#AsuntosPúblicos: INFORME DE DEUDA PÚBLICA

Los que esperaban una mayor transparencia y apertura de la información contable de estados y municipios a partir de las reformas constitucionales en materia de disciplina financiera, publicadas a finales del mes pasado, tendrán que esperar otro momento.

Ya se conoció el criterio que adoptaron los órganos de fiscalización en el país, agrupados en la Asofis, en el que participa la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para dar cumplimiento a uno de los transitorios de la citada reforma, y lo que harán no pasa de ser una actuación, limitada a la información que ya existe en los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El mencionado artículo transitorio prevé que “las legislaturas de los estados realizarán y publicarán por medio de sus entes fiscalizadores, una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público, con independencia del origen de los recursos afectados como garantía, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto”. En la interpretación del alcance, aunque referida en el texto al conjunto de obligaciones, quedó acotada a ”La deuda pública y/u obligaciones con garantía, esto es los compromisos financieros respaldados con recursos públicos federales o locales”. Además incluye a entidades paraestatales y paramunicipales. El corte de la información es al 27 de mayo, y para ello, los órganos fiscalizadores, aquí lo hará el Orfis, requerirán a los entes públicos la información relativa a tipo de obligación, tasa de interés, plazo, tipo de garantía, fecha de contratación importe garantizado e importe pagado.

Ayer en el Congreso local se aprobó el punto de acuerdo para instruir al Orfis comience la auditoría de deuda pública del sector público del estado.

No habrá novedades, la información será muy parecida a la que presentan en las cuentas públicas y deberá coincidir ya con los registros de la SHCP, ya que en ésta se inscriben, entre otras razones por que lo exige el sistema financiero para asegurar su pago con garantías de participaciones. El hoyo de los pasivos, los adeudos a proveedores, constructoras, prestadores de servicios y transferencias no efectuadas, comisiones de pago, etc., todo lo que en realidad se debe seguirá escondido… por otro rato.

Falta ver cuál es el criterio de la SHCP y si coincide con las Asofis. Las entidades federativas y municipios deben enviar al ejecutivo federal y al Congreso de La Unión un informe sobre todo los empréstitos y obligaciones de pago vigente a la entrada en vigor del decreto, un plazo de 60 días naturales, conforme los señalamientos que aquel emita. Si reducen las obligaciones de pago a lo garantizado, tampoco llegarán al fondo del estado de las finanzas locales.

HALCONES, IMPUNES

El Halconazo o Arturazo en Veracruz, la brutal violencia de un grupo emboscado de corte paramilitar o parapoliciaco en contra de ocho estudiantes de la UV, perpetrado en el allanado domicilio de estos en Xalapa, el pasado 5 de junio, sigue dando de qué hablar.

La omisión de justicia de la Fiscalía del Estado, no hay ningún detenido por la agresión, ni esclarecimiento de motivos, provoca que la propuesta de universitarios busque causes para hacerse más visible. Luego de una marcha en la ciudad, los recibió la rectora Sara Ladrón de Guevara, pero la solidaridad derivó en discursos generales de condena a la violencia en el espacio universitario y pronunciamientos sobre las libertares de pensamiento y expresión respetuosa y plural, y hasta un evento académico acerca de la violencia, es decir, filosofía. Pero en paralelo, el activismo crece. Un grupo de los lesionados anduvo tras foros en la capital del país, el tema lo recogió un partido político y lo presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como punto de acuerdo, la condena y petición de informes al fiscal del estado, Luis Ángel Bravo. También ayer se publicó una carta abierta sobre el tema con 7 mil firmas de universitarios en un diario de la Ciudad de México. Con la reseña y el estado de impunidad que prevalece.

La fuerza civil sin estado de derecho es (ci) vil fuerza.

TÚNEL A LA CARTA

Hoy que comparece al congreso Tomás Ruiz para explicar el acuerdo para reanudar y concluir la manoseada y controvertida, demora y encarecida construcción del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, no esperamos verlo como representante de los intereses públicos de Veracruz. Por el adelanto que hizo de las nuevas condiciones que proponen –sustituir al concesionario, ampliar la concesión a 45 años y darle borrón al turbio pasado-, parece más acudir como empleado de la empresa privada beneficiaria del contubernio con los servidores públicos; va al Congreso como empleado de Carlos Slim, el dueño de Carso y accionista mayoritario de FCC, la empresa española que controla el agrupamiento de la concesión; es Tomás de Sanborns, pero podría ser por tu talente, de Sangrons.

Habrá que valuar la información que presente. Que explique las cláusulas y entregué copia del modelo de las modificaciones al título de concesión. Informe a detalle las aportaciones actualizadas del Gobierno del Estado y el esquema de financiamiento, hasta ahora, y el proyectado, el costo inicial y el total de la obra, para verificar la proporción de lo que cada parte pulso y la equidad de cómo se quieren repartir.

Además se debe explicar qué pasará con las modificaciones ilegales y desventajosas al estado, y favorables a la concesionaria que se han hecho, cuál es el estado del juicio o juicios, así como el estados que guardan las denuncias contra ex servidores públicos y funcionarios de la concesionaria. Tendría que demostrar, con argumentos y cifras, que la propuesta es realmente ventajosa a los intereses del estado. Por lo que se debe de las aportaciones hechas por las partes, es para que dejaran fuera a la concesionaria y el estado se hiciera cargo y beneficiario principal o único de la explotación del túnel. Quieren presentarlo como si Slim nos hiciera un favor.

De cuándo acá Slim resultó una hermana de la carita, y Tomás un servidor público que no lucra con el cargo.

Todo indica que no es más que el show, y si acaso, tolerar cierto desfogue de alguna oposición, si no es que ya la cooptaron (hay gran dinero en juego), y preparar la aprobación del sumiso Congreso a las nuevas condiciones del título de concesión.