#AsuntosPúblicos: OJOS BIEN CERRADOS

Aunque es sabida la inexistencia práctica de la división de poderes en Veracruz, hecho acentuado en la actual legislatura de hipermayoría del PRI y sus aliados, subordinada al poder ejecutivo del mismo partido político, la ausencia de contrapeso se extraño ayer para vigilar el interés público del estado, el cumplimiento de criterios de rendición de cuentas, transparencia y legalidad.

Como agencia de trámite protocolario, sumisa al Ejecutivo, ayer las bancadas mayoritearon las aprobaciones de los asuntos enviados; el decreto para modificar la concesión al Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, la manga anchas para llegar a un mal arreglo, sin cuentas claras de las aportaciones efectuadas, y extendiendo al máximo el plazo para usufructuar la explotación, 45 años, ahora que el empresario Carlos Slim entro al quite, con tal de terminar la demora, encarecida y manoseada obra dentro de un año; eso dicen.

Y el nombramiento del primero de la terna propuesta por el Gobernador para consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), José Rubén Mendoza Hernández, sin molestarse siquiera en verificar el cumplimiento de requisitos de ley; de haberlo hecho, habrían encontrado que era inelegible, ya que esta persona es Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI.

El túnel

El decreto aprobado por el congreso (en votación presumida como elección o partido de fútbol, ”por mayoría superior al 2 a 1”) contiene gran parte de lo que ya había adelantado la semana anterior Tomás Ruiz, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas en su comparecencia con diputados.

No se aprobó una nueva concesión, sino se autorizó al gobernador a que ” renegocie y modifique el título de concesión otorgado el 22 de septiembre de 2004 a favor de la concesionaria Túnel de Coatzacoalcos (Cotuco), como se sabe controlada por la española FCC, de la que Carlos Slim, Carso, es ahora el primer accionista.

La oferta de terminación de la obra, sin que el gobierno aporte más, no es en realidad ninguna ventaja. La principal fuente de financiamiento ha sido pública, el gobierno del estado, la federación y créditos garantizados con ingresos públicos, y no de la concesionaria. De los casi 5 mil millones invertidos, los recursos públicos suman 3 mil 594 millones (73.2%), los créditos con garantía de ingresos públicos 929 millones (18.9%), mientras que la concesionaria sólo ha aportado 389 millones de pesos, el 7.9% de la inversión. Esto, según las cifras que dio el año pasado Gerardo Buganza, entonces titular de la SIOP. Si para terminar la obra sólo falta una inversión de 500 millones de pesos, si fue equivalente al daño patrimonial causado al fideicomiso del Túnel el 2012 y 2013, no convence pretender que el acuerdo es el gran salvamento y que se justifica el borrón y la cuenta nueva, concediendo además 8 años más a la concesión sobre los 37 ya otorgados.

En la nueva temporada del Túnel se ha omitido las cuentas y las proyecciones, al igual que el estado de los juicios pendientes y las denuncias; no hay en el decreto ni siquiera la indicación al Ejecutivo de que informe al Congreso los términos concretos y las proyecciones financieras en que se celebre las modificaciones que ayer le autorizaron.

De la antología de poesía burocrática ¿involuntaria? de Comunicación Social, “El túnel sumergido, ve la luz, al ser aprobada la nueva concesión”. Los que van a ver la luz del túnel son es Slim, Tomás y otros más.

El botín

Lo que de plano es penoso es el tratamiento de la selección y nombramiento del consejero del IVAI, el que sustituirá a José Luis Bueno Bello en los primeros días de julio. Vaya ocurrencia de proponer a un dirigente de partido político, casualmente del PRI (¿le informaron al gobernador que era improcedente su propuesta?) como si fuera el órgano garante de la transparencia un botín de partido, en premio al Secretario de la Acción Electoral lo hacemos consejeros del IVAI. El vicio del nombramiento es evidente. El artículo 41, fracción VI, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, de los requisitos para ser consejero: “No haber sido ministro de culto religioso ni dirigente de partido o asociación política, cuando menos 5 años antes de su designación”.

José Rubén Mendoza Hernández es un dirigente de partido político en tanto secretario de Acción Electoral. Este rango se aplica no sólo a quienes ostentan el cargo máximo en un partido político, sino a los integrantes de sus cuerpos directivos. Los estatus del PRI, incluso, así lo declaran. El artículo 23, fracción IV, reconoce como dirigente a los integrantes de los órganos de dirección ejecutivos, la fracción XI del artículo 64 incluye a los Comités Directivos Estatales, y el 121, fracción IV, especificar a la Secretaría de Acción Electoral.

A contracorriente de las políticas nacionales de autonomía y profesionalismo en los órganos garantes de la transparencia, en Veracruz aún se le pretende tomar como cuotas de partido; sin menor pulcritud de procedimiento legal imponen a un incondicional de Gabriel Deantes, uno de los operadores de elecciones del gobierno, exonerado, por cierto, del evidente enriquecimiento. Por ahora.

No observaron la ilegalidad en el Congreso, dispensaron todo trámite por ser urgente resolución. Y a votar se ha dicho.

Sube y baja

En cambio a Marlon Ramírez le tocó castigo electoral; cuadró en el retrato hablado de los enanos que hicieron perder a la candidata del PRI en Veracruz, los que se pegaron el tiro en la pierna. Salió de la Subsecretaría de Gobierno, a la que llegó Genaro Mejía, ex diputado federal por Tantoyuca y ex subsecretario de la Sedarpa; personaje identificado con Erick Lagos. Marlon fue desplazado a la Secretaría de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI: en el corrimiento, Raúl Zarrabal se alojó en la Secretaría Técnica del Consejo Político Estatal del PRI.

En la Sefiplan renunció al cargo de subsecretario de Egresos, Carlos Aguirre, para enfrentar el ñoño procedimiento disciplinario, quedó como encargado su director de contabilidad, Jorge Jaramillo.