#AsuntosPúblicos: FUGAZ ESPECTÁCULO

El show de los procesados del Gobierno del Estado, únicamente por faltas administrativas, de mucho menor importancia de lo que se esperaría para construir una imagen de rendición de cuentas y castigó a la corrupción, pasa del golpe efectista inmediato, un par de días, no tardará en decaer en el interés y pasar en la cartelera pública.

Para el ceremonial de la piedra del sacrificio, no trae gran cosa el tema. La exhibición del listado de los 14 funcionarios y ex funcionarios, ayer expuesta por el contralor Ricardo García Guzmán, con la enumeración de las infracciones a la Ley de Responsabilidades en que incurrieron supuestamente por negligencia, que provocaron la denuncias hechas en la PGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), queda muy por debajo de las expectativas.

La voluntad de castigo no es mucha. En principio, se decidió que la acción del estado se limitará al ámbito de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, es decir, sólo administrativas, no penal, incluyendo además selectivamente a posibles implicados, para concentrarse en el pequeño grupo marcado. Entre ellos, se destacan dos: el ex contralor y ex secretario de finanzas, Mauricio Audirac Murillo y el subsecretario de Egresos Carlos Aguirre. El resto son ex contralores internos de las áreas más observaras (SEV, Sefiplan y Salud) y ex cuadros de dirección de la Contraloría del estado.

No resulta creíble que este grupo, en algún momento parte de los responsables del control de operaciones de fondos federales y de la solventación de observaciones de la ASF, no hubieran informado a sus superiores jerárquicos cuando las fondos federales eran recurrentes; tomar dinero de los fondos federales para financiar la operación gubernamental e ir tapando parcialmente los faltantes con los nuevos recursos, abriendo otros huecos, ha sido el modo normal de funcionamiento deficitarios de las finanzas estatales desde hace bastante tiempo.

DEBILIDADES DE PROCEDIMIENTO

Pero por otro lado, se tienen dudas en la aplicación de sanciones; cuáles serán y para quién, e incluso si podrán hacerse efectivas. Los dos principales señalados, Audirac y Carlos Aguirre, han pertenecido al grupo interior; son de los que han visto las entrañas de la operación financiera: licuadora, maletas y comprobaciones; el primero desde el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en el período de Fidel Herrera, y en el actual gobierno como Contralor y al final efímero secretario de Finanzas; el segundo, Tesorero de la Secretaría de Finanzas en la pasada administración, y en la de Duarte Subsecretario de Egresos y hasta encargado de la Secretaría por algún tiempo. No se ve ahora hasta dónde pretenden llegar con ellos, salvo que no les amaguen con el verdadero fuerte, el de una acción penal. En la trama, son de los que saben demasiado, así que se irían con tiempo, para que no des cobijen.

Por otro lado, la vía escogida, el procedimiento disciplinario sancionador administrativo, condiciona alcances y tiempos. El rango de sanciones va desde lo más leve, insignificante y risible –amonestaciones privada o pública- A la suspensión, destitución del puesto (no aplicable para la mayoría, que no está en activo, la sanción económica, cuando se haya causado daño patrimonial, que aquí no se les importa, hasta la inhabilitación –la que puede ser de seis meses a 10 años- que tampoco se cree vaya a darse, ya que la ley también la condiciona a la existencia de lucro o daño patrimonial.

Iniciar este procedimiento a estas alturas suena desfasado. Tiene todas las formalidades del debido proceso y no pocas instancias, aparte del trámite interno de dos instancias, un juicio contencioso administrativo y su secuela en el Tribunal Superior y hasta el juicio de amparo. Si alguno de los imputados se involucra en el juicio, verá primero salir a los actuales funcionarios antes de que este concluya en sentencia definitiva.

INEFICAZ ACUSADOR

Hay también que considerar la ineficacia de los operadores de la acción pseudo punitiva. Ricardo García Guzmán tiene sólo precedentes de derrotas jurídicas; en el gobierno de Miguel Alemán (1998-2004) en el que ocupo el mismo cargo de contralor; igualmente por consigna y espectáculo acusó a varios de sus compañeros de gabinete; lo hizo entonces por la vía penal: dirigió flamígero dedo como ahora contra un director del CEM, Juan Gerardo Neme Kuri, un coordinador de Comunicación Social, Sabás Huesca Rebolledo, y un director del Instituto de Desarrollo Regional del Estado (Idere), Salomón Orta, todos pisaron la cárcel, acusados por el contralor, quien en el proceso no pudo demostrar la culpabilidad. Todos salieron exonerados por la justicia Federal.

Por eso, el show parece puro humo. Echarse agua en la cara para intentar verse limpios.

No se sabe si le consultan o no al gobernador, pareciera que se lo están saltando; ¿o se permite espionaje y amenazas a los que han sido sus aliados?