas las irregularidades y abusos, no se justificaría la generosa extensión del tiempo de ganancia a la concesionaria, así sea Carlos Slim.

EL LITIGIO Y EL DESTAPE DE LA CLOACA

Como se recuerda, la construcción del Túnel bajo el río Coatzacoalcos para conectarlo con la congregación de Allende, a fin de desahogar el puente Coatzacoalcos 1 como ruta al sureste, se concesionó por 30 años a un grupo de empresas contratadas por la constructora española FCC, en 2004, afines del gobierno de Miguel Alemán, y entraría en operación en 2007, tres años después,.

El gobierno de Fidel Herrera modificó en dos ocasiones las concesiones, amplios plazos de entrega y modificó los componentes de las aportaciones públicas y privadas, en desventaja para el gobierno del Estado. El último plazo de entrega venció en noviembre de 2012.

El monto de la obra se elevó de 2 mil 66 millones a 4 mil 913 millones de pesos; en el esquema original el gobierno del estado aportaría 410 millones de pesos y el año pasado había aportado 2 mil 326 millones. La empresa privada aplico menos de 400 millones de pesos pero recibió créditos garantizados con los ingresos del puente Coatzacoalcos 1.

El conflicto con la concesionaria FCC hace dos años, cuando se paró la obra y se dieron las denuncias y contra demandas, destapó la corruptelas en la construcción, aunque desde antes, la Auditoría Superior de la Federación (debido a que hay en la obra fondos federales). Se recuerda que el entonces titular de la SIOP, Gerardo Buganza, hasta fue a rendir un informe al Congreso del Estado, en el que reveló las irregularidades de los ex funcionarios –los ex secretario de Comunicaciones e incluso del ex gobernador Fidel Herrera- que modificaron el título de la concesión para prorrogar los plazos de entrega y la proporción de las aportaciones, así como los actos fraudulentos de la concesionaria; hubo por ellos denuncias penales que nunca se integraron y de las que ahora tampoco se dicen nada. Tampoco de las acciones del Orfis que por dos años consecutivos a imputado dañó patrimonial por casi 500 millones de pesos al fideicomiso que administra los ingresos del puente Coatzacoalcos 1 y la Construcción del Túnel.

EL GIRO SLIM

El año pasado, uno de los directivos nacionales FCC declaró en medios que ya habían llegado a un arreglo con el Gobierno del Estado, el cual esbozó, implicaba reanudar la obra a cambio de compartir, el estado y concesionaria, las alzas de costo y extender a 40 años la concesión, ¡se conformaban con tres años más?, no 8 que la quieren otorgar a Slim. 15 adicionales si se toma en cuenta que fue ilegal la extensión previa.

Por cierto que el magnate mexicano (libanés) es desde el año pasado el accionista mayoritario FCC, sin embargo, no sería, según lo que ha dicho Tomás Ruiz, a través de la empresa española que se reanudaría la obra, sino con Carson, lo que significa una situación de concesionario, además de la extensión del periodo de explotación; por ello es que también se ha dicho que el cambio en el título de la concesión se enviará a la aprobación (incondicional) del Congreso local. A ver si en ese foro se rinden cuentas claras, se duda. Parece un caso que practica el aforismo leguleyo de que más vale un mal arreglo que un buen pleito; lástima que el mal arreglaba con cargo al patrimonio del estado, la impunidad de todos, públicos y privados, los que a lo largo de 11 años se han beneficiado con la corrupción en el túnel, fideicomiso y concesión.

YUCANDIDATO

Al entregarse a Carlos Slim, en el borrón y cuenta nueva que significa soslayar la corrupción, hacer la vista gorda, todavía Tomás Ruiz siente que hizo méritos para aspirar a ser gobernador de dos años, el año entrante. ¿Quién lo postularía?, ¿El Panal, partido de Elba Ester Gordillo, del que fue presidente?, ¿el PRI (del que desertó de la mano de la maestra), saturado hoy de aspirantes a la de dos?, ¿o candidato independiente?, como ahora, viendo el modelo Bronco, cualquiera cree que puede. Con la entrega del Túnel, quizás Tomás encontró una vía de financiamiento; la extensión seria compensada (¿qué no lo tocaran ya?). Extraño destape, pues cualquiera sabe de la antipatía de Tomás; no le da para ganar una sola casilla. ¡Que vacilada!